El PP tendrá acceso por vía judicial al expediente del rescate a Plus Ultra que la SEPI se niega a entregar
Es uno de los objetivos que perseguía el partido a personarse como acusación particular en la causa abierta por el juzgado que investiga el rescate de 53 millones a la aerolínea

Menos de 24 horas después de conocer que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra la cúpula de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por el rescate de 53 millones concedido a la aerolínea Plus Ultra, el presidente del Partido Popular anunciaba que se personará en la causa abierta tras una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

De momento, el Gobierno defiende que las condiciones del préstamo se ajustan perfectamente a la legalidad y a los requisitos contemplados en el reglamento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que el propio Ejecutivo puso en marcha el pasado verano con 10.000 millones de euros para ayudar a las empresas en dificultades por la pandemia.  

[Vox presenta una querella contra el Gobierno y la SEPI por el rescate de la aerolínea Plus Ultra]

Sin embargo, en el PP no se fían de la palabra del Gobierno y han reclamado sin éxito el expediente en el que se detallan las condiciones del préstamo. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ha sido lo primero que ha reclamado al 'hólding' público. Y si la jueza decide seguir adelante con la investigación y admite la personación en la causa judicial del PP, los de Casado pretenden lograr acceso al mismo a través de los tribunales. 

La concesión del préstamo a la aerolínea desató hace semanas una tormenta política por los presuntos vínculos de parte del accionariado de la compañía con el régimen venezolano de Nicolás Maduro. Para los de Casado, hay un presunto trato de favor detrás del 'manguerazo' de dinero público que la empresa debería reintegrar a las arcas públicas en los próximos años. El rescate se divide en un préstamo participativo de 34 millones y otro préstamo ordinario por valor de 19 millones.

[El Gobierno se enfrenta a una oleada de rescates de empresas a partir de abril con la SEPI descabezada]

La jueza también ha abierto diligencias contra el que era el máximo responsable de SEPI en el momento de aprobar el rescate, su actual vicepresidente, Bartolomé Lora. Y ha incluido en las mismas a la cúpula de la entidad pública por la concesión del rescate. Aunque, en teoría, los únicos que pueden ser investigados son los miembros del Consejo Gestor del fondo. 

Tras la dimisión de Vicente Fernández hace año y medio por su imputación en el caso Aznalcóllar, la ministra de Hacienda María Jesús Montero decidió hace tres semanas nombrar como sustituta a la hasta ahora presidenta de Navantia, Belén Gualda. La actual 'número uno' queda fuera de las diligencias judiciales sobre unos hechos que para la jueza "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". 

El expediente de Air Europa o Duro Felguera

Desde el PP critican que el Ejecutivo siga manteniendo ocultos los expedientes de otros rescates concedidos con cargo a ese Fondo, como el de la aerolínea Air Europa o de Duro Felguera. Esta última "acumuló pérdidas de 436 millones de euros en los últimos seis años, en los que estuvo a punto de la disolución hasta en tres ocasiones", alegan fuentes 'populares' consultadas por LPO. 

De hecho, además de la petición de crear una comisión de investigación, hace escasos días el Grupo Popular presentó en el Congreso una enmienda al proyecto de ley de 'medidas urgentes para poyar la reactivación económica y el empleo', en la que exigen que los expedientes de los rescates sean entregados a la Cámara Baja en el plazo máximo de cinco días tras recibir luz verde en el Consejo de Ministros. 

El PP registra una enmienda para que los expedientes de los rescates sean entregados al en el plazo máximo de cinco días tras recibir luz verde en el Consejo de Ministros

La orden ministerial que rige el funcionamiento del Fondo de Rescate contempla que "en un plazo máximo de tres meses desde la realización de la operación de recapitalización de la empresa, el Estado hará pública información relevante, como la identidad de la empresa, los importes nominales de ayuda concedida y sus términos". Pero el Ejecutivo todavía no ha remitido el de Air Europa, que fue aprobado en el mes de noviembre.

Mientras que Vox se querelló ante el Tribunal Supremo contra el Ejecutivo y los directivos de la SEPI, Ciudadanos reclamó ante Bruselas una investigación sobre la concesión del rescate a Plus Ultra. Según defendió el eurodiputado de la formación 'naranja' Luis Garicano, la compañía no reunía los requisitos necesarios para beneficiarse de esa inyección de dinero público, pues ya se encontraba en pérdidas en 2019. En su enmienda, el partido de Pablo Casado añade que las firmas que aspiren a beneficiarse del fondo de rescate "hayan dado beneficios" en ese ejercicio.

Asimismo, todas las fuerzas ponen en cuestión la calificación de empresa estratégica de la compañía. En cambio, el Gobierno defiende que es fundamental para las conexiones con determinados destinos en Latinoamérica desde el 'hub' aeroportuario de Madrid. En este mismo sentido se ha expresado la propia compañía. 

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