Opinión
¡El Estado de derecho, estúpido!
Por Marta Martín Llaguno
Hay una cuestión esencial en este momento para la política española: el respeto al Estado de derecho.

Cuentan que durante la preparación de la campaña electoral de Clinton contra Bush en el 92, su asesor James Carville colgó un cartel en el "war room" con tres ideas. Una hablaba de la importancia del cambio, la otra sobre lo importante que iba a ser la salud esa campaña y la tercera la resumía así: "la economía, estúpido". Esta última expresión gustó tanto que se convirtió en el eslogan de la campaña. Hoy se ha quedado como frase hecha para señalar cuestiones esenciales en un momento determinado.

Hay una cuestión esencial en este momento para la política española: el respeto al Estado de derecho. La cosa es simple: en nuestra democracia todos los ciudadanos, incluidos gobernantes y legisladores, estamos sometidos a la ley. Cualquier decisión que se tome debe atenerse a las normas jurídicas preestablecidas. Estas normas, claras y públicas, deben acatarse (en formas y contenidos) y hay mecanismos concretos para modificarlas en su caso.

Esas son las reglas. Especialmente, quienes decidimos entrar en el juego político debemos respetarlas. No vale saltárselas ni trampear para cambiarlas. Tratar de hacerlo es, precisamente, lo que caracteriza a las dictaduras para satisfacer sus deseos: "actuar sin norma jurídica o trucar las existentes".

El Estado de derecho no es una entelequia, debe respetarse en todas las instituciones: desde la jefatura del Estado, al Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pasando por las distintas administraciones. Por supuesto, también en las Cortes Generales.

Que algunos no quieran entender las dimensiones del concepto no es nuevo. Ahí tienen a Torra, empeñado en convencernos de que todo su pecado es "mantener una pancarta". A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Preocupa que, en los últimos tiempos, la moda de "estar pez" ante una cuestión básica para el funcionamiento de la democracia se haya extendido. Asusta, además, que esta moda venga asociada a la tentación de utilizar las instituciones de todos al servicio de quienes ahora mandan.

Ahí tenemos el intento de modificación del Código Penal con nombres y apellidos, el profuso nombramiento de altos cargos no habilitados para ello, la chapuza de la elección del director de RTVE o la artimaña que pretenden para la renovación del CGPJ. Este es el modelo marxista de los partidos del gobierno actual. Marxista, de Karl Marx , pero también marxista de Groucho: "hay una reglas pero, como no obedecen a mis intereses, las cambio e impongo las mías".

La sustitución del Estado de derecho por este nuevo modelo parece haber permeado las Cortes. La semana pasada se produjeron dos situaciones kafkianas por las que ya hemos pedido explicaciones a la presidenta del Congreso. La primera, pudieron verla todos los españoles. Mientras Batet permitía al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, profesar todo tipo de barbaridades contra el Rey, hurtaba a Inés Arrimadas su derecho de palabra para pedir que la presidencia precisara qué entiende como ofensa al Rey.

La segunda la sufría yo misma. Mientras me convocaban irregularmente -con menos de 24 horas, orden de día no acordado y en una comisión "no legislativa"- para escuchar a la sociedad civil discutir enmiendas a la Ley de Infancia (todavía no tramitadas), se me negaba la misma petición para evaluar la LOMLOE en la Comisión de Educación. Un proyecto de ley que, a diferencia del anterior, tiene ya el periodo de enmiendas cerrado y sobre el cual abrimos, este martes, ponencia legislativa.

Mientras en Infancia, con un Proyecto de Ley abierto, la Mesa acuerda la celebración de comparecencias de asociaciones externas para «dar cuenta sobre propuesta de enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica», para la ‘ley Celaá', la Mesa me comunica que «no procede la admisión a trámite/.../en la medida en que las solicitudes de comparecencia de particulares lo son a los meros efectos de información/.../ sin que proceda el ejercicio de la función de control a través de los mismos».

Vaya, que en una, que no toca, sí; y en la otra, que toca, no.

Ante esta desconcertante arbitrariedad, hemos pedido a través de un escrito a Batet que aclare los requisitos y criterios para las comparecencias en comisión.

Ciudadanos va a exigir que se escuche a la comunidad educativa en la ponencia de ley de la LOMLOE, que es donde corresponde. Si no se hiciera, sería la primera vez en la historia que se veta la voz de los directamente afectados en la discusión de una reforma de la educación. Nos maliciamos que al Gobierno le resulta muy incómodo que se señalen las barbaridades de la ‘ley Celaá'.

Es grave que quieran silenciar las críticas a esta ley, pero aún lo es más que se trate de "actuar sin norma jurídica mediante o trucar las existentes". Hacerlo es peligrosísimo y nos conduce a un abismo porque supone vulnerar una regla básica de la democracia.

Como diría James Carville: ¡el Estado de derecho, estúpido! 

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