Opinión
Protección de los Consumidores: Hasta el Infinito y más allá....
Por Patricia Castillo
La protección de los consumidores y usuarios ha llegado para quedarse y avanzar. Avanzar mucho. Casi hasta el infinito. Y podríamos decir que incluso más allá...

La aprobación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, supuso un gran paso adelante en la defensa y protección de todas aquellas personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, pero también las jurídicas que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

En los últimos años, los consumidores y usuarios han sido parte de muchos de los procedimientos en los que han recaído las más sonadas Sentencias del Tribunal Supremo. Sobre todo, en lo relativo a las cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores en el ámbito bancario.

Así, fueron declaradas abusivas y, por lo tanto, nulas, por nuestro más Alto Tribunal, la denominada Cláusula Suelo (Sentencia TS de fecha de 9 de mayo de 2013); más tarde se determinó, igualmente , nula la Cláusula que imponía la totalidad de los gastos derivados de la constitución de la Hipoteca al consumidor, determinándose que el consumidor se haría cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en su totalidad y la mitad de los Gastos Notariales, mientras que los Gastos de Tasación, Registro de la Propiedad y gestoría serían por cuenta del Banco (Sentencia TS de fecha de 24 de julio de 2020)

Igualmente, han sido declaradas nulas las Cláusulas que tomaban como base, para el cálculo de intereses, el IRPH, el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de fecha de 3 de marzo de 2020; Sentencia TS de fecha de 21 de octubre de 2020) y las denominadas Hipotecas multidivisa (Sentencia TS de fecha de 20 de abril de 2021)

Pero no solo en el ámbito del Derecho bancario se ha mantenido constante la defensa de los consumidores y usuarios. También, por ejemplo, en lo relativo a las inclusiones en Ficheros de Morosos, el Supremo ha venido a proteger a los consumidores determinando la necesidad de acreditar la efectiva recepción del requerimiento de pago previo a la inclusión como requisito indispensable para que la misma pueda ser considerada legitima (Sentencia TS de fecha de 11 de diciembre de 2020)

Pero esta protección no puede llevarse al extremo. A provocar situaciones injustas.

Siempre recuerdo la llamada de una compañera y amiga, integrante de la Asesoría Jurídica de una multinacional, diciéndome ha llegado una demanda de las que nos gustan... y ese que nos gustan significaba la reclamación de alguna empresa o particular que, interpretando de manera torticera esa necesaria protección de los consumidores, la utilizaba para obtener un enriquecimiento claramente injusto, aprovechándose de ella.

En el medio esta la virtud. Y la defensa de los consumidores debe efectuarse de manera ordenada y sobre todo legitima.

Y en pro de esa legitimidad, el Tribunal Supremo sigue avanzando.

Esta vez en su recientísima sentencia de fecha de 13 de abril de 2021, en la que ha considerado que una comunidad de propietarios puede asimilarse a la figura del consumidor, debiendo serle de aplicación la normativa más protectora que se aplica a la figura de los consumidores.

Hasta esta resolución, el Tribunal Supremo había considerado que la comunidad de propietarios es objeto de consideración unitaria a determinados efectos legales, como consecuencia de la existencia de un patrimonio separado colectivo, aunque carecen de personalidad jurídica independiente (Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha de 14 de junio de 1999). Esto es, se le reconocía cierto grado de personalidad, a determinados efectos, a dichas comunidades, que incluye también la capacidad procesal para demandar y ser demandada.

La Sentencia de 13 de abril de 2021, por el contrario, entiende que una comunidad de propietarios es asimilable a un consumidor, al tratarse, como indicábamos al inicio, de entidad sin personalidad jurídica cuando actúan sin ánimo de lucro y al margen de una actividad comercial o empresarial (artículo 3 de la Ley General de defensa de consumidores y usuarios)

La Sentencia de nuestro Tribunal Supremo basa su decisión en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha de 2 de abril de 2020 en la que si bien se define que la comunidad de propietarios italiana no es una persona física, sí que se reconoce que mientras el legislador de la Unión no intervenga al respecto, los Estados miembros mantienen su libertad de regular el régimen jurídico de la comunidad de propietarios en sus ordenamientos jurídicos nacionales respectivos, calificándola o no como persona jurídica.

La sentencia del TJUE fundamenta su conclusión en que, aunque un sujeto de Derecho como el condominio en Derecho italiano no está comprendido en el concepto de "consumidor" en el de la Directiva sobre cláusulas abusivas, la 93/13 de 5 de abril, los Estados miembros pueden aplicar disposiciones de esa Directiva a sectores no incluidos en su ámbito de aplicación, siempre que esa interpretación por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales garantice un nivel de protección más elevado a los consumidores y no contravenga las disposiciones de los Tratados.

Aumentamos, por tanto, el ámbito subjetivo de la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios.

Engordamos el concepto. Crecemos. Y creen, queridos lectores, ante este panorama, ¿que la protección al consumidor avanza a pasos agigantados? Yo creo que sí. Es más, creo que avanzará más. Hasta el infinito y más allá...

Estoy segura de que antes de lo que creen, estaré contándoles novedades :) 

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