Argentina
La Justicia argentina declaró la quiebra del Correo Argentino del Grupo Macri
La jueza Marta Cirulli dio por fracasado el proceso de salvataje de la empresa propiedad del expresidente Mauricio Macri.

La jueza en lo Comercial Marta Cirulli declaró este lunes la quiebra del Correo Argentino S.A., empresa del Grupo Macri.

La magistrada dio por fracasado el proceso de salvataje de la empresa, que pasó a manos de la familia Macri en 1997. La quiebra es el resultado del concurso preventivo del correo iniciado en septiembre de 2001. La empresa mantenía una deuda con el Estado Nacional que, según la Procuración del Tesoro de la Nación, ascendía a unos 5.000 millones de pesos.

Mauricio Macri pareció anticiparse a esta decisión el domingo, cuando acusó al Gobierno de "buscar venganza" contra él. No fue casual que Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y María Eugenia Vidal salieran a apoyar al ex presidente en las últimas horas.

"Hágase saber la quiebra decretada, a cuyo fin ofíciese a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central de la República Argentina", indicó el fallo.

Además, solicitó requerir al Banco Central comunicar el "estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta".

Además, intimó al correo, "sus apoderados y terceros para que, dentro del quinto día, entreguen o pongan a disposición del síndico la totalidad de los bienes de la deudora. Intímesela asimismo para que -dentro de las 24 horas- entregue al síndico los libros de comercio y demás documentación relacionada con la contabilidad". La quiebra había sido solicitada por el procurador del tesoro Carlos Zaninni.

"Imaginemos, como hipótesis de trabajo y en la situación más favorable a la tesis de la concursada, que todas las conformidades, adhesiones y ratificaciones obtenidas resultan legítimas, válidas y computables, del modo propuesto por las Sindicaturas General y Controladora, y por la Sindicatura Verificante en las opciones postuladas subsidiariamente de su argumento principal. Aun dentro de tan forzada interpretación, se impone de todos modos la solución desfavorable a la deudora, por falta de la conformidad del Acreedor Estado Nacional", sostiene el fallo.

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