Opinión
El diálogo con el independentismo
Por Joan Mesquida
Una parte de España no puede decidir el futuro de lo que España tenga que ser. Si fuera así, el proceso de disgregación no tendría fin. El actual panorama político es desolador y será necesario mucho sentido de Estado que sólo podrán ofrecer las opciones constitucionalistas. O España tal como hoy la conocemos dejará de existir.

El mapa que ha surgido de las urnas el 10 de noviembre presenta un panorama de mayor inestabilidad. Las fuerzas independentistas unidas a los antisistema pueden tener, si los partidos constitucionalistas no lo impiden, una enorme influencia en la política española. La gobernabilidad política, la aprobación de reformas imprescindibles para que España avance y la aprobación de la ley anual de presupuestos, compendio de la actividad de la maquinaria del Estado, pueden verse comprometidas por la fuerza de aquellos que quieren destruir España.

En esta situación algunos repiten el mantra del diálogo: "Dialogar siempre es bueno", repiten, pero lo que no dicen es que el diálogo tiene que producirse dentro del marco de la legalidad. El concepto de independencia se sitúa fuera de la legalidad, no está contemplado en nuestras leyes ni en nuestra Carta Magna. Y el referéndum sobre la autodeterminación tampoco está dentro de este marco. Por ello se hace necesario preguntarse sobre qué bases construir el diálogo con los independentistas. Parece claro que no ha funcionado la estrategia de PP y PSOE de saciarlos con más competencias: Cataluña es la comunidad autónoma que gestiona más competencias de España (189).

Tampoco parece que el diálogo pueda producirse con más financiación: el País Vasco es la segunda comunidad con mayor renta per cápita y no parece que Otegui y el PNV vayan a conformarse con más financiación. Es más, si la base del diálogo se estableciera en otorgarles a las comunidades gobernadas por el independentismo más financiación, hay que preguntarse a qué renunciaríamos los demás para mejorar la financiación de los que no quieren ser españoles.

Tampoco la realización de un referéndum no vinculante de autodeterminación estaría en el marco de la legalidad. Por ello, es obvio que fuera de la ley no cabe el diálogo, solo cabe exigir su cumplimiento. Quien conculca la ley no puede reclamar un diálogo con quien tiene la responsabilidad de aplicarla. ¿Se imaginan a un agente de la Guardia Civil que está a punto de multar a un conductor que ha rebasado la velocidad permitida y el infractor le dice ‘espere un momento que tenemos que dialogar'?

El diálogo sólo puede tener lugar respetando el modelo territorial que nos hemos dado a partir de la Constitución Española. Si se quiere otro modelo territorial entonces hay que empezar por hacer una reforma de la Constitución en donde está residenciada la soberanía popular, que son las Cortes Generales, y someter la misma a un referéndum de todos los españoles .

Una parte de España no puede decidir el futuro de lo que España tenga que ser. Si fuera así, el proceso de disgregación no tendría fin. El actual panorama político es desolador y será necesario mucho sentido de Estado que sólo podrán ofrecer las opciones constitucionalistas. O España tal como hoy la conocemos dejará de existir.