Opinión
De moratorias concursales y céleres apremios administrativos (O cuando la "caridad" se agota en uno mismo)

Es bien sabido que una de las medidas estrella del gobierno en la lucha contra los efectos económicos de la pandemia Covid-19 ha sido la de suspender la obligación de solicitar la declaración de concurso voluntario del deudor insolvente (que debía efectuar en el plazo de dos meses) y, a su vez, suspender la posibilidad de que los acreedores puedan instar judicialmente un concurso necesario a dicho deudor insolvente, y todo ello durante un plazo que, sucesivamente prorrogado, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021. A ello se le conoce como "la moratoria concursal".

No es objeto de estas líneas cuestionar la expresada medida, con la que, por otra parte, no estoy en absoluto de acuerdo, por entender que enmascara artificialmente la realidad de la enfermedad empresarial, si se me permite el símil, y difiere una necesaria intervención quirúrgica (el concurso de acreedores) que, finalmente -también en economía- sólo puede reputarse una mala idea.

Sí ha de llamar necesariamente la atención que mientras se impone esa moratoria concursal a los acreedores "comunes" que, por tanto, no pueden solicitar la declaración de concurso necesario del deudor que no está atendiendo regularmente sus obligaciones de pago, la Agencia Tributaria (acreedor con singulares privilegios) está negando, por un lado, la concesión de aplazamientos de los tributos del deudor y, por otro lado, con una celeridad impropia del actuar de la Administración en estos tiempos, incoa los procedimientos de apremio en tiempo récord, trabando embargos sobre la totalidad de bienes y derechos del empresario, incluyendo las cuentas a cobrar, para lo que dirige escritos a la totalidad de los clientes, informándoles de la situación de impago de su proveedor e instándoles a que cualquier cantidad pendiente de pago se ingrese directamente en la Agencia Tributaria. De esta forma, el Estado se apodera de la tesorería del deudor en exclusiva para satisfacer su crédito (incrementado, además, en un 20% como consecuencia del apremio administrativo) ignorando al resto de los acreedores (proveedores, trabajadores, etc) y generando un daño reputacional al empresario que se traducirá en un descenso de su cifra de negocios que, además, ya viene lastrada por la pandemia.

Y así, prácticamente cada día, acuden al despacho empresarios desesperados que han visto caer su cifra de negocios como consecuencia de la pandemia alrededor del 40% (en el mejor de los casos, pues el turismo, por ejemplo, ha caído un 82%), que han visto como la Agencia Tributaria les ha negado aplazamientos de pago de sus tributos, les ha incoado procedimientos de apremio, les ha embargado la totalidad de sus activos e, incluso una vez satisfechas las deudas "de golpe" (incrementadas en el 20% del apremio más intereses) la Agencia Tributaria no levanta los embargos con la imprescindible urgencia aludiendo a "la carga de trabajo" y a la falta de asistencia del personal como consecuencia de las medidas arbitradas para la lucha contra la pandemia, empujando así a la empresa a la muerte y a la extinción de los contratos de trabajo. Ello, téngase muy presente, supone un enorme coste para las arcas del Estado que deja de percibir tributos y cotizaciones y debe desembolsar indemnizaciones a través del FOGASA y prestaciones de desempleo. Y, por tanto, es antieconómico.

Por increíble que suene todo ello, es esa la realidad actual.

Quizás sería esperable que el Estado, ante la situación que el tejido empresarial viene soportando tras más de un año de pandemia, arbitrara soluciones en un mismo sentido. Es decir, que esa "demora concursal" fuera acompañada de una "demora recaudatoria" que, de forma automática, permitiera el aplazamiento de los tributos, sin garantías, al menos en el porcentaje en el que hubiera caído la facturación media del sector en el que opere el empresario. Porque lo contrario, lo que ahora ocurre, es que la Agencia Tributaria está aprovechando la demora concursal para mejorar sus condiciones y posibilidades de cobro frente al resto de acreedores, sustrayéndose aún un poco más del efecto legal de "la igualdad de trato entre acreedores" que es el sagrado principio que inspira el procedimiento concursal.

Si además consideramos que el Estado, a través de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, es habitualmente el mayor destinatario de los flujos de caja generados por el empresario y que, sin embargo, no genera ningún valor añadido para la unidad productiva, a diferencia de los empleados, proveedores y acreedores, tanto cuantitativa como cualitativamente, las prácticas recaudatorias relatadas, cohonestadas con la demora concursal, carecen de sentido y de motivo económico que pudiera reputarse válido.

El mensaje del Estado parece claro: "contribuyentes, vosotros no podéis iniciar acciones ejecutivas contra el deudor insolvente, por mucho que ello aprovechara a la pluralidad de sus acreedores, protegiéndolos, por tanto, dentro de la ejecución universal del concurso. Yo, sin embargo, sí puedo iniciar acciones ejecutivas individuales contra ese deudor para aprovechar mis prebendas (yo fijo la deuda, los intereses, el recargo de apremio, dicto la Providencia de apremio, las diligencias de los embargos y trabo directamente los bienes y derechos) y, además, lo hago en mi exclusivo interés, que colisiona con el vuestro al ser insolvente el deudor y existir el riesgo de que no haya suficiente activo para pagar a todos. Así que, cuando ya os permita llegar al concurso yo me habré cobrado todo el principal, intereses y recargos de mi crédito y vosotros..... "gozaréis" de un procedimiento concursal, lentísimo y rumbo a la liquidación. Probablemente no cobréis nada, y probablemente mi bolsillo derecho (FOGASA y cobertura de desempleo) se vacíe teniendo que pagar a los trabajadores que se irán al paro, pero sentid en todo momento que he impulsado una demora concursal que ha evitado "la quiebra" de miles de empresas en estos tiempos tan duros". 

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