Seguridad
A Marlaska le estalla un conflicto laboral con Prisiones y 'culpa' a Montero e Iceta
Más de 200 delegados de toda España se manifestaron en Madrid contra el ministro, que se escuda en la falta de consenso con Hacienda y Política Territorial para aprobar la Ley de Función Pública Penitenciaria

Marlaska trató de volver a ganar tiempo, pero los sindicatos de Prisiones se plantaron. El ministro se comprometió en diciembre a tener aprobada en el primer trimestre de 2021 la Ley de Función Pública Penitenciaria, que reconoce a los funcionarios de las cárceles como "agentes de autoridad". El plazo se agotó y, a pesar de una carta enviada a última hora del miércoles, delegados de toda España se desplazaron este jueves a Madrid para manifestarse.

Según explican a LPO fuentes de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, Marlaska remitió una carta a las organizaciones sindicales convocantes de las protestas para justificar el retraso a la hora de aprobar la ley. Y, para ello, señaló de forma explícita a María Jesús Montero y a Miquel Iceta.

El titular de Interior afirmó que para sacar adelante el texto, "es necesario disponer del criterio de los departamentos que tienen atribuida la competencia para poder tramitar un texto que regula aspectos básicos en materia de Función Pública, esto es, los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda".

[Marlaska incumple la promesa de convertir a los funcionarios de prisiones en "agentes de la autoridad"]

ACAIP-UGT, CIG y CSIF, sin embargo, decidieron seguir adelante con la concentración prevista este jueves frente a la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias, que coincidía además con la comparecencia del titular del cargo, Ángel Luis Ortiz González, en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados.

Esta manifestación supone el reinicio de las movilizaciones de los trabajadores penitenciarios, que llevan más de 4 años en conflicto con la administración. Ya en julio de 2020, se inició el grupo de trabajo en el que sindicatos y administración pretendían acercar posturas y sacar adelante un texto legislativo que reconociera las especificidades del sector, y una mejora laboral y retributiva del colectivo.

Después de varios meses de trabajo el ministro del interior, Grande Marlaska, dio un impulso a esta negociación en diciembre, aseverando que, tras cumplir con los compromisos con policía nacional y guardia civil, era el momento de prisiones, estableciendo de plazo el primer trimestre de 2021 para tener desarrollado el texto.

El compromiso, sin embargo, no se cumplió. Agotado el plazo autoimpuesto por el ministro, la administración penitenciaria tiene paralizada la negociación desde el pasado 24 de febrero y el último borrador presentado no recoge aspectos claves, como el reconocimiento de "agente de la autoridad" a todo trabajador de prisiones, y no solo a los funcionarios.

Además, tampoco se incluyó una memoria económica en la que se reflejen mejoras retributivas para los trabajadores penitenciarios.

Por todo ello, más de 200 delegados sindicales procedentes de las prisiones de toda España se desplazaron este jueves a Madrid para manifestarse contra el ministro y para exigir que se reactive la negociación de las mejoras de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores penitenciarios.

Manifestación de los sindicatos de Prisiones este jueves.

En la manifestación, ACAIP-UGT, CSIF y CIG reivindicaron que es imprescindible que la nueva Ley reconozca aspectos como el reconocimiento de agente autoridad de los trabajadores penitenciarios y el principio de indemnidad de la administración.

Asimismo, afirman las centrales, "el texto debe ir acompañado de una memoria económica que recoja la reclasificación de centros penitenciarios y los nuevos puestos generados, estableciendo un marco temporal para la adscripción al grupo B de la administración de los funcionarios de prisiones, y el plazo para generar el nuevo organigrama y funciones". 

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