Opinión
El esperpento de la LOMLOE: la ley Celaá-Lastra-Torra-Otegi-Iglesias
Por Marta Martín Llaguno
Este jueves, el Pleno del Congreso de los Diputados debate -y vota- el proyecto de reforma educativa, la apodada como ‘Ley Celaá'

Ciudadanos dirá ‘NO' a una ley que es un barro, cuya tramitación ha sido inoportuna y de dudosa garantía democrática, que supone la demolición del sistema educativo y comporta una peligrosa bajada de nivel en los objetivos académicos, y que, además, conlleva, como pago al secesionismo, la coacción de derechos fundamentales de todos los españoles.

La LOMLOE es un parcheado de la LOMCE y de la LOE, con la técnica jurídica del incrustado, que deriva en un pastiche. El Gobierno no ha tenido ni las ganas ni la capacidad de desarrollar una verdadera propuesta.

Más allá del desastroso resultado al que me referiré después, la norma ha sido tramitada desde el principio con una arbitrariedad dolosa. El anteproyecto se registró hace dos legislaturas, sin contar con informe del Consejo de Estado y fue dictaminado por un Consejo Escolar y una Conferencia Sectorial que ya no existen (las elecciones cambiaron los gobiernos autonómicos). En esta legislatura, los plazos para las enmiendas a la totalidad se abrieron en plena primera ola de la pandemia (cuando todavía no se había resuelto lo importante: la vuelta al cole); los de las enmiendas parciales y el debate, en la segunda parte del estado de estado de alarma. En Ponencia (a puerta cerrada, sin luz ni taquígrafos), hemos votado en apenas un mes casi 2000 enmiendas (cerca de 500 por semana) mientras se vetaban las comparecencias de la comunidad educativa y se practicaba el peor de los ocultismos informativo con la prensa y la opinión pública.

Todo esto apunta, de entrada, a vicio de tramitación. Vicio grave, sobre todo cuando la premura se ha justificado en que "había que quitar una LOMCE que carece de consenso". Pues bien: la LOMLOE, ni consenso -o con un consenso a la contra, ya que ha cabreado por igual a oposición, sociedad civil, centros, profesores y asociaciones de padres- ni garantías democráticas suficientes.

Entrando en el fondo de la normativa: no se pueden meter más tropelías en tan poco texto.

Aparte de más ideologizada que la propaganda electoral, la LOMLOE constituye:

un ataque brutal a la libertad de elección de las familias (amén de una canallada para con los niños que precisan educación especial);

b) un intento de engaño a Europa, al optar por el camino de bajar el nivel educativo en lugar de consensuar reformas estructurales para combatir el fracaso y el abandono escolar;

c) la demolición del acuerdo competencial constitucional sobre educación en España (además de la politización de la inspección) y

d) un zafio mercadeo del secesionismo con derechos lingüísticos fundamentales a cambio de un puñado de votos.

Vayamos por partes.

Para empezar, la LOMLOE dinamita no sólo la libertad de elección de los padres de centros concertados: también la de los padres de centros públicos. El texto cambia el concepto de "demanda social" por el de "programación" para la dotación de las plazas financiadas con fondos públicos. Una programación "modo Podemos", de ingeniería, que decide que los niños tienen que estudiar en un código postal concreto, con independencia del proyecto educativo que les vaya bien o mal.

La coacción a la libertad es especialmente lesiva para los alumnos con necesidades específicas de atención educativa. En concreto, la LOMLOE supone una canallada para con los niños que precisan educación especial, 37.000 de los cuales (un 60%) estudia en centros públicos.

¿Por qué? Porque los partidos del Gobierno solo contemplan una particular visión de la inclusión que identifican con la escolarización ordinaria. Y sí, la "inclusión" se puede conseguir en algunos casos en la escolarización ordinaria: con muchos recursos (que no ponen). Pero también, en otros, en la escolarización especial.

Algunos padres de niños con necesidades especiales piden que sus hijos se escolaricen en ordinaria: en Ciudadanos lo apoyamos, faltaría más. Pero otros piden que, en la defensa del interés del menor, se les escolarice en la especial. Y hacen falta muchas plazas.

Lo cierto es que ni para unos ni para los otros el Gobierno pone ni recursos ni estrategia. Modificar una la ley sin plan ni dinero es una temeridad. Plantear convertir los centros especiales en "centros de recursos" y no en una modalidad apoyada y elegible, tan digna como la ordinaria, desde luego, no tiene un pase.

Pero, continuando, no es solo la libertad lo que hiere la LOMLOE.

También atenta contra la calidad y la equidad. Especialmente, con el trampantojo de los suspensos, que deja en manos de los centros y las CCAA a las condiciones en las que se promociona y titula, generando desigualdades y minando el nivel académico.

La razón para hacer esto no es, además, baladí.

El Gobierno sabe de la imposibilidad de lograr los objetivos de Europa sobre el fracaso y abandono escolar, que nos pide una reforma estructural por consenso. Como sólo quieren consensuan "con sus socios", cogen atajos para asegurar la financiación de la UE. Y el atajo es esta ley educativa, comerciada con los que quieren romper este país.

Porque sí. Se ha comerciado con esta ley. Prueba de ello es el vaciado de competencias de la Alta Inspección, que, por ejemplo, ya no se encargará de velar por que no se discrimine por razón de lengua. O el intento de politización de la inspección, cuando se pretende que a este cuerpo se acceda sin haber tenido que superar una prueba.

Pero tal vez la señal más palmaria del mercadeo que ha habido con esta ley sean las de las enmiendas del PSOE por una parte, con ERC y Bildu (para tachar que el español sea lengua oficial del estado y lengua vehicular de la enseñanza) y, por otra parte, con el PNV, para determinar que la lengua "propia" es la cooficial (y por tanto el castellano, la "impropia").

¿El efecto de estos cambios? Políticos...pero también sociales: los secesionistas salen reforzados, convierten la educación en una fábrica de votos y los constitucionalistas nos sentimos vendidos y segregados.

Nunca podrá el PSOE decir que no ha tenido alternativas. Ciudadanos presentó tanto en Comisión como en Pleno una enmienda con dos opciones. La primera, revertir los cambios. La segunda, que el Gobierno se comprometiera, al menos, a respetar lo marcado por las sentencias judiciales: como mínimo, que en todo el territorio nacional el 25% de la docencia sea en castellano. Ambas, de momento, las ha rechazado. El Partido Socialista tendrá que explicar a todos los españoles -y especialmente a sus votantes- si no piensa hacer respetar el Estado de Derecho.

En definitiva. La ley que votaremos esta semana es un despropósito, desde la primera hasta la última letra: la demolición del sistema educativo a golpes.

No es la ley Celaá. Es mucho peor. Es el esperpento de la ley Celaá-Lastra-Torra-Otegi-Iglesias. ¿Qué puede salir mal?

No se puede decir que en Ciudadanos no hayamos batallado y no hayamos propuesto soluciones. Llevamos años pidiendo a PP y PSOE que hicieran una reforma estructural por consenso desde el Pacto educativo. El PSOE dijo no. Aun así, hemos tratado de hacer una política de contención de daños, metiendo enmiendas que mantenemos y que, hasta ahora. han rechazado.

En Ciudadanos nos estamos dejando la piel para tratar de arreglar el destrozo que el Gobierno y sus socios hacen con la libertad de elección, la calidad, la politización de la educación y los derechos lingüísticos de todos los españoles.

Tengo que decir que lo hacemos con pocas esperanzas. Por eso, si el Gobierno no rectifica, llevaremos esta Ley al Constitucional y la denunciaremos ante Europa, donde hemos presentado ya varias preguntas en el Parlamento para alertar a la Comisión y pedir que intervenga ante tanto atropello.

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