Seguridad
Piden a Biden que frene la militarización de AMLO
Varios expertos se dieron cita en una reunión sobre Derechos Humanos en México. Pidieron que EU se involucre para frenar el aumento de violencia.

Estados Unidos tiene un papel importante que desempeñar para revertir la militarización de la estrategia de seguridad pública de México y garantizar que se respeten los derechos humanos, según los expertos.

Desde que las fuerzas armadas de México comenzaron a aumentar el ritmo de los despliegues para combatir el narcotráfico y los grupos del crimen organizado hace casi 15 años, el nivel anual de homicidios en el país se ha triplicado. En los años transcurridos desde que el entonces presidente Felipe Calderón desplegó por primera vez 6,500 soldados en su estado natal de Michoacán en diciembre de 2006, México ha registrado alrededor de 350, 000 homicidios (con más de 35 mil asesinatos solo en el 2020), así como también 85,000 desaparecidos.

A pesar de las duras críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a las políticas de seguridad llevadas adelante con el Ejército por parte de sus predecesores, y su promesa original de que la suya sería diferente ("abrazos, no balazos"), los despliegues han continuado en gran medida, y hasta creó la Guardia Nacional, una fuerza altamente militarizada.

Hablando en un evento organizado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización de investigación y defensa que se enfoca en los derechos humanos en la región, Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en México, dijo que la administración de Biden puede tener un papel importante que desempeñar para cambiar esta política de López Obrador y promover la causa de los Derechos Humanos.

"Hemos visto cómo cuando los partidos y los gobiernos cambian en Estados Unidos, cambien también sus énfasis en aspectos de la seguridad", dijo. "Algunos quieren fortalecer los aspectos militares de la cooperación. Otros están más enfocados en el estado de Derecho". "Quienes estamos en el campo de los Derechos Humanos nos sentimos más cerca de esa segunda perspectiva", agregó Espinosa. "Estados Unidos tiene un papel relevante que desempeñar. Si todo lo que hacen es continuar fortaleciendo a las Fuerzas Armadas en México, pero sin el Estado de derecho, eso será un problema".

Si bien el fomento de los Derechos Humanos se ha incluido oficialmente como parte de acuerdos entre Estados Unidos y México, como por ejemplo en la Iniciativa Mérida, Espinosa agregó que la cooperación futura también debería centrarse más en el sector de la Justicia. "Nos preocupa el fortalecimiento de una actitud militarista en la que las Fuerzas Armadas no rindan cuentas de ninguna manera", dijo.

Otra oradora en el evento fue Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, otra organización de Derechos Humanos con sede en México. En sus comentarios, señaló que un problema importante es que se espera que las fuerzas policiales locales y estatales operen de manera militar. "Vemos soldados e infantes de Marina en las calles haciendo trabajo policial", dijo. "Pero también al revés. Esto ha estado sucediendo durante años y décadas. Lo que preocupa es la intensidad con la que ocurre ahora".

Además, Vela Barba dijo que las violaciones de Derechos Humanos han continuado sin cesar a pesar de las garantías de López Obrador. "Los datos muestran que no importa lo que dijo", agregó. "El Ejército tiene su propia lógica".

Los comentarios de Vela Barba fueron compartidos por Samuel Storr, investigador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, quien señaló que la "característica central" de la seguridad pública en México es la participación de las Fuerzas Armadas, incluso de manera indirecta. "La mayoría de las fuerzas policiales reciben entrenamiento de los militares y pasan a formar parte de la fuerza policial civil", dijo. "Las Fuerzas Armadas son la principal fuente de material, entrenamiento, conocimiento y estrategias de seguridad pública para la nueva fuerza, supuestamente civil, de la Guardia Nacional".

Storr dijo que esta estrategia ha "fracasado" hasta ahora. "Vimos subir las cifras de homicidios a partir de 2014. Y hasta el día de hoy son muy altas", dijo. "Las estructuras militares son más opacas. Si bien el presidente es el comandante en jefe, hay una política [militar] que va más allá de una administración a la siguiente". "No hay protocolos de control y vigilancia", agregó Storr. "Si hay alguna supervisión, no está teniendo ningún éxito". 

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