El Gobierno ha vuelto a retrasar la puesta en marcha del nuevo impuesto a las transacciones financieras que entró en vigor el 16 de enero. El departamento que dirige María Jesús Montero ha aplazado la primera liquidación de la denominada 'tasa Tobin' hasta el próximo mes de junio.

La razón es que el Ministerio aún no tiene listo el desarrollo normativo necesario para la aplicación de este impuesto, anunciado por primera vez en 2018. El departamento de Montero aún se encuentra en fase de elaboración del Reglamento por el que se ha de regir el tributo y ahora mismo está a la espera de un dictamen que debe emitir el Consejo de Estado, según ha podido saber LPO. 

El máximo órgano consultivo tiene que estudiar el proyecto normativo y puede hacer aportaciones sobre las implicaciones legales que rodean al tributo. Su encaje legal es complejo por las especiales características del mismo y por que son los intermediarios financieros quienes deberán abonarlo, aunque también podría repercutir finalmente en los inversores.

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Según contemplan los Presupuestos Generales de 2021, el Gobierno prevé ingresar 850 millones de euros cada año con esta nueva figura tributaria, que aplica una tasa del 0,2% a la compra de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. Quedarán excluidas tanto las pymes como las firmas no cotizadas.

De momento, fuentes del organismo que dirige la ex vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega no ofrecen detalles sobre los plazos que maneja para emitir su parecer. A la espera de conocer la letra pequeña que regirá el funcionamiento del nuevo impuesto, la liquidación del tributo se mantiene en 'stand by', aunque esto no modifica su vigencia. 

La Agencia Tributaria remarca que no afecta a los ingresos previstos por este concepto sino solo al momento del cobro

Desde la Agencia Tributaria remarcan que no afecta a los ingresos previstos por este concepto ni a las obligaciones fiscales de los contribuyentes afectados, sino tan solo al momento del cobro. Aunque la intención inicial era que la liquidación de este impuesto arrancase el 22 de febrero, Hacienda ya retrasó el plazo hasta al mes de abril por la falta de un desarrollo normativo. Este extremo ha causado malestar en el sector de los asesores fiscales.

Ahora, a pocos días de la nueva fecha en que debería comenzar a cobrarse, el departamento de Montero ha optado por trasladar la liquidación hasta el mes de junio. Será entonces cuando los afectados tengan que abonar lo correspondiente a los cinco primeros meses del año. Después de ese primer hito, está previsto que el tributo se liquide de forma mensual entre los días 10 y 20 de cada mes.