Opinión
La lengua propia
Por Marta Martín Llaguno
Este martes se debate en el Congreso la que se ha presentado en los medios como la proposición "contra la imposición legal del castellano".

Inicialmente registrada en enero por Bildu, JxCat, Podemos, ERC y PNV, dice ser una defensa "de la realidad plurilingüe y la libertad lingüística". Falso. La realidad es que, en la línea de la persecución de nuestro modelo de país, el texto no defiende ni el plurilingüismo ni la libertad. Al contrario, se centra en atacar veladamente la mayor propiedad conjunta que tenemos todos los ciudadanos: el español, una lengua que hablamos hoy en el mundo cerca de cuatrocientos millones de personas.

La propuesta es un verdadero batiburrillo: mezcla conocimiento con uso, convierte anécdotas en categorías y, en su exposición de motivos, apela selectivamente a partes de acuerdos internacionales (que España ha ratificado voluntariamente). No recuerda sin embargo que, según estos, el fomento del plurilingüismo "no debe hacerse nunca en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de aprenderlas".

La prueba de que el texto es infumable está en que PNV y ERC, que en el manejo de la calculadora de votos son unos campeones, han retirado sigilosamente su firma.

Y es que el castellano como lengua común (el español), no es una imposición legal sino una gran riqueza. Un legado que nos dejaron nuestros antepasados cuando desde los distintos territorios de toda la península ibérica, y al margen de otras lenguas romances, decidieron entenderse en una única lengua vulgar (el castellano) frente al registro culto del latín.

El español es un pilar esencial de lo que, como país, tenemos en común. Así se refleja además en el Art. 3 de la Constitución: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". Frente a esto, los secesionistas y los comunistas necesitan construir "realidades paralelas" con las que justificar su intento de romper España y de construir Narnia.

No en vano, llevan años sirviéndose de un mecanismo torticero, surgido del nacionalismo etnolingüístico por excelencia, el catalán, para el que la lengua es la clave de bóveda de toda la estructura. Así, en 1933, introducen un concepto central: el de la "lengua propia". El artículo tercero del Estatuto de Régimen Interior de Cataluña reza «La lengua propia de Cataluña es la catalana». ¿Por qué? Porque en sus cabezas, a cada lengua le corresponde un país: el hecho de tener una "lengua propia" es lo que les da derecho a tener un Estado.

Da igual que haya más de siete mil lenguas en el mundo y que los países no lleguen ni a doscientos; da igual que los países monolingües sean la excepción a la regla. De ahí no los sacas. En su cosmovisión, tener una "lengua propia" es fundamental para su estrategia.

El concepto acientífico (pero nuclear) de "lengua propia", sin definición clara, se recupera con la democracia. Y, como los nacionalistas catalanes son unos campeones vendiendo sus marcos, otros estatutos lo han ido comprando...hasta que, finalmente, ahora, gracias a la Ministra Celaá, también se lo han comido los socialistas con su LOMLOE.

El etiquetamiento de "lengua propia", usado en esta proposición, no es baladí ni admisible. ¿Por qué? Porque si hay una "propia" hay también una "lengua impropia".

Forma parte de la estrategia de propaganda nacionalista hacernos creer a la mayoría de valencianos, catalanes, baleares, vascos y gallegos (con el castellano mayoritariamente como lengua materna), que hablamos una "lengua impropia".

Se trata de un señalamiento bestia e intolerable, de una sutil crueldad, que recuerda a otros episodios terribles de la historia. Los españoles castellano hablantes (mayoría) que vivimos en determinadas comunidades autónomas "nos comunicamos improcedentemente y tenemos que enmendarnos". Esto es lo que rezuma esta proposición. Las lenguas no "vernáculas" (concepto, este sí, universalmente aceptado que los nacionalistas se niegan a utilizar) son "impropias".

Un relato nada inocente. Que se lo pregunten, por ejemplo a la líder de JxCat, la señora Laura Borràs, que firmó el repulsivo Manifiesto Koiné en el que se tacha a los catalanes llegados de otros lugares de España de "instrumentos involuntarios de colonización lingüística". Que se lo pregunten a sus compañeros de candidatura en las últimas autonómicas que llaman "colonos" a las personas que no tienen el catalán como lengua materna.

Sólo por el uso de esta etiqueta xenófoba no se pueden apoyar propuestas como estas.

No lo hicimos cuando la Señora Celaá nos embutió un planteamiento semejante en la Ley de Educación. Es un acto inconstitucional señalar a los ciudadanos "propios" e "impropios" por su lengua materna y a nosotras no nos van a encontrar dividiendo sino respetando a los votantes.

Pero más allá de esta cuestión esencial, la proposición de ley dice "que se quiere para los hablantes de las lenguas vernáculas los mismos derechos que para los de la lengua oficial". Ojalá.

En Cataluña la mayoría de los alumnos no puede educarse en su lengua materna pese a que eso es lo que pide la UNESCO y Unicef y pese ser uno de los Derechos del Niño. En Cataluña, los autónomos que rotulan su negocio solo en español son multados. En Cataluña (y en otras comunidades) hay cada vez más menores que ven lastradas sus posibilidades de éxito académico.

Esos derechos lingüísticos de esos españoles (que son también catalanes, valencianos, gallegos o vascos) no los reclaman. No. Porque no les importan las personas, porque al nacionalismo etnolingüístico le importan las lenguas como tótem.

¿Hace falta impulsar, fomentar y proteger el uso de las lenguas cooficiales? Por supuesto. Hay que hacerlo sin dudar, en la medida en la que hay que proteger y satisfacer los derechos lingüísticos de los ciudadanos en los distintos territorios. Pero también hay que proteger otros derechos. ¿A cuántos españoles les parece esencial que les hablen en una lengua u otra cuando de verdad están malos? ¿Cuántos enfermos de la UCI por Covid se han preocupado de preguntarle a su intensivista si tiene la capacitación en valenciano?

No se pueden utilizar las lenguas como barreras para acceder a los puestos de trabajo, para dificultar la libre circulación de las personas, para poner palos en las ruedas al progreso y al futuro de las generaciones venideras.

Podemos, Bildu y sus socios, como buenos nacionalistas, son conservadores y van en contra de los signos de los tiempos. Las barreras lingüísticas están ya teniendo una repercusión real en la vida de la gente corriente: que se lo pregunten a los habitantes en Baleares donde no se pueden cubrir puestos esenciales en la sanidad por estas cuestiones.

El valor económico del español supone más del 17% del PIB y del empleo en España y no debemos desdeñarlo. Con unas cifras de paro como las que se nos presentaron la semana pasada y un panorama macroeconómico para llorar, es una vergüenza crear artificialmente más dificultades para que muchos conciudadanos salgan de este agujero. La pregunta no es si Podemos, Bildu, el PNV, ERC y JxCat van a seguir luchando por Narnia, sino si el PSOE va a plantar todas estas locuras y va a luchar por España.

Las políticas de promoción lingüística nunca pueden ser dogmáticas. Jamás deben hacerse para restar, sino para sumar. No están para crear Babeles sino glocalización (entenderse sin fronteras) y nunca han de poner a las lenguas por encima de las personas, especialmente de los más vulnerables y de los menores.

Marta Martín: Portavoz de Educación de Cs en el Congreso de los Diputados y Doctora en Ciencias de la Información

Sonia Sierra: Exportavoz de Educación de Cs en el Parlament de Cataluña y Doctora en Filología 

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