Sánchez pone en riesgo la recepción de los fondos europeos al evitar la consulta a la sociedad civil
La Comisión Europea establece como requisito exponer con qué agentes sociales se ha negociado el plan de resiliencia y detallar qué contribuciones se recogen

El Gobierno de Pedro Sánchez incumple uno de los requisitos imprescindibles para acceder a de los llamados fondos europeos, Next Generation EU, y pone en riesgo la recepción de los 140.000 millones para la reconstrucción que están previstos hasta 2026. . El Ejecutivo, que el pasado abril aprobó el llamado Plan de Resiliencia, lo hizo sin incluir una de las condiciones exigidas por la Unión Europea: la consulta con la sociedad civil y el resumen de dicho proceso. Un paso al que la Comisión Europea presta especial atención y detalle con el objetivo de "prevenir el fraude" en el reparto, y que Sánchez ha obviado en su propuesta. 

En el reglamento aprobado el 12 febrero por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, detalla doce obligaciones para que los planes de los distintos países sean aprobados. En este sentido,, se establece como una condición sine qua non  la debida justificación de las políticas y propuestas, debiendo incluirse "un resumen del proceso de consulta", por el que debe haberse escuchado a las comunidades autónomas y ayuntamientos, además de "interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones juveniles y otras partes interesadas pertinentes". En su artículo 18.4q,, la institución también exige plasmar "cómo se reflejan en ese plan las aportaciones de las partes interesadas". 

Entre las consideraciones previas del documento [consultar aquí], la Unión Europea insiste en que el plan de recuperación y resiliencia debe incluir "un resumen del proceso de consulta llevado a cabo con las partes interesadas nacionales pertinentes", además de "una explicación de los planes, los sistemas y las medidas concretas del Estado miembro para prevenir, detectar y corregir conflictos de intereses, la corrupción y el fraude, así como evitar la doble financiación procedente del Mecanismo y de otros programas de la Unión".

Ignorar el mandato de consultar no sólo es vulnerar el Reglamento europeo y privarnos del derecho a la transparencia, sino reducir absurdamente las posibilidades de que se apruebe el plan", detallan desde Alonso Asociados

Desde el despacho de abogados Alonso Asociados,  detallan que este artículo convierte dichas consultas en un "mandato legal" y "exige hacerlo antes de enviar la propuesta a la Comisión Europea", algo que ya se hizo a de abril. En un blog del despacho, detallan que "la consulta es un mandato legal claro, la expresión del derecho a la transparencia y una garantía para la aprobación del plan por la UE", al tiempo que pone en duda la concesión de dichos fondos en caso de que no se incluya este requisito, como exige Europa.

"Ignorar el mandato de consultar no solo es vulnerar el Reglamento europeo y privarnos del derecho a la transparencia, sino reducir absurdamente las posibilidades de que se apruebe el plan. Sin la consulta, los españoles nos disparamos un tiro en el pie. Consulta equivale a apropiación colectiva del plan, augura buen uso de los fondos y garantiza su rápida absorción".

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