Elecciones Madrid 2021
El Gobierno admite que llevan 15 meses con incremento de amenazas, pero sólo las denuncia en campaña
Ministros socialistas advierten de que el nivel de violencia aumentó con la firma de la coalición y arreció durante la pandemia

El Gobierno fija en enero de 2020 como el inicio de una oleada de amenazas dirigidas a sus miembros, pero no ha sido hasta los últimos días, iniciada ya la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, cuando varios cargos del Ejecutivo han comenzado a denunciar públicamente estos episodios. Este tipo de violencia ha entrado de lleno en campaña, y las formaciones de izquierda se han valido de esta amenaza para movilizar a su electorado. "Fasciscmo o democracia", ha sido el lema que Podemos ha llegado a aclamar. 

Fue la pasada semana cuando Pablo Iglesias hizo pública la carta recibida en el Ministerio de Derechos Sociales acompañada de cuatro balas; unas comunicaciones que también recibieron la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, por las que fulminaron al trabajador de una empresa subcontratada por Correos encargada de examinar los escáneres del edificio oficial. 

Desde el primer momento, Podemos atribuyó estas amenazas al discurso de Vox por "incitar" a la violencia,, y su líder acusó a la Cadena Ser de "blanquear" a la "ultraderecha" por no expulsar al partido de Santiago Abascal del debate después de que pusiera en duda la veracidad de las amenazas. 

[La Policía advierte al Gobierno: difundir las amenazas a los ministros puede provocar un 'efecto llamada']

Este mismo lunes, la ministra de Industria Reyes Maroto recibió una carta que contenía una navaja: un paquete que llevaba escrito el remitente y cuyo emisor era una persona con un trastorno mental. Una amenaza que lo dio a conocer la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, durante un mitin de campaña del Partido Socialista. Una publicidad que se ha replicado por parte de todos los miembros del Gobierno, pese a las advertencias de la Policía para no darles difusión para evitar así el efecto llamada

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha llevado este martes la campaña electoral al Palacio de la Moncloa, y ha reclamando al Partido Popular unirse al "cordón sanitario" a Vox, que ya obligó a cancelar un debate de candidatos después de que Podemos, Más Madrid y PSOE se negaran a debatir con la formación de Santiago Abascal. 

 "Hay que poner un cordón sanitario a cualquier formación que haga de este tipo de incitación al odio su lema", alegó Montero, que condenó la tibia condena de Rocío Monasterio a las amenazas, pidiendo extender el vero a "quien se niegue a pedir perdón cuando se amenaza gravemente a determinadas víctimas, como menores, o que no hace condena de hechos tan reprobables". Así, denunció que el PP "intenta justificar el no hacer ese cordón sanitario porque en el fondo cuenta con la ultraderecha para conformar sus propios gobiernos". 

[El Gobierno responde a la Policía y defiende hacer públicas las amenazas: "Son una advertencia"]

Pese a la exhibición electoral de estas amenazas, ministros socialistas del Gobierno confirman que estas comunicaciones se llevan produciendo desde principios de 2020, con el inicio del Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Ni siquiera con su llegada al Gobierno a través de la moción de censura de junio de 2018 fueron objetivo de este tipo de violencia; tampoco, relatan, una vez que se celebraron las elecciones de abril de 2019 ni de noviembre del mismo año. Fue a principios de año, destacan, cuando se advirtió un incremento sustantivo de este tipo de comunicaciones amenazantes.  

Unas amenazas que, relatan estas fuentes, se agravaron durante los primeros compases de la crisis sanitaria, que comenzó en marzo del pasado año. Los socialistas dicen haber recibido desde entonces "cientos" de amenazas en sus respectivos ministerios. Pese a este volumen de amenazas recibidas en los distintos ministerios, aseguran que sólo se denuncia en comisaría una "paqueñísima parte", aquellas que piden atentar contra su vida o que son especialmente graves. 

Lamentan, sin embargo, que la mayoría de estas amenazas son rápidamente archivadas por la Justicia, al formar parte de la "libertad de expresión", y sin que medie investigación alguna que investigue los hechos. En los últimos casos, dada la relevancia pública que han adquirido las amenazas después de dársele publicidad desde el propio Gobierno, sí se han iniciado investigaciones que, de momento, ya se saldaron con la detención y la posterior puesta y libertad de un individuo en El Escorial. 

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