La negociación de los despidos de CaixaBank salpicará al Gobierno en plena campaña madrileña
El Estado mantiene un 16% de la nueva entidad y los sindicatos presionan para que el Ejecutivo amortigüe el ajuste de plantilla. Los trabajadores de las oficinas de Madrid, principales perjudicados

El proceso de negociación del mayor ERE de la historia en el sector financiero español coincidirá con la carrera hacia las urnas en Madrid; un territorio en el que la entidad pretende centrar buena parte del ajuste de plantilla. No en vano, el Estado sigue controlando un 16% de la entidad resultante tras el proceso de fusión por absorción de CaixaBank y Bankia. 

Este martes, la dirección de CaixaBank ha mantenido la primera reunión con los representantes de los trabajadores. Aunque, de momento, no ha puesto sobre la mesa una cifra concreta de salidas previstas, sino que pretende hacerlo en un nuevo encuentro el próximo día 20. Fuentes sindicales consultadas por LPO creen que el número inicial que proponga la compañía será algo más alto que los 8.000 despidos barajados por diferentes analistas financieros hasta ahora. 

[Gortázar pone su punto de mira en las oficinas y trabajadores de Madrid y Levante para el ERE de CaixaBank]

Eso sí, entre los representantes de los trabajadores consideran que el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos debería presionar para que el recorte de puestos de trabajo "no sea traumático". "Un Gobierno progresista no querrá ruido con un ERE duro en medio de una pandemia", reflexionan. "Qué menos que si ha autorizado la operación, esté vigilante y garantizando un proceso donde hay dinero de todos los españoles", prosiguen. 

Desde el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño eluden hacer cualquier tipo de pronunciamiento al respecto. La vicepresidenta segunda ha tenido influencia notable en el proceso de fusión entre la entidad de origen catalán y la madrileña. El Estado poseía más de 60% de esta última a través del FROB tras haberla rescatado en 2012. Ahora tendrá voz en el Consejo de Administración a través de la vocal Teresa Santero. "Si se tiene que decir algo" respecto al ajuste de plantilla, "se dirá donde corresponde", zanjan las fuentes consultadas del Departamento de Calviño.

Tras culminar la fusión jurídica, la empresa comunicó el pasado día 6 su intención de iniciar un procedimiento de despido colectivo previsto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, así como un proceso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, conforme al artículo 41 del mismo texto legal, que afectará a la práctica totalidad de los centros de trabajo.  

La empresa ha asegurado que la prioridad es que sean bajas de carácter voluntario, pero el presidente José Ignacio Goirigolzarri no ha descartado que se tengan que acometer algunas salidas forzosas en función de cómo discurra la negociación con los sindicatos. En cualquier caso, pretenden tenerla culminada antes del 30 de junio. 

Este martes se ha iniciado el periodo previo de consultas que se prolongará hasta quince días antes del proceso de negociaciones formales. Tras varias horas de reunión, se ha acordado que en la mesa negociadora, el sindicato CCOO tenga cinco miembros; SECB, tres; UGT, dos; y otros sindicatos como ACCAM o SATE-CIC, contarán con un miembro. 

El el próximo día 20 habrá otra reunión en Madrid donde la empresa explicará cuáles son sus necesidades, el detalle de las causas de la reestructuración y las medidas que pretende implementar. Y más cerca de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo adelantadas por Isabel Díaz Ayuso habrá otro encuentro entre las partes el 27 de abril, esta vez en Barcelona.

Los representantes de los trabajadores dan por hecho que serán unas conversaciones "duras" y no descartan iniciar movilizaciones

Los representantes de los trabajadores dan por hecho que serán unas conversaciones "duras" y no descartan iniciar movilizaciones si la empresa no cumple con las intenciones expresadas hasta ahora. Al cierre del año 2020, la entidad contaba con unos 46.000 empleados, de los que dos tercios provienen de CaixaBank y otro tercio de Bankia. La plantilla de la antigua entidad madrileña tiene una media de edad más alta que la de origen catalán. Esta última ya acometió un ERE en 2019.

Los sindicatos pretenden, asimismo, que la compañía blinde las prejubilaciones, en línea con lo que se hizo en el ERE del Sabadell. No quieren que a aquellos que se acojan a este mecanismo les puedan afectar los eventuales cambios normativos que impliquen un retraso o endurecimiento de las mismas, en línea de lo que ha anunciado el ministro José Luis Escrivá. 

En una sola fase

Los planes de la compañía dirigida por Gonzalo Gortázar pasan por acometer el ERE de una sola vez y de forma conjunta en oficinas y servicios centrales, en lugar de distribuirlo en varias fases y diferenciando servicios. 

Por territorios, Madrid será la región donde más puede afectar el ajuste de empleados de Caixabank, tanto por criterios de edad como por concentración de empleados y duplicidades entre los servicios de las entidades de origen. En la capital trabajan casi 10.000 empleados de ambas firmas, ahora integradas en una sola. Una cifra que representa casi el 23% del total de trabajadores. Los cierres de oficinas y ajuste de empleados también se extenderá a la zona del levante español, como recogió LPO.

Al de CaixaBank se une otro ERE anunciado por BBVA, que podría propiciar la salida de otros 3.000 trabajadores

Al de CaixaBank se une otro ERE anunciado por BBVA, que podría propiciar la salida de otros 3.000 trabajadores. Así se lo ha anunciado este mismo martes la entidad presidida por Carlos Torres a través de un comunicado. En él expresa la necesidad de acometer cambios para adaptarse a la transformación del sector financiero donde crece la digitalización. La dirección ha convocado a la representación legal de los trabajadores este viernes 16 para una primera reunión.

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