Gobierno
Fernando Simón podrá vetar a Sánchez cuando decrete el fin de la crisis sanitaria y la vida sin mascarilla
El 9 de mayo termina el estado de alarma, pero seguirán vigentes gran parte de las medidas aprobadas en marzo del pasado año en virtud de la crisis sanitaria todavía vigente | Sánchez podría acelerar la llegada de la normalidad total en caso de elecciones generales adelantadas

 El 9 de mayo acaba el estado de alarma, pero siguen vigentes un sinfín de medidas asociadas a la pandemia. La obligatoriedad de las mascarillas, las distancias de seguridad o el aforo de los establecimientos son normas que continuarán vigentes, y que sólo decaerán cuando el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, decrete el final de la crisis sanitaria. 

En el Real Decreto de 9 de junio de 2020, por el que se declaraba la llamada "nueva normalidad" tras el fin del primer estado de alarma, el Ejecutivo se reservaba la potestad de mantener decenas de medidas de obligado cumplimiento, así como el régimen sancionador asociado a su incumplimiento, más allá de la situación de excepcionalidad. 

En el artículo 2 de este decreto, el Ejecutivo advertía de la vigencia de gran parte de las medidas, que en ningún caso afectaban eso sí a los derechos y libertades fundamentales como la libertad de circulación o reunión. "Una vez finalizada la prórroga del estado de alarma", señalaba, "las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición adicional quinta serán de aplicación en todo el territorio nacional". 

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El Ejecutivo no dio entonces horizonte temporal, y adjudicó su final a una decisión discrecional del Gobierno, eso sí, "de acuerdo con la evidencia científica". En este punto, otorgaba al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias un papel primordial para poder llevar adelante esta decisión. Y es que el órgano dirigido por Fernando Simón tendrá que hacer un informe previo valorando la decisión de declarar el final de la crisis sanitaria, pudiendo oponerse a dicha medida. 

En este sentido, señalaba que todas las medidas y sanciones aplicables se mantendrían "hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19".

 Aunque el director del CCAES no se ha caracterizado durante la pandemia por contrariar a los miembros del Consejo de Ministros, sí es bien cierto que tiene un precedente extremadamente reciente, que sucedió a raíz de la campaña madrileña. A raíz de las acusaciones que hizo Pedro Sánchez poniendo en duda la fiabilidad de los datos de fallecidos por Covid facilitados por el Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid, Simón tuvo que negar la mayor y asegurar que esos datos eran tan válidos como el resto.

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Además, el Real Decreto dictado en junio obliga al Gobierno a "consultar" con las distintas CCAA la finalización de la crisis sanitaria y el fin de las vigencia de todas las medidas asociadas. Así, dispone que "el Gobierno consultará a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con carácter previo a la finalización de la situación de crisis sanitaria".

Así, los distintos Gobiernos regionales podrán pronunciarse sobre la postura que adopte el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que hasta el momento no ha dudado en tomar decisiones contrarias a la voluntad de los distintos territorios, como la negativa a aprobar una nueva prórroga del estado de alarma o la creación de un andamiaje legal para permitir limitaciones de movilidad en caso de una mala situación epidemiológica. 

Sin embargo, en el caso del CCAES de Fernando Simón, su postura podría ser determinante a la hora de tomar una decisión de tal envergadura. En el preceptivo informe tendrá que analizarse la incidencia del virus, que dependerá en gran medida de cómo se desarrolle el plan de vacunación. 

Un adelanto electoral en octubre podría llevar a Sánchez a acelerar el final de la crisis sanitaria para aprovechar la euforia social y atribuir dicho fin a un éxito del Gobierno

Sánchez ha defendido en las últimas semanas que mantiene su previsión para que a finales de agosto esté el 70% de la población vacunada; un horizonte que, de cumplirse, podría abrir la puerta a prescindir de las medidas como la mascarilla hoy vigentes, en virtud de la declaración de "crisis sanitaria". Una situación, la del final de las mascarillas, que ya se da en lugares puntuales como Israel o Gibraltar.

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A esto se une la situación política, con el escenario de un posible adelanto de elecciones generales para el mes de octubre por parte de Pedro Sánchez, que podría aprovechar para declarar el fin de la crisis sanitaria como un éxito de su Gobierno y aprovechar la euforia social para revalidarse en la Moncloa. 

 Una cita electoral donde su socio de coalición y rival por la izquierda, Podemos, quedaría previsiblemente debilitado después de la salida de Pablo Iglesias y sin que la organización haya podido recomponerse a la nueva figura de Yolanda Díaz. Una serie de factores, en definitiva, que podrían llevar a Sánchez a pisar el freno para decretar el fin de la crisis sanitaria, en una decisión que sólo Simón podría hacer descarrilar.


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