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El 'ERE encubierto' de Podemos: recortó en un año la mitad de la plantilla
El partido de Pablo Iglesias se enfrenta a una sanción de hasta 187.515 euros por una infracción muy grave al incumplir el Estatuto de los Trabajadores | La radiografía de su plantilla revela que tiene más temporales que indefinidos y más hombres que mujeres

 La política laboral de Podemos desmiente su ideario. Si el partido de Pablo Iglesias se muestra contra el fraude laboral y presenta como futura candidata a la vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz, la realidad es que la formación llevó a cabo en 2019 un 'ERE encubierto', al reducir su plantilla un a la mitad; prescindiendo del 49,4% de su plantilla y con la salida del 30% de los trabajadores indefinidos. 

Podemos cumplió las condiciones para que se tratara de un despido colectivo, pero evitó declarar el Expediente de Regulación de Empleo buscando fórmulas para esquivar la negociación y recurriendo a las salidas de personal por la vía del 'goteo'. Además, pese a la drástica reducción de la plantilla del partido, los gastos de personal sólo cayeron un 16%, debido al aumento de sueldo que aprobó la cúpula de Pablo Iglesias e Irene Montero por la vía de los 'pluses' y las reducciones de donación

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El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores señala que las empresas están obligadas a recurrir a la figura del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en lugar de utilizar los despidos individuales por razón del número de trabajadores despedidos en un plazo determinado de tiempo. Así, hay que presentar un ERE si la extinción de contratos afecta en un periodo de 90 días a 10 o más trabajadores en empresas de menos de 100 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 100 y 300 trabajadores; o a 30 o más trabajadores en empresas de más de 300.

En caso de no hacerlo, los despidos se consideran en fraude de ley y pueden ser anulados en los tribunales. Las cifras de salidas en Podemos responden a cualquiera de estas tres condiciones, teniendo en cuenta que la formación contaba con más de 400 empleados en 2018 y pasó a apenas superar los 200 un año después. 

A finales de 2018, Podemos contaba con 437 trabajadores, de los que 145 eran indefinidos y 292 temporales. En 2019, la plantilla morada se redujo a la mitad, pasando a tener un total de 221 empleados, de los que 101 eran indefinidos y 120 temporales. En total, 216 trabajadores perdieron su puesto de trabajo en la formación durante 2019 -44 indefinidos y 172 temporales-. Sólo a nivel estatal, sin tener en cuenta los grupos parlamentarios ni direcciones autonómicas, Podemos -con CIF propio- pasó de tener 127 trabajadores en 2018 a 83 un año después, perdiendo 44 trabajadores, lo que equivale a un 34,6% de la plantilla. 

Las salidas de la formación se sucedieron desde principios de año, con el despido de 11 trabajadores que la dirección de Podemos culpó de haber contribuido al proyecto sorpresa de Iñigo Errejón, lanzado el 17 de enero de 2019. En aquella ocasión se les despidió por causas objetivas, pagándoles la indemnización mínima de 20 días por año trabajado, aplicando así la Reforma Laboral del PP que ahora buscan derogar

En el caso de los ERE para hacer despidos colectivos, la jurisprudencia establece que la extinción de contratos temporales también entran en el cómputo para contabilizar en el número de trabajadores (TSJ de País Vasco de 12-11-2020); el Tribunal Supremo también sentó doctrina en 2014 incluyendo en el cómputo los despidos disciplinarios; además, otra de las fórmulas para las bajas voluntarias previa negociación suponen también un indicio para esclarecer un posible ERE encubierto. 

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El número de salidas que se produjeron en 12 meses en el partido, independientemente de la fórmula empleada, habría obligado a Podemos a declarar un despido colectivo, teniendo que someterse a justificar el alto volumen de salidas amparándose en causas económicas u organizativas, además de verse obligado a una negociación con los trabajadores supervisada por la autoridad laboral de la Inspección de Trabajo, ahora dependiente del ministerio de Yolanda Díaz. Además de esto, tendría que haberse enfrentado a la mala prensa que supone aplicar un despido colectivo, más aún siendo el partido que más duro se ha mostrado contra este tipo de actuaciones.

Podemos puede enfrentarse a una sanción de hasta 187.515 euros por una infracción muy grave al incumplir el Estatuto de los Trabajadores

La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS) establece en su artículo 8.3 considera una infracción muy grave "Proceder al despido colectivo de trabajadores (...) sin acudir a los procedimientos establecidos en los arts. 51 y 47 del Estatuto de Trabajadores"; una infracción que está multada con sanciones de hasta 187.515 euros. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio para detectar estas irregularidades y pedir documentación al respecto, aunque es un extremo poco probable, dado que el actual Director General del organismo es Héctor Illueca, inspector de carrera y quien fuera diputado de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Un 16% de reducción del gasto de personal

Pese a la importante reducción de plantilla, Podemos registró en 2019 una caída en gastos de personal sólo del 16%, pasando de 13,1 millones de euros en este concepto a 11,05 millones. Esta discreta disminución en comparación con el recorte de trabajadores responde a los cambios salariales introducidos por la cúpula del partido ese año, cuando comenzaron a aplicarse complementos por responsabilidad que no estaban contemplados en ninguna de las normas internas, tal como adelantó en exclusiva LPO

Mientras proliferaban los complementos salariales en la formación durante el año 2019, la cúpula de Podemos amenazaba a la plantilla con recortes salariales, tal como informó este medio. "Defendían los derechos de los trabajadores fuera, pero no dentro", censuran trabajadores del partido. Aquellos meses se saldaron con lo que algunos ex trabajadores consideraron un "ERE encubierto", con el despido de decenas de trabajadores y la firma de acuerdos con otros tantos para que presentaran una baja voluntaria con el objetivo de que el número de salidas forzosas no llegara al 10% de trabajadores, puesto que tendría que declararse públicamente el Expediente de Regulación de Empleo.

 Así, a algunos de los trabajadores le ofrecieron indemnizaciones si dimitían voluntariamente, con la única condición de que firmaran expresamente que dicho acuerdo no saldría en los medios de comunicación. En caso de hacerlo, perderían el derecho a la compensación económica. 

Los  'sobresueldos' en Podemos fueron más tarde denunciados por el ex responsable de protección de datos del partido, José Manuel Calvente, que motivó la apertura de una causa que fue finalmente archivada. El ex trabajador de Podemos fue despedido en base a una denuncia de presunto acoso sexual que está en los tribunales. El pasado octubre la formación tuvo que admitir que el despido fue improcedente y acordó una indemnización de alrededor de 30.000 euros. 

Más temporales y menos mujeres

El 'ERE encubierto' no es la única contradicción del partido morado. Si bien Podemos apuesta públicamente por los contratos indefinidos frente a la precariedad de los temporales y aboga por impulsar a la mujer en el ámbito laboral, su plantilla deja una estampa completamente opuesta, donde los contratos temporales superan a los indefinidos y el número de empleados varones es también superior al de las empleadas. 

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En las cuentas anuales de Podemos correspondientes a 2019, la formación elabora un resumen de personal a 31 de diciembre de dicho año, en el que asegura disponer de 221 trabajadores, de los que 120 son temporales -el 54%- frente a los 101 de indefinidos. Además, la plantilla aparece compuesta por 120 hombres y 101 mujeres. Pese a la desigualdad de género, Podemos saca pecho en su informe de control interno de 2019 de haber impulsado un "Plan de Igualdad", que, "elaborado a través del Comité de Igualdad, se ha realizado tras un intenso análisis de datos de la plantilla, así como encuestas y entrevistas realizadas al personal de la organización a todos los niveles". 

El partido de Iglesias hace referencia a la desigualdad existente en la organización y asegura que "hemos de ser capaces durante los próximos ejercicios, de crear mecanismos que mejoren los ratios obtenidos, además de diseñar medidas innovadoras que, en materia de igualdad, hagan de Podemos un entorno laboral ejemplar", atendiendo "todas las recomendaciones que los Ministerios de Igualdad y Trabajo vierten sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres". 

Los contratos temporales son los mayoritarios en Podemos pese a haber registrado una proposición de ley para restringirlos al máximo

La organización también presenta una mayoría de contratos temporales, pese a que Podemos ha defendido públicamente su intención de reducir este modelo al mínimo. El pasado septiembre, Unidas Podemos registró en el Congreso una Proposición de ley contra la precariedad y por la estabilidad del empleo, con el objetivo reducir la temporalidad y prohibir los contratos temporales salvo para un puñado de excepciones. Así, pedía introducir "marcos legales para que el contrato indefinido sea el estándar" y que el temporal no pueda ser utilizado para la cobertura de actividades normales y permanentes en el empresa.

En el texto normativo, la formación aseguraba que la temporalidad era la "situación de precariedad más extendida" por afectar a "las personas que trabajan sometidas a la incerteza de un contrato temporal porque no saben si van a seguir trabajando cuando este finalice". "El objetivo de esta proposición de ley es terminar con la contratación temporal generalizada y abusiva. Para ello, se refuerza la causalidad jurídica, se establecen límites a su uso y se penaliza el abuso que puedan hacer las empresas de dicha fórmula contractual", explicaba Podemos en su propia nota de prensa.

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