Portal de Contratación
El cargo animalista de Podemos paga 165.000€ por conectar a víctimas de violencia de género con sus mascotas
La adjudicación, firmada por la Dirección General de Bienestar Animal, se justifica en el número de víctimas de violencia que se niegan a abandonar el domicilio compartido con el agresor por disponer de un animal de compañía

La Dirección General de Derecho Animal, ostentada por Sergio García Torres y dependiente del ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra, sucesora de Pablo Iglesias en el cargo, ha publicado una licitación para destinar 165.000 euros a un servicio de cuidado de mascotas para las víctimas de violencia de género, con la condición de que "facilite la comunicación periódica" de la afectada con su animal de compañía; unas comunicaciones que tendrán "garantizada la confidencialidad para evitar la intromisión ilegítima" del presunto agresor. 

Así se ha publicado en el Portal de Contratación del Estado, donde se ha publicado el pliego de condiciones y se ha abierto la recepción de ofertas hasta el martes 27 de abril. El contrato va encaminado a poner en marcha el programa VioPet de acogida de animales para víctimas de violencia de género que se anunció en noviembre. 

Hasta el momento, el sistema era altamente rudimentario, con un formulario donde cualquier persona podía poner su casa en acogida para recibir a animales de víctimas que no podían llevarlos consigo a los centros para mujeres maltratadas. Con este contrato, la Dirección General de Derecho Animal busca profesionalizar el servicio, y las empresas aspirantes deberán ofrecer servicios de cuidados de animales de compañía así como el sufragio de veterinarios de urgencia, en caso de ser necesario, y otras labores encaminadas a mantener el contacto entre víctima y mascota. 

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Entre los trabajos a realizar está el de "facilitar la comunicación periódica entre la víctima y el animal de compañía, mediante remisión a la víctima de información respecto al estado de bienestar de su animal (fotografías, videos, información directa, etc)".  

También deberán "disponer de un servicio de atención telefónica gratuito y permanente", así como "atender las llamadas que se reciban, bien directamente de la víctima, bien derivada del servicio 016 o a través de los servicios y trabajadores sociales", además de "mantener actualizada la relación de casas de acogida voluntaria de animales de compañía que le facilite la Dirección General de Derechos de los Animales", "gestionar el traslado inmediato de los animales de compañía a alguna de las casas de acogida voluntaria en medios (...) que deberán estar adaptados para el transporte de animales".  

El Gobierno obliga a garantizar la confidencialidad de las comunicaciones con las mascotas para "proteger la integridad de los animales de compañía" de las víctimas

El documento también especifica el carácter confidencial de las comunicaciones. "El presente contrato tiene por objeto establecer un servicio de atención a la víctima de violencia de género que tenga bajo su cuidado un animal de compañía, ofreciéndole una red de casas de acogida voluntarias a los animales afectados por ésta situación, gestionando el traslado inmediato del animal y facilitando la comunicación entre víctima y animal, garantizando la confidencialidad para evitar intromisiones ilegítimas del victimario, consiguiendo así un doble objetivo: ofrecer a las víctimas herramientas adicionales para su seguridad y proteger la integridad de los animales de compañía de ésta". 

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Este programa se lanzó, según se destaca en el propio pliego, tras detectarse durante el confinamiento "un considerable aumento de las llamadas al servicio de asistencia a las víctimas de la violencia de género 016, pudiendo constatarse que un número significativo de víctimas manifestaba su negativa a abandonar el domicilio que compartía con el agresor debido a que hacerlo significaría dejar atrás a su animal de compañía". 

El Gobierno define el programa VioPet como un "complemento esencial para dar protección a las víctimas y evitarles mayor sufrimiento psicológico y posibles riesgos derivados de la negativa a abandonar al agresor, dado que en la mayoría de los servicios de acogida de mujeres maltratadas no se permite la entrada de animales".

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