El juez rechaza archivar el caso Ghali y habla de "vulneración frontal de la ley"
La investigación es por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, rechazó la solicitud de la Abogacía del Estado de archivar su investigación sobre la entrada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, el pasado 18 de abril. 

Según detalló El Confidencial, el magistrado apunta a que hay indicios suficientes para "creer que no ha sido una mala o difícil interpretación la realizada de norma tan básica [como el Código de fronteras Schengen], sino una vulneración frontal de sus preceptos al haber pretendido su inaplicación, siendo esta la razón por la que se cuestiona lo sucedido en sede penal y no en otra jurisdicción".

Lasala atiende así la postura de la Fiscalía y del resto de acusaciones frente al escrito de la Abogacía y mantiene abierta la investigación por posibles delitos de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento. 

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La sospecha se centra en que el Gobierno pudo facilitar la entrada ilegal de Ghali en España al no obligarle a pasar un control de aduana tras aterrizar en la Base Aérea de Zaragoza el 18 de abril y, por el momento, ya ha imputado tanto a la exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya  como al que fuera su director de Gabinete, Camilo Villarino.

Durante la declaración de la exministra el 4 de octubre, el juez también destacó el hecho de que no se le exigiera a Ghali mostrar su pasaporte ni tampoco se comprobara si tenía cuentas pendientes con la Justicia de otros países del espacio Schengen. 

Según explica el juez, resulta "muy parcial la invocación" que la Abogacía hace del mismo, pues por mucho que el artículo permita a los Estados miembros "eximir de la obligación de cruzar las fronteras exteriores únicamente por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura establecidas a personas o grupos de personas en el supuesto de que exista alguna necesidad especial (...) siempre que estén en posesión de las autorizaciones requeridas por el Derecho interno", también establece que "no debe haber conflicto con intereses de orden público o seguridad interior de los Estados". En el caso de Ghali, considera que el Gobierno incumplió esta segunda condición.

En cuanto al resto de artículos del Código de Fronteras Schengen que alega la Abogacía, la respuesta de Lasala es similar: "También se obvia que cuando un nacional de un tercer país esté inscrito como no admisible (...), el Estado miembro que le autorice la entrada en su territorio informará de ello a los demás Estados miembros, algo que no sólo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada fuera discreta", critica.

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Tras imputar a González Laya el pasado mes, el juez ya ordenó a la oficina Sirene de España que le informase si había "descripciones a efectos de detención o localización" de Ghali en cualquier país del espacio Schengen, pero todavía no ha recibido respuesta. En cualquier caso, tanto su interrogatorio a la exministra del pasado 4 de octubre como el auto con el que rechaza ahora archivar la investigación dejan claro que esta cuestión puede marcar un antes y un después en el procedimiento.

Tras revisar los indicios en relación a la falta de comunicación con el resto de países del espacio Schengen, el auto se centra entonces en el caso de España, pues "no ha de olvidarse que se investiga también si la conducta podría tener la finalidad de evitar problemas judiciales en nuestro país de quien de manera tan peculiar entraba". 

El juez recuerda "de saberse de un proceso judicial contra una persona y aunque no haya medidas cautelares contra ella, las autoridades han de poner en conocimiento de los juzgados competentes la localización del sujeto investigado, sabiendo que tal averiguación había sido interesada por el mismo".

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