Opinión
La "vuelta a la LOMLOE" sin la "vuelta al cole"
Por Marta Martín Llaguno
Entre el 4 y el 15 de septiembre debería comenzar el curso escolar

Mientras las Comunidades Autónomas y los directores de centros se apuran para afrontar este difícil reto, padres, alumnos y docentes cada día tenemos más incertidumbres. Nadie entiende que, dependiendo de dónde enseñes o aprendas, haya (o no) que llevar mascarilla, firmar una declaración de responsabilidad, acudir presencial (o virtualmente) a clase....

Un viejo refrán es el mejor eslogan para la vuelta al cole en esta nueva normalidad: "para gustos, los colores". Ante un "sálvese quien pueda", con enormes diferencias de medidas entre territorios (incluso entre centros), se está generando una profunda inseguridad y un gran malestar.

La semana pasada, a las quejas de algunos padres y profesores (por ejemplo las del sindicato ANPE), se unía también el reproche al Gobierno del sindicato de inspectores (USIE). Ante su "falta de realismo y de compromiso con la educación" y su "carencia de liderazgo", este colectivo acusaba a la Ministra de no "tomar decisiones relevantes y concretas ni de ser capaz de coordinar las políticas educativas territoriales". Coincido con su visión.

Una cosa es respetar la distribución competencial y la autonomía de centros, y otra, "largar el marrón" a Comunidades Autónomas, directores, maestros y padres.

En España, las competencias educativas están compartidas. Cito textualmente el artículo 149 de la Constitución: "/El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias/ (30.ª) Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia".

Por tanto, el Ministerio de Educación tiene atribuidas dos importantes funciones: expedir los títulos (por tanto, debe garantizar las condiciones de igualdad para su obtención) y velar por el cumplimiento del artículo 27 (que reconoce el derecho a la educación) con, entre otros, mecanismos como la Alta Inspección.

Pero más allá de estas funciones, en estas circunstancias, el Ministerio, que dispone de estructuras como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa o el CiDEAD (Centro Integrado de enseñanzas regladas a distancia), y que tiene la capacidad de impulsar Planes de Cooperación Territorial, por ejemplo para refuerzos docentes, tendría que ejercer una función de liderazgo que no ha ejercido. En cuatro palabras, hablado de educación: en la asignatura de la crisis educativa del COVID, el Gobierno ha suspendido. Y, hasta la fecha, visto lo visto, no parece progresar adecuadamente.

Han pasado siete meses desde que se decretó el Estado de Alarma. En este tiempo, más allá de sacar unas recomendaciones y orientaciones genéricas, el Ministerio ha pedido a las Comunidades Autónomas que reclamen a los centros unos "planes de contingencia". Planes que ni siquiera en muchos sitios han sido visados por Unidades de Prevención de Riesgo Laboral. Por lo demás, básicamente se ha optado por la máxima de que "cada uno sobreviva como pueda y que se busque la vida".

El 13 de abril, desde Ciudadanos ya instamos al Gobierno -en una Proposición no de Ley- a que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, publicara unos criterios básicos para orientar a los docentes en la evaluación. También pedimos que encargara un análisis exhaustivo sobre el impacto de la crisis educativa (con especial atención a la brecha digital) para establecer medidas para la vuelta al colegio basadas en evidencias. La Ministra se comprometió a crear un grupo de expertos para evaluar la situación. Todavía estoy esperando sus conclusiones y propuestas.

Desde entonces hemos registrado preguntas parlamentarias sobre cómo se estaba coordinando la vuelta al colegio en muchos frentes; el sanitario, el tecnológico, el pedagógico... Las respuestas que hemos obtenido no dan soluciones claras.

La semana pasada, Celaá anunciaba que el próximo día 27 (a menos de una semana del comienzo de las clases) convocará la Conferencia Sectorial para preparar el comienzo de curso. Es tarde, muy tarde, tardísimo... Pero algo se podría enmendar.

A mi juicio, en esta Conferencia, tendrían que abordarse, al menos, tres cuestiones.

En primer lugar, qué protocolos se pueden unificar para todo el territorio con base en criterios científicos. Y aquí entran, desde medidas básicas higiénicas mínimas en los centros, hasta cómo actuar en varios escenarios. El primero, el de la "nueva normalidad". ¿Qué niños y a qué clases deben volver y en qué condiciones?. El segundo, el de "la aparición de contagios". ¿Cómo proceden maestros, directores, inspectores, padres y Comunidades Autónomas en este caso? El tercero, el "del confinamiento total o parcial". ¿Cómo vamos a arbitrar un sistema de educación remota de emergencia que sea de calidad? ¿Cuáles son las mejores soluciones?

El segundo punto que debería discutirse en la Conferencia sectorial es cómo mejorar los protocolos e incrementar algunas medidas necesarias. Por ejemplo, no tenemos un panorama conjunto ni de la "brecha digital" ni de la "brecha educativa o de conocimientos" entre alumnos, maestros y familias. No hemos cuantificado las pérdidas educativas en muchos niños por distintas circunstancias el curso pasado. ¿Cómo se pueden compensar? El Ministerio no sólo debiera orientar a las Comunidades Autónomas, y dotarlas de presupuestos finalistas para abordar estas cuestiones, sino que también tendría por ejemplo que establecer repositorios de mejores prácticas accesibles a todos o que impulsar Programas de Cooperación territorial adicionales.

La tercera cuestión, no menos importante, es qué normas nuevas se pueden y se tienen que arbitrar. Se van a necesitar desarrollos legislativos urgentes, por ejemplo, para homogeneizar las adaptaciones curriculares a esta situación sobrevenida o para dar respuesta a los niños con necesidades de atención educativa específica. Hay otras cuestiones conexas, pero muy importantes. Por ejemplo, cómo coordinar las medidas educativas con las laborales de los papás y mamás (dependientes del Ministerio de Trabajo) si los niños no pueden asistir a clases.

Lo que está claro es que el único debate educativo actual debería ser el de "la respuesta a la crisis del COVID". Resulta incomprensible que hayamos sido capaces de coordinar medidas como la prohibición de fumar en todo el territorio nacional y que el Ministerio de Educación sea incapaz de articular y coordinar normas básicas, sensatas y comunes para los centros de estudio en toda España.

Pero lo que realmente resulta kafkiano es que el Gobierno se "declare incompetente" para ordenar la vuelta al colegio y que, al mismo tiempo, en estas condiciones, pretenda tramitar toda la reforma educativa de la LOMLOE en el Congreso.

Porque se da la paradoja de que el 2 de septiembre, mientras las aulas siguen cerradas, los diputados tendremos que tramitar las enmiendas parciales de una nueva ley, sectaria y no consensuada, que no se sabe ni en qué condiciones, ni cuándo se va a poder implantar. 

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