Opinión
Gobierno de ¿progreso?
Por Edmundo Bal
La utilización indecente de la Abogacía del Estado al servicio de la investidura de Pedro Sánchez, el "gesto" reclamado por ERC, nos acerca a un Gobierno Frankenstein

La utilización indecente de la Abogacía del Estado al servicio de la investidura de Pedro Sánchez, el "gesto" reclamado por ERC, nos acerca a un Gobierno Frankenstein. Es indecente porque supone reconocer que quien manda es ERC. Es indecente porque se ha obligado a una noble institución a decir que Junqueras es diputado europeo y que goza de inmunidad parlamentaria, reclamando la puesta en libertad de un preso condenado en firme por gravísimos delitos. Es indecente que la Abogacía del Estado acabe apoyando la defensa de aquel a quien acusó por querer romper España, y que reconoce que lo volverá a hacer. Es indecente que la interpretación que de las normas jurídicas se hace desde la Abogacía del Estado apunte, exactamente, en la misma dirección que marcan desde las filas del separatismo y en abierta contradicción con lo que señalan los juristas más prestigiosos del país.

Frankenstein era un monstruo creado con partes de seres humanos a quien un científico consiguió dar vida, pero sin darse cuenta de que estaba creando una bestia que provocaba el mal, la muerte y la destrucción.

PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Bildu son quienes van a dar vida a Frankenstein. Y para ello nos convocan a los Diputados al Pleno de Investidura los días 4, 5 y 7 de enero, fechas buscadas de propósito para intentar que pase desapercibido el nacimiento de un gobierno de pesadilla. Quedan por pronunciarse el PRC, Coalición Canaria, Teruel Existe o BNG.

La presentación de estos pactos inmundos se ha visto coreografiada de muchos abrazos y sonrisas, con la repetición incesante de la palabra "progreso", en todas sus variantes.

¡Qué sorpresa descubrir que el PNV es un partido progresista! Progreso, en esta alianza antinatural, significa que el País Vasco tendrá mayor protagonismo internacional en deporte y cultura, por ejemplo, con una selección internacional vasca de futbol. Significa que habrá que modificar la vertebración del Estado para que tengan cabida el sentimiento nacional vasco y catalán -el nacionalista, se entiende, claro-, aunque no merezcan tal consideración el gallego, extremeño, andaluz, riojano o murciano; ya veremos qué hacer con el recién descubierto independentismo leonés, no vayan a enfadarse. Significa la transferencia de todas las competencias a Euskadi, así como la salida de la Guardia Civil de Navarra; todas las competencias menos la gestión económica de la Seguridad Social, por supuesto, que se deja para su posterior estudio, de modo que las pensiones de los vascos se sigan pagando de la caja común. 

O sea, más desigualdad entre españoles y el diseño del inexorable camino hacia la destrucción de España como Estado, tal y como lo entendemos desde la aprobación de la Constitución de 1978. Bildu feliz porque ve una oportunidad para el independentismo, como hoy mismo ha ratificado Otegi. ERC quiere referéndum, referéndum y después referéndum (empezamos a descubrir que es una de las promesas de Sánchez), independencia, República catalana y lo demás le da igual. O sea, un Gobierno de España sustentado sobre partidos que quieren destruir España empezando por liquidar la soberanía nacional.

 ¡Qué sorpresa descubrir que el PNV es un partido progresista! Progreso, en esta alianza antinatural, significa que el País Vasco tendrá mayor protagonismo internacional en deporte y cultura, por ejemplo, con una selección internacional vasca de fútbol

Con Podemos, por otra parte, se firma un acuerdo de 50 páginas que está lleno de buenos deseos, propuestas demagógicas y otras simplemente perniciosas, a veces, incluso hilarantes. Se consignan, en primer lugar, medidas que suponen un desmesurado incremento del gasto público: no proponer una sola reforma seria del sistema de pensiones y la eliminación del factor de sostenibilidad, cargarse todas las reformas en materia laboral, anunciar un incremento del gasto en educación y sanidad, compromisos en materia de dependencia y una suerte de promesas impropias de un programa de gobierno serio, todo ello sin memoria económica de gastos presupuestarios que podrían suponer, como poco, un incremento de 37.000 millones de euros.

¿Cómo se va a financiar todo esto? Todo esto lo financiaremos nosotros, los ciudadanos, con nuestros impuestos, pues ya anuncian unas cuantas subidas. Ahora bien, las subidas de impuestos que se proponen no llegarían a cubrir ni 5.000 millones y Bruselas nos está reclamando ya un ajuste de 10.000 millones. Después echarán la culpa a la UE de no poder llevar a cabo sus políticas "de progreso". Y todo esto sin tener en cuenta que en una situación de desaceleración económica la subida de impuestos anunciada se traducirá necesariamente en el hundimiento de la actividad económica, y no en el incremento de recaudación perseguida. A esta tormenta perfecta que se avecina hay que añadir el aumento de los costes laborales que supondrá la derogación de la reforma laboral que se propone y la subida unilateral del SMI, todo ello sin estudio de impacto económico alguno y pese a las advertencias del Banco de España.

Otras medidas producen sonrojo: el fomento de una Ley de Transparencia y Buen Gobierno, siendo así que se han mantenido en secreto los pactos alcanzados con los distintos partidos y que en los últimos tiempos no se permiten ni las preguntas en las ruedas de prensa; o el modelo de RTVE plural, independiente, público, transparente y de calidad, sobre el que no hace falta añadir ironía alguna. Pero lo más grave es que no hay una sola alusión a la despolitización de órganos como el CGPJ o el Defensor del Pueblo, sino el ánimo de seguirlos repartiendo entre gobernantes como un botín.

 Lo más grave es que no hay una sola alusión a la despolitización de órganos como el CGPJ o el Defensor del Pueblo, sino el ánimo de seguirlos repartiendo entre gobernantes como un botín 

Muchas de estas medidas serán de imposible cumplimiento, como aquellas que suponen reformas constitucionales para las que se precisan, al menos, 210 diputados del Congreso y 159 senadores, o las reformas de Leyes Orgánicas, para las que hacen falta 176 diputados.

Otras son realmente ingenuas: España se va a convertir en líder mundial de la lucha contra la evasión y elusión fiscal internacional. En definitiva, han sacado la guitarra y se han puesto a cantar canciones de misa. Y de Cataluña no nos tenemos que preocupar más porque se abordará "el conflicto político catalán", cediendo más competencias, permitiendo su referéndum, y ya está, "habemus" paz social.

A ver si nos despertamos pronto de esta pesadilla. Aunque mucho me temo que la pesadilla no ha hecho más que empezar.

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