Opinión
El 'delirio de Cotard'
Por Marta Martín Llaguno
El ‘síndrome de Cotard' es un extraño delirio, descrito en la literatura, por el que los pacientes creen que viven sin estar vivos.

Me explico. Algunos de ellos piensan que tienen órganos que se están pudriendo. Otros piensan que no tienen sangre ni cerebro, sólo piel y huesos, y que son inmortales. Se ponen ellos en grave peligros pero, lo que es más grave, ponen en grave peligro a los demás.

El martes leí una noticia sobre este síndrome mientras viajaba en tren para acudir a la comparecencia de la ministra González Laya sobre los efectos del ‘Brexit' en España.

Justo mientras la interpelaba se conocía que los partidos del Gobierno se disponían a presentar su propuesta para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Una propuesta menos respetuosa con la separación de poderes que la de Polonia, por la cual este país está bajo sospecha de la Comisión Europea. En tiempo real, pregunté a la ministra sobre este tema. Se escabulló. No sé si porque le habían ocultado la medida o porque le daba vergüenza avalar personalmente este atropello. Después hemos visto hasta qué punto esta propuesta ha supuesto un grave peligro no sólo para la reputación de nuestro país, sino para nuestra capacidad de acceder a los fondos europeos que tanto necesitamos.

No ha sido la única acción temeraria del PSOE. Horas después, el Gobierno traía un Real Decreto Ley al Pleno para adoptar (según ellos) "las medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria".

Como muchos conocen, esta norma (convalidada con los votos de los partidos del Gobierno y sus socios) va a permitir promocionar con diferente número de suspensos a los alumnos. También permite a las comunidades autónomas contratar a personal sin la capacitación del máster. Desde ya, se incrementan así las desigualdades en materia de educación en España.

Es obvio que ni para los maestros (especialmente los que llevan años trabajando para sacar la oposición), ni para los estudiantes ni sus familias hay en esto ninguna urgencia... ni necesidad. Sí las hay en aliviar los problemas estructurales que nos señala la OCDE: escasez de personal docente preparado y déficit de recursos tecnológicos, que inciden en la pérdida del rendimiento del alumnado.

Hay urgencia y necesidad, también, en diagnosticar y solventar la grave crisis educativa que se ha generado por la pandemia de la COVID-19. Y la hay, además, de que ambas cosas se hagan con un gran pacto y no con unas normas ideologizadas, y metidas con un embudo, que rebajan el nivel de exigencia para alumnado y profesorado y que crean inequidad.

Ni este decreto-ley ni la ‘Ley Celaá' son urgentes para la educación. Sí lo son para este Gobierno (y especialmente para este PSOE). Y les voy a explicar por qué.

Verán. Sánchez y su gabinete necesitan, como sea, justificarse ante Europa para poder optar a los fondos de la reconstrucción.

También en materia educativa. O, mejor dicho, especialmente en materia educativa. Europa nos ha recomendado unas cuestiones para financiarnos y una, e importante, es precisamente la reforma del sistema en este terreno.

El 30 de septiembre, en su ‘Comunicación al Parlamento Europeo, el Consejo, y el Comité de las Regiones', la Comisión Europea nos señalaba los objetivos educativos que se controlarán como base para el semestre europeo y que guiarán la financiación de la UE. A saber: menos del 15% de estudiantes con bajo rendimiento en materias fundamentales o alfabetización informática, un 98% de los niños escolarizados a partir de los 3 años, más del 90% de jóvenes de entre 20 y 24 años con una cualificación secundaria y menos del 50% de gente entre 30-34 años con educación terciaria.

Esta comunicación se unía a las recomendaciones de país de 2019 donde el Consejo Europeo instó a España a "reducir el abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales", así como a "mejorar las capacidades y cualificaciones demandadas en el mercado laboral". Un año más tarde, en 2020, esta misma institución nos pide, además, "mejorar la orientación educativa y profesional y la prestación de un apoyo adecuado a los estudiantes con algún tipo de desventaja y a las regiones rezagadas".

El Gobierno sabe de la imposibilidad de lograr esos objetivos y dar respuesta a estas recomendaciones sin una reforma estructural del sistema. Lo saben, pero esta reforma no la quieren acometer. ¿Por qué? Porque recordemos que la educación es la moneda de negociación más preciada por los nacionalistas y los populistas. En estos momentos, Sánchez elige seguir fiando su permanencia en Moncloa a ellos, pese a tener otras alternativas.

En esta difícil tesitura (contentar a sus socios del ‘Gobierno Frankenstein' pero, a la vez, dar alguna respuesta a Europa, para que le den los fondos), Sánchez ha decidido coger atajos. Peligrosos atajos.

Tanto el decreto-ley de los suspensos, como la ‘Ley Celaá' están metidos por el procedimiento del rodillo. El PSOE ya ha dejado claro que no quieren hablar con nadie (menos con sus amigos y sus socios).

Toda España ha visto como no han tenido ni un ápice de vergüenza en tramitar la LOMLOE en pleno estado de alarma. Pero, lo más bochornoso es que el pasado jueves se confirmó la infamia de que, por primera vez en la historia, el PSOE ha vetado las comparecencias de la comunidad educativa. A las diez de la noche, después del Pleno, con alevosía y, literalmente, con nocturnidad. Supongo que esperaban que no se cubriera por los medios.

A esta indignidad se suma que los portavoces de educación vamos a tener que tramitar cerca de 400 enmiendas a lo LOMLOE en una semana porque "tienen prisa". Tanta prisa que quieren quitarse la ley en cinco sesiones y en menos de un mes. ¡Ah! Y por supuesto, a puerta cerrada, porque "los que venían a salvar a la gente" (con los nacionalistas, incluido el PDCAT y el PNV), ahora la vetan y la excluyen. Todo muy democrático.

El Real Decreto Ley se tramitó en la misma línea. El Gobierno se escudó en la urgencia para no hablar de las medidas ni con el Consejo Escolar ni con los afectados (la mesa sectorial y los sindicatos) quienes, por cierto, han denunciado la incapacidad de Celaá para escuchar y negociar y se están planteando impugnar ya la recién convalidada norma.

Este Gobierno, que nos ha dicho por activa y por pasiva que no tenía autoridad para legislar la vuelta al cole, sí que la tiene (y bien que la utiliza) para tramitar normas sectarias sin hablar con nadie. No es autoridad: es autoritarismo.

Pero ojo, estos procedimientos van radicalmente en contra de lo exigido por Europa. Precisamente, en las ‘Recomendaciones de País' se dice que "el éxito de las medidas educativas dependerá [...] de que se invierta el tiempo necesario para alcanzar un consenso político y social amplio y duradero en torno a las reformas".

El filibusterismo parlamentario y la mordaza son ineficaces: hacen precisamente que la ley nazca muerta.

Más allá de la dudosa calidad democrática de los procedimientos, la solución del Gobierno en materia educativa es una ignominia. Para dar cumplimiento a las exigencias de reducir el abandono escolar prematuro, el fracaso y la repetición, plantean bajar el nivel del sistema y eliminar su evaluación. Y se quedan tan anchos. Es como institucionalizar el arte de hacer chuletas para superar exámenes. Trampear al fin.

El trampeo, si además es con chulería y arrogancia, tiene las patas cortas. Los profesores lo sabemos: al final, te pillan.

Europa no es tonta. Miren la tentativa de reforma del CGPJ.

En Ciudadanos sabemos que no podemos esperar el milagro de la sensatez democrática del ‘sanchismo' en materia educativa. Por eso, vamos a animar a todos los colectivos afectados para que presenten a la Comisión de Petición del Parlamento Europeo y a todas las instituciones comunitarias, la exigencia de que se investigue lo que está haciendo este Gobierno con la educación.

Ya hay una petición de CONCAPA admitida (a la que yo, a título particular me voy a sumar y animo a todos los ciudadanos que lo hagan). Me malicio que no va a ser la única.

Porque ante los procedimientos de rodillo, los españoles merecemos negociación. Que España es una democracia seria y nuestros niños, los de todos, se merecen normas educativas por consenso, no por imposición. Ante la improvisación y la urgencia, merecemos calma, pero sobre todo un respeto escrupuloso al Estado de derecho. Especialmente en el ámbito educativo se tiene que ser garantista. Porque los errores generan despropósitos muy grandes, como vimos con la LOMCE. Finalmente, ante las trampas, denuncia. Queremos eficiencia y honestidad.

Yo no quiero vivir en una sociedad que tenga el ‘síndrome de Cotard'. Y, sobre todo, no quiero estar gobernada por gente que piensa que está hecha de piel y huesos (no corazón y cerebro) y que cree que merece ser inmortal. Porque no sólo se ponen en peligro ellos, sino que están poniendo en peligro a los demás. 

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