Opinión
La LOMLOE: una ley que nace muerta
Por Marta Martín Llaguno
Entre el 11 y 13 de marzo todos los centros educativos en España se clausuraron para evitar la propagación del Covid-19. A día de hoy, no sabemos cuándo van a volver a abrir.

Desde hace cuatro meses, maestros, padres, estudiantes incluso algunos políticos nos preguntamos en primer lugar, cómo se ha respondido ante esta situación en términos de calidad y equidad educativa y cómo ambas se pueden mejorar. En segundo lugar, nos preocupan qué implicaciones ha tenido, tiene y tendrá esta crisis sobre el aprendizaje de nuestros niños y qué debemos hacer para que los efectos nocivos sean mínimos. En tercer lugar, queremos saber qué va ocurrir cuando los centros vuelvan a abrir y cómo van a hacerlo.

Mientras la mayoría de los mortales estamos en estas cuestiones, el Gobierno, que, si no vive en otra dimensón, lo disimula muy bien, ha traído al Pleno del Congreso la LOMLOE, la llamada "Ley Celaá", con grandes sesgos ideológicos y un profundo sentido de la inoportunidad. Imponer una reforma estructural de calado sin ningún tipo de consenso, en una situación, no ya de estado de alarma, sino de estado de emergencia educativa es, como mínimo, una dolosa falta de empatía. Hacerlo con un texto rodillo y sectario y que, además, técnicamente es chapucero supone una grave irresponsabilidad.

La Ley Celaa nace muerta, por su forma y por su fondo. Todo hace prever que será derogada en cuanto cambie el color político del Gobierno, algo que no es siquiera noticia

La reforma Celaá nace muerta, por su forma y su fondo. Todo hace prever que será derogada en cuanto cambie el color político del Gobierno de la Nación, algo que no es ni siquiera noticia. Esta será nada menos que la octava ley educativa desde que España recuperara la democracia en 1978. Con su actitud y con su mala propuesta, el Gobierno vuelve a dinamitar la posibilidad una reforma integral, necesaria y que debe dar estabilidad.

Celaá planteó su proyecto hace más de dos años y apenas dejó diez días para su exposición pública. La ley no ha pasado en esta legislatura los trámites preceptivos para iniciar su negociación como debería: ni el del Consejo Escolar del Estado ni el de la Conferencia Sectorial. No lo ha hecho. Lo hizo en un periodo anterior, con un gobierno y unas instituciones distintas y en unas circunstancias muy diferentes. Lo que no tiene ningún sentido es que se siga adelante con una norma así en medio de una pandemia global que además de decenas de miles de vida nos ha costado un socavón enorme en nuestro sistema educativo. No es el momento de este debate, pero desde Ciudadanos tampoco vamos a dejar de desmontar ni denunciar los errores inadmisibles de esta ley.

Y es que al margen de la cuestión formal, la reforma Celaá aporta pocas soluciones y genera muchos problemas. El texto vuelve a hacer las delicias del nacionalismo y deja en manos de las CCAA el porcentaje de horas que deberán estudiarse en castellano. Con relación al acceso a la Educación Infantil 0-3 años el proyecto no se compromete en nada concreto. 

La Ley obvia el importante papel del profesorado y se centra en dividir a pública y concertada en lugar de conectarlas para que puedan colaborar

La ley tampoco refuerza suficientemente las competencias fundamentales ni plantea una necesaria mejora curricular. Obvia el importante papel del profesorado y se centra en dividir a pública y concertada en lugar de conectarlas para que puedan colaborar. Una cuestión esencial es la ambigüedad con la que aborda las necesidades específicas de atención educativa o la educación especial, sumiendo a las familias en la intranquilidad. Podría seguir enumerando muchos otros puntos oscuros de la reforma, pero tal vez el más contundente con relación a su nulidad es que adolece de falta de una memoria económica seria.

La situación del sistema escolar en España antes de la crisis del coronavirus ya era crítica. Los sucesivos gobiernos populares, pero sobre todo socialistas, utilizaron la educación como moneda de cambio político y no han atajado problemas estructurales que, entre otras causas, vienen determinados por las diferencias territoriales y por la falta del liderazgo real del Ministerio.

Al margen de una altísima tasa de abandono escolar nuestro sistema presenta falta de equidad por razones socioeconómicas y personales de los estudiantes. En términos de calidad, tenemos un mal diseño de las etapas, deficiencias en transparencia o en la evaluación y un currículum completamente obsoleto. Todas estas cuestiones merecen una reforma de consenso con todos los agentes implicados, no una chapuza exprés tras una grave pandemia en una situación de incertidumbre.

Todas estas cuestiones merecen una reforma de consenso con todos los agentes, no una chapuza exprés tan una grave en una situación de incertidumbre

La COVID ha supuesto un test de estrés al sistema educativo que puede ser el origen de una gran oportunidad de mejora. La pandemia ha cambiado todo y la solución del problema urgente, y no los debates partidistas, debería ser la prioridad del Ejecutivo ahora. Las consecuencias de esta crisis sobre el sistema han de ser objeto de evaluación y reflexión durante varios meses y surgen serias dudas de que esto vaya a ser así durante el trámite parlamentario. Por eso, desde Ciudadanos, en primer lugar hemos presentado una enmienda de devolución a la LOMLOE. Así y ahora, no toca.

Pero además, hemos registrado de nuevo la solicitud de reapertura de la Subcomisión, en el Seno de la Comisión de Educación y Formación Profesional, para la elaboración de un Pacto Educativo post pandemia. Si de verdad busca mejorar la educación y quiere un gran acuerdo, al margen de la toma en consideración del Proyecto Ley, el Gobierno puede empezar con la Educación de nuestros hijos contando con toda la oposición y la comunidad educativa. 

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