Iceta se abre ahora a un pacto extrajudicial con Feijóo tras recurrir al TC la ley sobre vacunación obligatoria
El ministro buscará un acuerdo con la Xunta después del recurso contra la ley gallega de salud que limitaba derechos fundamentales sin el estado de alarma y se abría a sancionar a quien no se vacunara.

El choque entre el Gobierno central y el Ejecutivo gallego del 'popular' Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o a causa de la ley que abr√≠a la puerta a la vacunaci√≥n obligatoria tiene posibilidades de reconducirse. O al menos, en eso conf√≠an a ambos lados de la mesa. 

Tras llevar al Tribunal Constitucional la ley de Salud aprobada por el parlamento auton√≥mico con la mayor√≠a del PP, el ministro de Pol√≠tica Territorial y Funci√≥n P√ļblica, Miquel Iceta, se muestra abierto a entablar conversaciones con el gobierno regional para reorientar el conflicto competencial. 

Tras una conversaci√≥n con el vicepresidente de la Xunta, este mismo lunes se han abierto contactos a nivel t√©cnico. Y el objetivo es poner en marcha un "proceso de di√°logo" -dicen a LPO fuentes del departamento de Iceta- que puedan "conducir a lograr la resoluci√≥n extrajudicial mediante una soluci√≥n consensuada". 

Pero por el momento, no se muestran dispuestos a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 38 de la normativa gallega que se verá este martes el pleno del Tribunal Constitucional. En caso de que los magistrados lo acepten a trámite, quedaría anulado el precepto que contiene el grueso de las medidas previstas por la cámara autonómica para hacer frente a la pandemia sin recurrir necesariamente al estado de alarma, que si el Gobierno no lo prorroga, decaerá el 9 de mayo.

Una vez anulado preventivamente ese artículo, tampoco se podrían aplicar las sanciones previstas en otros puntos del texto legal. En el Gobierno de Pedro Sánchez entendieron que dicho texto invadía competencias estatales, porque hacía referencia a restricciones en materia de derechos fundamentales. Entre otras cosas, la norma autonómica contempla medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.

Desde la Xunta trasladan a LPO su queja por que el Gobierno decidiese impugnar la normativa regional, cuando a lo largo del √ļltimo a√Īo no ha sido capaz de dictar ninguna ley espec√≠fica. Asimismo, afean que el Ejecutivo decidiese llevar el texto al Alto Tribunal sin discutir antes con el Gobierno regional los t√©rminos de la impugnaci√≥n.

El Ejecutivo llev√≥ el texto ante el Constitucional tras solicitar un informe al Consejo de Estado que sirvi√≥ al PP para exigir una alternativa jur√≠dica al estado de alarma 

Precisamente, el Ejecutivo nacional llev√≥ el texto ante el Constitucional tras solicitar un informe al Consejo de Estado. Las recomendaciones del m√°ximo √≥rgano consultivo sirvieron al PP nacional para reforzar su tesis de que es necesaria una alternativa legal al estado de alarma para poder dictar restricciones que impidan la propagaci√≥n de los contagios. 

Los de Pablo Casado llevan meses intentando que se admita a tr√°mite en el Congreso su denominado 'plan b' jur√≠dico, que consiste en una modificaci√≥n de una ley sanitaria de los a√Īos ochenta. Pero de momento no han conseguido que el Gobierno recoja el guante y se siente a negociar. En Galicia, el Ejecutivo central tampoco tiene claro por d√≥nde puede pasar la soluci√≥n legal. 

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