Marruecos
España hace un gesto a Marruecos en plena ofensiva judicial por Ghali
El Gobierno intenta normalizar la relación con su vecino africano en medio de la investigación por el ingreso del líder del Frente Polisiario a España para ser tratado por un cuadro grave de coronavirus.

 El gobierno del socialista Pedro Sánchez intenta reconciliarse con Marruecos con gestos diplomáticos discretos, sin entrar en el tema de fondo que desestabiliza la relación bilateral: el interés vital de Rabat por el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental.

Los movimientos se producen en paralelo al paso por los tribunales de la ex ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien declaró en el marco del "caso Ghali", una causa detrás de la cual se sospecha que están los servicios secretos marroquíes.

Tras la reciente decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de tumbar el acuerdo de asociación y pesca entre la UE y Marruecos por incluir al Sáhara Occidental -que reconocía de facto la soberanía marroquí de este territorio que figura en la lista de descolonización de la ONU-, España "estudia si recurrirá la sentencia", dijo un portavoz de Exteriores consultado por LPO.

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"Se están evaluando las posibilidades", remarcó la fuente, en medio de informaciones de expertos que apuntan a que Madrid incluso pedirá a las instituciones europeas que adopten el mismo camino en un intento por ayudar a Rabat y en beneficio de sus propios intereses económicos.

"España va a recurrir para hacerle un favor a Marruecos, pero en un 99% la Corte confirmará la sentencia porque hay muchísima jurisprudencia que lo avala, y la flota europea se tendrá que ir de las aguas del Sáhara Occidental", dice a LPO Ignacio Cembrero, el periodista experto en las relaciones con el país de Magreb.

El pasado 20 de agosto, el rey de Marruecos, Mohamed VI, anunció "una nueva etapa inédita" en la relación bilateral con España, dado por superada la crisis que estalló en abril cuando el gobierno de Madrid acogió al líder del Frente Polisario -el movimiento de liberación saharaui-, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño para ser atendido por estar enfermo grave de covid.

Aquella decisión, que Madrid atribuyó a "razones humanitarias" tuvo como respuesta que Rabat permitiera a mediados de mayo la entrada de más de 10.000 jóvenes por la frontera de Ceuta de forma irregular en un dramático episodio sin precedentes. 

España va a recurrir para hacerle un favor a Marruecos, pero en un 99% la Corte confirmará la sentencia porque hay muchísima jurisprudencia que lo avala, y la flota europea se tendrá que ir de las aguas del Sáhara Occidental

La escalada de tensión terminó meses después con el relevo de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien ahora está siendo investigada por la propia justicia española por supuestos delitos cometidos en relación con la entrada de incógnito de Ghali.

El discurso conciliador del monarca marroquí, no obstante, venía acompañado de una advertencia, ya que, según explicó, la salida de la crisis era "una ocasión para revisar los fundamentos y los determinantes que gobiernan las relaciones entre ambos países".

Arancha González Laya, ex ministra de Relaciones Exteriores.

Desde que en diciembre de 2020 el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció de forma unilateral la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que el país del Magreb normalizara su relación con Israel, Rabat se siente fortalecido y su política exterior es más agresiva.

Y en su estrategia para lograr que España y Europa sigan el mismo camino que Washington, la monarquía alauí sabe que los países europeos necesitan de su cooperación para frenar la inmigración y en términos comerciales tienen interés en compensar los derechos de pesca perdidos por el Brexit.

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En el caso concreto de España, Rabat es consciente de la presión que puede ejercer sobre el gobierno de izquierda de Sánchez, que no se puede permitir que otra crisis migratoria de más alas a los ultraderechistas de Vox.

De ahí el contraste entre las palabras conciliadoras de Mohamed VI y los pocos avances concretos, a la vez que avanza la ofensiva judicial contra altos cargos y funcionarios del Gobierno español que intervinieron en el "caso Ghali". 

Desde que en diciembre de 2020 el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció de forma unilateral la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de que el país del Magreb normalizara su relación con Israel, Rabat se siente fortalecido y su política exterior es más agresiva.

"Todo se hizo de acuerdo con la ley y espero que el juez llegue pronto a la misma conclusión", dijo González Laya al declarar ante el tribunal de Zaragoza que investigan la entrada del líder del Frente Polisario, al que no se le controló la documentación tras aterrizar, algo que permite el código del espacio Schengen.

González Laya alegó que se trató de una decisión política legal y se amparó en la Ley sobre Secretos Oficiales para no revelar quién participó de la toma de decisiones del Gobierno.

La acusación la ejercer dos abogados con vínculos ellos mismos o con clientes relacionados políticamente con Marruecos. Se trata de Antonio Urdiales, un letrado de Torremolinos casado con una mujer marroquí, y Juan Carlos Navarro, quien fuera defensor de Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel.

En diferentes entrevistas Urdiales argumentó que la denuncia la impuso por sentirse él mismo "afectado" por la decisión del Gobierno que provocó la crisis diplomática con Marruecos al tener familia en el país vecino y no poder viajar a visitarlos. Sin embargo, el tráfico de ferries estuvo interrumpido desde marzo de 2020 por la pandemia y no por esta situación.

Mohamed VI, rey de Marruecos.

En tanto, Navarro tiene como clientes al empresario marroquí nacionalizado español Rachad Andaloussi Ouriaghli, quien es candidato a presidir la Cámara de Comercio de Marruecos en España y tiene conexiones con el PP de Valencia, y precisamente el ex diputado popular Vicente Pérez Aras.

El político conservador valenciano, que defendió en varios artículos la posición de Marruecos frente al frente Polisario, se refirió así a Andaloussi en el diario ABC: "todo un valor en alza cuyas cartas credenciales le han convertido en referente y hombre de confianza del cuerpo diplomático acreditado en España. Un sinónimo de éxito e ingrediente clave en acuerdos y convenios internacionales". 

González Laya alegó que se trató de una decisión política legal y se amparó en la Ley sobre Secretos Oficiales para no revelar quién participó de la toma de decisiones del Gobierno.


Urdiales acusa a Laya y sus subalterno de cometer un presunto delito de malversación, encubrimiento y prevaricación. Por su parte, Navarro pide investigarlos por falsedad en documento publico, obstrucción de la Justicia y organización criminal.

Desde el punto de vista jurídico la denuncia es muy débil, pero está en manos de Rafael Lasala, un juez con fama de tener posiciones de extrema derecha, al que "le gustaría llegar hasta Pedro Sánchez, aunque no lo puede imputar porque está apoderado", dijo a LPO una fuente conocedora del caso.

Por otro lado, los hilos los mueven personas con fuertes vínculos con Rabat, de ahí que bastaría un guiño de España entendiendo de forma positiva por Marruecos para que las denuncias fueran retiradas, señalan.

En este marco, España intenta jugar sus cartas para desmarcarse del revés judicial europeo y mostrarse ante Marruecos como un socio confiable.

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