Sánchez se abre a los indultos frente a la "venganza" y ultima el plan B para acortar las penas
El presidente de Gobierno asegura que se está ultimando la reforma de la sedición, que permitiría acortar las penas a los presos del procés, en un plan B por si el clima político le impide conceder un indulto completo

 Pedro Sánchez prepara el terreno para contentar a sus socios parlamentarios del independentismo y se abre a varios escenarios. El presidente de Gobierno ha comparecido en rueda de prensa desde Bruselas donde ha contrapuesto los indultos a la "venganza" ("la revancha y la venganza no son valores constitucionales") y donde ha avanzado que la reforma del delito de sedición, por el que fueron condenados los presos del procés, está en la última fase. Esta reforma, que acortaría las penas de los dirigentes encarcelados, se presenta ahora como un plan 'B' para satisfacer a sus aliados republicanos. Un arma a activar en caso de que finalmente Moncloa opte por un indulto parcial en el que les libre de las penas por malversación, para después reducir al mínimo las de sedición en virtud de la reforma. 

"La decisión que tome estará basada en el diálogo, la concordia y el entendimiento en España y todas sus regiones basadas en la Constitución", ha defendido tras la reunión del Consejo Europeo, al tiempo que ha defendido su intención de pasar página sobre lo que ha calificado de "errores" cometidos en el pasado. 

[El reto de Illa tras ser investido Aragonès: oponerse al soberanismo sin perturbar a Moncloa]

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno ha definido su actuación como una "agenda del reencuentro con Cataluña", que se producirá a través de la mesa de diálogo "para abordar cuestiones importantes" y "estrechar los lazos afectivos entre Cataluña y España". Una mano tendida que se presenta como crucial para el Ejecutivo, más aún después de la última declaración de intenciones de Pere Aragonès, que al ser investido president se comprometió a una agenda marcadamente independentista que llevara a un nuevo referéndum de autodeterminación. 

Este nuevo papel de Aragonès deja a Salvador Illa en una posición incómoda y que obliga a Moncloa a tender un puente directo con ERC para prevenir unos choques que pueden comprometer la legislatura. "El diálogo nunca sobra", ha destacado Montero, que sí ha hecho referencia a "cuáles son los límites en relación a las aspiraciones del Gobierno de Cataluña".

Sánchez también ha adelantado desde Bruselas que la reforma sobre el delito de sedición en el Código Penal está "muy avanzada", en las últimas fases para darle a la norma "seguridad jurídica" antes de llegar al Consejo de Ministros. Este comodín supondría menos desgaste político al Gobierno que la medida de gracia del indulto, y puede ser empleada como una medida complementaria al indulto parcial. 

Indulto parcial y reforma de sedición

Una de las tesis que se barajan es que sólo se indulte parcialmente a los condenados, que tienen penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación. La Abogacía del Estado, la voz del Gobierno en el proceso, ya emitió un informe advirtiendo de que los daños económicos se habían resarcido, una posición del Estado que abre la puerta al indulto por el delito económico. En las penas, los condenados del procés tienen penas de inhabilitación para sufragio pasivo y cargo público. 

Limitar el indulto sólo a la malversación y mantener sedición y su consiguiente inhabilitación supone a efectos prácticos una garantía para el Gobierno de que los dirigentes catalanes no volverán a la política de primera línea en cargos institucionales, evitando así el efecto boomberang que podría tener sobre Moncloa.

 En caso de que se indulte sobre malversación, y sobre sedición, la reforma sobre este último delito podría allanar el último escollo para conseguir la libertad de los presos del procés amortiguando en parte el alto coste a pagar por Sánchez para satisfacer a sus socios independentistas. 

La reforma: de 13 años a un máximo de cinco

La reforma del delito sedición ya fue anunciada el pasado año por el Gobierno, bajo el pretexto de "armonizar" el Código Penal español con el de otros países europeos, en palabras del propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, lo que podría suponer una rebaja de las penas actuales asimilando ese delito a conductas de resistencia grave castigadas en otros países con no más de cinco años de cárcel. Esta reforma afectaría directamente a los condenados del procés, puesto que se aplicaría la retroactividad en beneficio del reo. En el caso de Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión, la pena podría reducirse a cinco años, de manera que podría verse cumplida en apenas unos meses, y al haberse visto cumplida su mayor parte -suponiendo que esta norma saliera-, el líder de ERC podría gozar de una libertad casi absoluta. 

Actualmente, este delito se regula en el artículo 544 del Código Penal, que señala que son reos de sedición los que, "sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

Las penas previstas actualmente van desde los 10 a 15 años en el caso de que los cometan autoridades mientras que para el resto, los que hayan "inducido, sostenido dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores, serán castigados con la pena de prisión de ocho a diez años.

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