Sindicatos
El sindicato CGT, en pie de guerra con Yolanda Díaz tras la demanda de desahucio de su sede
La Confederación General del Trabajo denuncia que en los últimos meses "ni contestan al teléfono" desde el Ministerio, al que acusan de favorecer a los sindicatos CCOO y UGT

Primer sindicato que se planta contra Yolanda Díaz desde su llegada al Gobierno. La vicepresidenta tercera  y ministra de Trabajo, caracterizada por su sensibilidad sindical y su apuesta por el diálogo social, se ha topado con la Confederación General del Trabajo (CGT), una organización anarcosindicalista que le ha declarado la guerra a causa de la gestión de su departamento sobre la sede que tienen cedida desde hace más de treinta años en la céntrica calle Alenza, por la que han recibido en los últimos días una demanda de desahucio. Desde el sindicato denuncian además el favoritismo del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos hacia los sindicatos mayoritarios, con el "agravio comparativo" que supone: "Este Gobierno sólo atiende a CCOO y UGT".

Este miércoles, la CGT se manifestó a las puertas del Ministerio de Trabajo en protesta por su situación, con la apertura de un proceso judicial que podría desalojarlos de su histórica sede. A esto se une el hecho de que el Ministerio esté ocupado por una dirigente de Unidas Podemos, a quienes "se les llena la boca hablando de vivienda y desahucios", mientras ellos esperan de este departamento la solución a un problema que podría desalojarlos por la fuerza. 

El conflicto comenzó en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el edificio, propiedad del Estado -Patrimonio Sindical Acumulado- se vendió al fondo inmobiliario Promontoria Coliseum Real Estate SL, que es propiedad en un 20% del Banco Sabadell. Una operación que desde el sindicato tildan de "especulación". Si bien no culpan al actuar Ejecutivo de aquella venta, sí le acusan directamente de la "pésima" gestión que han hecho. 

En el centro, José Manuel Muñoz Póliz, secretario general de la CGT

Desde la venta, el que fuera Oficial Mayor de la Subsecretaría de Estado hasta 2020, José Antonio Quintanilla, había trabajado en distintas alternativas con el sindicato para reubicarles en una sede de similares características. Actualmente, hacen uso de alrededor de 1.700 metros en el edificio de la calle Alenza 13. Finalmente, llegaron a un acuerdo para ser trasladados a un edificio de alquiler con opción a compra en la calle Princesa, pero el bloqueo de los presupuestos de 2019 llevó a paralizar la operación. 

La situación se ha complicado aún más en los últimos meses, con la sustitución por parte de Trabajo del cargo anterior y la designación de Iciar Esteve Pradera como nueva Oficiala Mayor y responsable de gestionar el Patrimonio Sindical Acumulado. En ese traspaso de poderes, denuncian desde CGT, la nueva encargada "no asume lo que llevábamos hablado con su predecesor", relata a LPO el secretario de Organización Federal, José Aranda, que describe cómo en los últimos meses las tensiones no han hecho más que aumentar: "Directamente, no hemos tenido interlocución con el ministerio", censura el sindicalista. "En seis meses tuve una reunión con la Oficiala Mayor; después, es que directamente no nos cogía el teléfono". 

La nueva responsable, denuncian, les ofreció un local de 1.080 metros, un tamaño inferior al actual pese a que CGT, destacan "ha quintuplicado su representación en los últimos 30 años, cuando se firmó la cesión". "Ahí no nos caben ni los archivos", desdeña Aranda. Aunque el sindicato no pedirá un aumento de su sede física similar al crecimiento de la organización, sí requieren unas condiciones mínimas de 2.500 metros para poder realizar el traslado. 

El conflicto estalló por los aires el pasado 14 de abril, una vez recibida la demanda de desahucio precario, cuando la funcionaria convocó una nueva reunión. "En vez de atemperar los ánimos, nos dice que el problema es nuestro, que nos han puesto una demanda de desahucio", relata. Esa fue la gota que colmó el vaso en la paciencia del sindicato, que se lanzó a convocar movilizaciones que comenzaron el próximo miércoles y que, advierten, continuarán hasta que se solvente el problema. 

"PSOE y Podemos sólo atienden a CCOO y UGT"

El Ministerio deberá consultar cualquier operación con la Comisión Consultiva, en la que están presente otros sindicatos como CCOO, UGT, CSIF o ELA y otros actores como la CEOE. Sin embargo, desde CGT insisten en que la decisión final será del departamento de Yolanda Díaz, al tener este órgano carácter exclusivamente consultivo. 

Además del conflicto inmobiliario, Aranda apunta a un problema de fondo, después de que el Gobierno haya primado en las subvenciones a CCOO y UGT concediéndoles una ayuda histórica. Más allá de la "competencia natural entre sindicatos" por la representación, el secretario de Organización de CGT denuncia la existencia de un "agravio comparativo" del que salen perjudicados. 

"Yolanda Díaz ha sido abogada de Comisiones Obreras, su padre era de Comisiones de toda la vida...Los Gobiernos del PP no hacen diferencia entre unos y otros, y hemos tenido mejores respuestas que del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que sólo atienden a CCOO y UGT". 

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