Seguridad
Escalada de violencia en las cárceles en pleno conflicto con Marlaska: 14 agresiones en abril
El hecho más grave se produjo en Dueñas, donde cinco funcionarios de Prisiones resultaron heridos. En Murcia un interno rompió el tabique nasal a un trabajador

Fernando Grande-Marlaska no pudo evitar, el pasado jueves, la protesta de delegados de Prisiones de toda España, que acudieron a Madrid reclamando al ministro la aprobación de la nueva Ley que les reconozca como agentes de la autoridad. Un tratamiento que se antoja imprescindible para frenar la oleada de agresiones sufridas por los funcionarios de las cárceles en los últimos meses y que ha ido a más durante estas semanas de abril.

Los funcionarios de prisiones sufren, de media, una agresión diaria. Según datos oficiales, en los últimos 5 años se han contabilizado 1.286. Solo este mes de abril, se han contabilizado un mínimo de 14 funcionarios que han tenido que ser tendidos por distintas lesiones consecuencia de acciones con internos.

El hecho más grave se produjo en el centro penitenciario de Dueñas cuando, al comunicar el traslado de un interno muy peligroso que iba a ser juzgado en Teruel, éste se enfrentó a los trabajadores con un azulejo afilado, por lo que se vieron obligados a intervenir, resultando 5 funcionarios lesionados.

El pasado fin de semana, un interno rompió el tabique nasal a n trabajador de un cabezazo en Murcia I, y otros tres funcionarios resultaron heridos al intervenir n una pelea entre internos en Madrid VI

No se trata de un hecho aislado. El pasado fin de semana, un interno rompió el tabique nasal a n trabajador de un cabezazo en Murcia I, y otros tres funcionarios resultaron heridos al intervenir n una pelea entre internos en Madrid VI.

Una de las reivindicaciones históricas de los trabajadores penitenciarios es la consideración de agentes de autoridad. Esta medida, explican desde la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias es imprescindible para dotar de armas jurídicas a un colectivo muy castigado, para que toda actitud violenta de los internos tenga repercusión penal y no solo administrativa.

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Además, añaden, ese reconocimiento debe ir acompañado de la asunción por la administración de las responsabilidades civiles derivadas del delito, en virtud del principio de indemnidad, de forma que las indemnizaciones judiciales sean recibidas sin necesidad de instar un nuevo procedimiento.

Asimismo, piden facilitar a los trabajadores la formación necesaria para enfrentarse a estas situaciones violentas, y el apoyo psicológico adecuado cuando se producen ataques verbales y físicos.

Desde ACAIP-UGT insisten en la necesidad de sacar adelante estos aspectos y las mejoras retributivas y laborales reflejadas en la Ley de Función Pública Penitenciaria, cuya negociación se encuentra actualmente paralizada por parte de la administración después de más de 4 años de conflicto colectivo.

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