Iceta se abre ahora a un pacto extrajudicial con Feijóo tras recurrir al TC la ley sobre vacunación obligatoria
El ministro buscará un acuerdo con la Xunta después del recurso contra la ley gallega de salud que limitaba derechos fundamentales sin el estado de alarma y se abría a sancionar a quien no se vacunara.

El choque entre el Gobierno central y el Ejecutivo gallego del 'popular' Alberto Núñez Feijóo a causa de la ley que abría la puerta a la vacunación obligatoria tiene posibilidades de reconducirse. O al menos, en eso confían a ambos lados de la mesa. 

Tras llevar al Tribunal Constitucional la ley de Salud aprobada por el parlamento autonómico con la mayoría del PP, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se muestra abierto a entablar conversaciones con el gobierno regional para reorientar el conflicto competencial. 

Tras una conversación con el vicepresidente de la Xunta, este mismo lunes se han abierto contactos a nivel técnico. Y el objetivo es poner en marcha un "proceso de diálogo" -dicen a LPO fuentes del departamento de Iceta- que puedan "conducir a lograr la resolución extrajudicial mediante una solución consensuada". 

Pero por el momento, no se muestran dispuestos a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 38 de la normativa gallega que se verá este martes el pleno del Tribunal Constitucional. En caso de que los magistrados lo acepten a trámite, quedaría anulado el precepto que contiene el grueso de las medidas previstas por la cámara autonómica para hacer frente a la pandemia sin recurrir necesariamente al estado de alarma, que si el Gobierno no lo prorroga, decaerá el 9 de mayo.

Una vez anulado preventivamente ese artículo, tampoco se podrían aplicar las sanciones previstas en otros puntos del texto legal. En el Gobierno de Pedro Sánchez entendieron que dicho texto invadía competencias estatales, porque hacía referencia a restricciones en materia de derechos fundamentales. Entre otras cosas, la norma autonómica contempla medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando haya un peligro para la salud de la población.

Desde la Xunta trasladan a LPO su queja por que el Gobierno decidiese impugnar la normativa regional, cuando a lo largo del último año no ha sido capaz de dictar ninguna ley específica. Asimismo, afean que el Ejecutivo decidiese llevar el texto al Alto Tribunal sin discutir antes con el Gobierno regional los términos de la impugnación.

El Ejecutivo llevó el texto ante el Constitucional tras solicitar un informe al Consejo de Estado que sirvió al PP para exigir una alternativa jurídica al estado de alarma 

Precisamente, el Ejecutivo nacional llevó el texto ante el Constitucional tras solicitar un informe al Consejo de Estado. Las recomendaciones del máximo órgano consultivo sirvieron al PP nacional para reforzar su tesis de que es necesaria una alternativa legal al estado de alarma para poder dictar restricciones que impidan la propagación de los contagios. 

Los de Pablo Casado llevan meses intentando que se admita a trámite en el Congreso su denominado 'plan b' jurídico, que consiste en una modificación de una ley sanitaria de los años ochenta. Pero de momento no han conseguido que el Gobierno recoja el guante y se siente a negociar. En Galicia, el Ejecutivo central tampoco tiene claro por dónde puede pasar la solución legal. 

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