La cúpula de Podemos abre un congreso exprés para mantener el control y blindarse ante la Justicia
En poco más de un mes, Podemos renovará su liderazgo y sus documentos en la Cuarta Asamblea Estatal, que tendrá lugar sólo un año después de la úl

La actual ejecutiva de Podemos ha convocado la cuarta Asamblea Ciudadana Estatal para relevar a Pablo Iglesias en la secretaria general, un proceso que culminará el 12 de junio con la previsible elección de la actual número dos de Irene Montero, Ione Belarra. 

La cúpula del partido ha optado por convocar un nuevo proceso de elección a contrarreloj, con la intención de no dar opciones de tomar cuotas de poder orgánico a Yolanda Díaz, próxima líder del espacio de confluencia Unidas Podemos. Un movimiento rápido que pretende cerrar el paso a la vicepresidenta a la hora de aspirar a tomar parte en la formación para que partido y Gobierno se encuentran en sintonía. 

Además, el método elegido para nombrar al relevo ha sido el de una nueva Asamblea Ciudadana Estatal, que tendrá lugar poco más de un año después de la última y en la que se elegirán nuevas listas de la dirección y se aprobarán nuevos documentos, en lugar de convocar una asamblea extraordinaria donde podría votarse únicamente el nombre del nuevo líder de la formación; una maniobra encaminada a esquivar las acciones judiciales que persiguen a Vistalegre 3, después de que una corriente crítica denunciara el proceso de elección en los tribunales por haber replicado el método de primarias que fue anulado por la Justicia hace poco más de un año. 

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En esta impugnación, también se denunciaba la irregularidad de la elección de varios miembros de la cúpula, entre ellos Iglesias, Irene Montero, Noelia Vera y la actual aspirante a suceder a Iglesias, Ione Belarra, por ocupar dos cargos públicos -en el Gobierno y en el Parlamento- además del cargo orgánico, algo prohibido en los estatutos de entonces, que se modificaron después para permitir la acumulación de responsabilidades. Este detalle es importante, puesto que estos dirigentes incumplían los documentos del partido cuando se presentaron el pasado año a las primarias, y este incumplimiento supone según sus propias reglas un motivo de inegilibilidad. Un episodio que fue trasladado a los tribunales.

En mayo de 2020 Podemos celebró un Vistalegre exprés para diseñar la formación a la medida de Pablo Iglesias e Irene Montero, eliminando la limitación de cargos que impedían a la cúpula formar parte del Gobierno y del Congreso, y reduciendo las donaciones salariales que tenían que hacer sus cargos, unos aportes que la organización ha ocultado pese al enriquecimiento de sus dos principales líderes. 

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La corriente liderada por el crítico Fernando Barredo llevó a los tribunales las votaciones que tuvieron lugar hace un año; en una Asamblea que no tuvo debates y que se celebró telemáticamente con el pretexto de la pandemia. El método de votación empleado fue el mismo que se utilizó en las primarias para elegir las listas electorales de Podemos en Collado Villalba, en unas primarias que fueron anuladas por los tribunales al considerar poco fiable el sistema de elección, que no cuenta con auditores externos y que está controlado por trabajadores del partidos colocados por la actual dirección. 

 Aunque un juez anuló este tipo de votaciones, la formación persistió en la misma fórmula de elección, sin garantías ni auditoría externa alguna. La sentencia, firmada por el magistrado José Ramón Manzanares a finales del año pasado, daba por probada la posibilidad de fraude en el proceso interno de Podemos. Después de su publicación, los críticos también llevaron a los tribunales los resultados de la Tercera Asamblea Estatal de Podemos, por el que Pablo Iglesias modificó las normas internas de la organización. 

Esta denuncia, que se refería al sistema de votación a la elección de miembros de la dirección que incumplían las limitaciones de cargos, podría servir para impugnar y apartar a estos dirigentes; pero la convocatoria de una Asamblea Ciudadana posterior amenaza con hacer decaer el proceso. Si la causa para impugnar y apartar de sus cargos a estos dirigentes se juzgara estando vigente la actual organización -salida de la última asamblea del año pasado-, Podemos se expondría a una sentencia que revocara a su actual dirección y la salida de sus principales líderes. Es por ello que en lugar de hacer una votación única para sustituir a Iglesias, en el partido han optado por reabrir un proceso completo que les exima de responsabilidad de cara a los tribunales.

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Entre las novedades introducidas en los estatutos el pasado año, está la inclusión como infracción "muy grave" el recurrir a "los medios judiciales sin agotar previamente las vías internas de resolución de conflictos". Sin embargo, la Comisión de Garantías no está exenta de sospecha: su independencia está fuertemente cuestionada, al ser la ejecutiva de Iglesias la que decide el curso de los expedientes iniciados. Es por esta razón normativa que el escrito habría sido previamente presentado en los órganos de Podemos; en caso de no obtener respuesta, volverán a acudir a la Justicia, con una importante jurisprudencia de su parte.

Un informático de Podemos declaró ante el juez que en cualquier momento podía acceder a las votaciones "y conocer los votos emitidos y sus destinatarios"

En el escrito de impugnación, presentado ante la Comisión de Garantías Estatal antes de que se denunciara la situación en los tribunales, se destaca que el sistema de votación y de recuento por vía telemática, que se celebró entre el 18 y 28 de marzo, es el mismo que se empleó en las primarias de Collado Villalba (Madrid) en 2019, un proceso que fue sentenciado en diciembre de 2020. En la sentencia, a la que tuvo acceso LPO, se había constancia de la declaración del coordinador informático de Podemos, Francisco Javier Pérez Quevedo, que admitió que "el censo no era inmutable, pudiendo modificarse hasta el mismo momento de la votación", y asegurando "que desde su ordenador portátil él podía acceder en cualquier momento de las votaciones al sistema y conocer los votos emitidos y sus destinatarios".

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Leonardo Díez Dolinski, programador del partido y encargado de velar por el secreto de las votaciones, también admitió en declaración judicial que "el censo estuvo abierto" hasta el final de las votaciones y que Podemos "podía acceder a la votación y conocer quién había emitido el voto y a favor de quién". Elvira Robles, desarrolladora y representante de Agora Voting, la plataforma a través de la cual Podemos realiza las votaciones, confirmó que el partido ostentaba el "control de la votación" y desveló "que podía acceder al canal de participación y tomar conocimiento de los detalles".

En base a estas declaraciones, el juez del Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid condenó "la nulidad del proceso electoral y los resultados de las elecciones primarias celebradas por el PARTIDO POLÍTICO PODEMOS en el municipio de Collado Villalba, provincia de Madrid, para las elecciones municipales que tuvieron lugar el veintiséis de mayo de 2019", y condenó a Podemos a pagar las costas.

En el escrito presentado para impugnar la candidatura de Iglesias apela a esta condena y advierte que "es ya sabido que este sistema es absolutamente manipulable, además de opaco y no garantista, pues pueden los técnicos y/o los propios responsables del partido, ver en tiempo real quién vota y a quiénes lo hace; así como también pueden los mismos técnicos y responsables manipular el censo de votantes, borrando del mismo a aquellos cuyos votos no interesan, por no apoyar la candidatura del aparato del Partido", reza el escrito, que también critica la negativa de Podemos de facilitar el censo de votantes a las candidaturas participantes en los procesos. 

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