Prisiones
Marlaska incumple la promesa de convertir a los funcionarios de prisiones en "agentes de la autoridad"
Se comprometió a llevar al Congreso en el primer trimestre del año la Ley de Función Pública Penitenciaria que recogía ese nuevo status, pero no ha cumplido. Los funcionarios anuncian movilizaciones

A Marlaska se le acumulan los problemas. Después del varapalo judicial por el cese de Pérez de los Cobos, el ministro se enfrenta ahora a la amenaza de movilizaciones de los sindicatos de Prisiones. Una respuesta en las calles que las centrales ya está estudiando ante el incumpliento, por parte del titular de Interior, de llevar al Congreso la ley que reconocerá a los funcionarios penitenciarios en "agentes de la autoridad".

Tal y como adelantó LPO el pasado mes de diciembre, el compromiso del ministro era llevar la citada norma a la Cámara Baja en el primer trimestre del año. De hecho, el pasado 24 de febrero se celebró una reunión extraordinaria de la mesa delegada de Instituciones Penitenciarias, en la que se informó de la remisión del borrador del texto al Ministerio de Interior, sin que se haya aclarado la situación y el recorrido de esa propuesta desde entonces.

[Los funcionarios de Prisiones serán considerados "agentes de la autoridad" en 2021]

En julio del año pasado se inició el grupo de trabajo entre los sindicatos representativos y la administración penitenciaria. El objetivo era sacar adelante un texto con rango de ley que respondiese a las necesidades y objetivos del personal penitenciario, reconociendo las especificidades del colectivo y modernizando la institución.

En una reunión mantenida el 3 de diciembre, el ministro Marlaska dio impulso a la negociación de la futura ley, e indicó a la administración penitenciaria la necesidad de iniciar los trabajos para adjuntar una memoria económica que debería acompañar a la norma. También confirmó que el proyecto debía estar cerrado en el primer trimestre de este año.

ACAIP-UGT, CIG y CSIF han presentado en el grupo de trabajo la memoria económica que recoge los costos necesarios para llevar a cabo los objetivos de la Ley, además de distintas propuestas para llegar a un acuerdo en beneficio de la institución.

Después de varias reuniones, la administración penitenciaria presentó un borrador de la Ley de Función Pública penitenciaria el pasado 17 de febrero que no recoge aspectos imprescindibles para poder dar apoyo al proyecto normativo. La reacción de las organizaciones sindicales fue presentar alegaciones al texto y solicitar una reunión extraordinaria de la mesa delegada, que se celebró el citado 24 de febrero.

En dicha reunión, la administración penitenciara expuso que el texto presentado no era definitivo, que se iban a realizar las gestiones necesarias para que la futura Ley tuviera memoria económica dotada presupuestariamente, y que se había remitido al Ministerio del Interior para subsanar las posibles dificultades técnicas.

Cabe destacar que, en la reunión anterior, la celebrada en diciembre, Marlaska mostró su compromiso con este proyecto y con los empleados públicos penitenciarios, al señalar que, una vez finalizado el acuerdo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llegaba el turno de Instituciones Penitenciarias.

El plazo que el ministro se autoimpuso se ha cumplido sin que haya habido respuesta de la administración en más de un mes

El plazo que el ministro se autoimpuso se ha cumplido sin que haya habido respuesta de la administración en más de un mes. Por este motivo, el pasado 26 de marzo, ACAIP-UGT, CIG y CSIF remitieron un escrito al Ministro del Interior pidiéndole un esfuerzo para solucionar la situación y una reunión en la que se aclare la situación y el recorrido de este proyecto normativo.

El conflicto colectivo en prisiones se inició en abril de 2017, y ya han pasado 4 años y 3 gobiernos. Desde ACAIPUGT, CIG y CSIF indican que "los empleados públicos penitenciarios nos merecemos que de una vez se reconozca públicamente y se ponga en valor la labor constitucional que realizamos, algo que no recoge la norma presentada por la administración".

En caso de que no se desbloquee la situación, estas organizaciones sindicales avisan que reiniciarán las movilizaciones en el sector. 

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