La 'chapuza' de las multas por el estado de alarma: las delegaciones van con retraso y Madrid no las cobra
Las Delegaciones del Gobierno continúan tramitando las sanciones del primer estado de alarma. Las competencias pasaron a las CCAA en el segundo y la Comunidad ha externalizado la gestión

La avalancha de propuestas de sanción por incumplir las restricciones del primer estado de alarma vigente entre marzo y junio de 2020 todavía sigue coleando en algunas delegaciones del Gobierno. Estas eran las encargadas de tramitar las multas que imponían los cuerpos policiales a los ciudadanos. 

Y además de la dudosa fundamentación jurídica de muchas ellas, la escasez de funcionarios y la suspensión de los plazos administrativos hizo inabarcable su completa tramitación. De hecho, en algunas delegaciones como la de Madrid, reconocen que aún faltan por tramitar la mitad de las infracciones leves que se dictaron en aquel período. 

[La Comunidad de Madrid multó ocho veces menos que Andalucía en el primer estado de alarma]

El delegado José Manuel Franco, sustituido hace dos semanas por Mercedes González, decidió comenzar el trámite por las sanciones graves, y dejar las leves para una segunda fase. En otros puntos de la geografía española, el retraso o la diferencia entre las propuestas de sanción dictadas y las tramitadas también es notable. Así consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado Jon Iñárritu, recogida por LPO. 

En Andalucía se dictaron 194.055 propuestas de sanción. Y, a 24 de marzo, el Gobierno reconoce que aún hay 15.116 en tramitación y sólo han finalizado 43.889 expedientes. En Canarias, el primer estado de alarma se saldó con 62.812 proposiciones dictadas, y el Ejecutivo reconoce que aún siguen en proceso de trámite 13.457. Asimismo, en la Comunidad Valenciana se impusieron 166.571 propuestas, de las que han salido adelante  19.993, mientras que hay 3.883 aún en trámite. 

Por su parte, en la Región de Murcia se abrieron 41.023 expedientes, de los que sólo se han finalizado 6.291 y otros 2.266 siguen en trámite. En Castilla y León se interpusieron 55.183 denuncias y aún hay 7.411 pendientes de trámite, mientras que 17.321 han concluido. De las 27.991 dictadas en Extremadura, tan sólo  2.504 han finalizado, mientras que 2.850 siguen pendientes de resolución. Y en Galicia, hay 12.396  concluidas y 3.522 aún abiertas, de un total de 44.951 dictadas. 

El Ejecutivo cifraba en 7.408 los expedientes con resolución sancionadora o con pago anticipado que se registraban a finales de octubre

Con el paso de los meses, la situación ha ido mejorando progresivamente. El Ejecutivo cifraba en 7.408 los expedientes con resolución sancionadora o con pago anticipado que se registraban a finales de octubre, de un total de 1.142.127 propuestas de sanción realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Apenas un 0,64% del total. 

Los agentes proponían para sanción por orden del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska en base al artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como 'ley mordaza'. Amonestaban por incumplir el confinamiento domiciliario, las restricciones de movimientos o por no usar mascarillas donde era obligatorio. El criterio elegido fue ampliamente cuestionado por los expertos jurídicos y hasta por un informe de la Abogacía del Estado.

En el vigente estado de alarma activado el pasado 25 de octubre corresponde a las propias Comunidades y Ayuntamientos la ejecución de las multas por contravenir las restricciones sanitarias. Ante la nueva avalancha de sanciones impuestas por los cuerpos policiales, hay regiones como Madrid que han recurrido a empresas externas especializadas para dar salida a las multas impuestas a los ciudadanos. Y todavía no ha iniciado los trámites de la gran mayoría. 

El gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidió privatizar la gestión de las multas, que el Ayuntamiento gobernado por José Luis Martínez Almeida también le ha transferido, según informó El País. Al margen del consistorio de la capital, también se encarga de la gestión de las propuestas de sanción de centenares de municipios. Y ha recurrido por casi 600.000 euros a los servicios de una firma privada por el procedimiento de emergencia. 

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