Procés
El Supremo se opone a los indultos y advierte al Gobierno: "Es una solución inaceptable"
El demoledor informe afirma que los condenados tienen "voluntad de reincidir" y asegura que el indulto avalaría que "la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía"

El Tribunal Supremo compromete seriamente los próximos pasos de Pedro Sánchez en su intención de aprobar los indultos para los 12 condenados por el procés. El Alto Tribunal ha publicado este miércoles un demoledor informe contra esta medida de gracia planeada por el Gobierno para satisfacer a sus aliados independentistas. A lo largo de 21 páginas, el órgano judicial se opone taxativamente a indultar a los líderes del referéndum ilegal de 2017 y advierten de que "no es la solución". En una detallada exposición, brindan múltiples razones para la no concesión, entre ellas argumenta que los condenados, con su declarada "voluntad de reincidir" expresan "una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia (...) le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia"

El máximo órgano judicial se ha pronunciado en un informe cuyo ponente ha sido Manuel Marchena, el magistrado que también presidió el tribunal que juzgó a los condenados. La Sala Segunda del Supremo alega, entre las razones para su no concesión, que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, y asegura que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legítima su imposición. 

"Una sociedad pluralista, inspirada en valores democráticos, puede exigir mediante la imposición de una pena que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea el fruto de una decisión unilateral, apoyada en la engañosa movilización de una ciudadanía a la que irresponsablemente se empuja a construir un nuevo Estado que sólo existe en la imaginación de sus promotores", determina el tribunal.

En el informe también hace mención a la falta de arrepentimiento de los condenados, además de especificar que el indulto ni siquiera fue solicitado por los aludidos, sino por terceros. Advierten además que el objetivo último del indulto se plantea como una medida por la que "pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo". 

No existe voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito (...). El mensaje transmitido por los condenados es expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática

Advierte además el tribunal la "voluntad de reincidir" que los propios condenados manifestaron ante el tribunal. "Ni siquiera flexibilizando ese requerimiento legal y liberando su exigencia de la necesidad de un sentimiento de contrición por el hecho ejecutado, podríamos atisbar una voluntad de reencuentro con el orden jurídico menoscabado por el delito. El mensaje transmitido por los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra y en sus posteriores declaraciones públicas es bien expresivo de su voluntad de reincidir en el ataque a los pilares de la convivencia democrática", 

Censura también que los condenados asuman "que la lucha por su ideales políticos -de incuestionable legitimidad constitucional- autorizaría la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía".

En este punto, el informe alude al caso de Jordi Cuixart, que manifestó ante la Sala que volvería a hacer todo lo que hizo, argumentando que no cometió ningún delito. Una afirmación que para el tribunal constituye "la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal". 

Expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones judiciales, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y a vulnerar los derechos fundamentales de quienes no comulguen con esos principios"

"De hecho -continúa la Sala-, expresan una actitud antidemocrática, en la que la propia conciencia y el compromiso social que cada ciudadano suscribe le autorizaría a pulverizar las bases de la convivencia, a convertir en ineficaces las resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales de un determinado territorio, a sortear las vías legales de reforma de un sistema jurídico y, en fin, a vulnerar los derechos fundamentales de aquellos otros ciudadanos que no comulguen con esos principios o esa conciencia individual".

 Los jueces apuntan también a que la actitud de "la indiferencia o indolencia, aparente y puramente fingida o real" de algunos de los condenados hacia su indulto les sitúa "en las antípodas de lo que en abstracto sería la actitud que cabe esperar de quien aspira a ser indultado".


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