Nicolás Maduro no permite de momento a España tener un representante militar en Venezuela. El Gobierno anunció a principios de diciembre el cierre de la agregaduría militar en el país, cuya responsabilidad pasaría a recaer sobre el agregado militar española de Cuba. Sin embargo, casi cuatro meses después todavía no se ha producido el traspaso de competencias, por el veto del ejecutivo venezolano, que se resiste a otorgar su plácet para dicho recambio. 

La espera trasluce un cambio de postura internacional por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez: si el pasado octubre el Ministerio de Asuntos Exteriores defendía que no era necesario obtener el beneplácito del país caribeño para nombrar representantes, por no reconocer el mandato de Maduro salido de las cuestionadas elecciones de 2018, ahora sí espera a obtener su beneplácito para oficializar los cambios. Entremedias, tuvieron lugar las elecciones parlamentarias en Venezuela del pasado diciembre, en las que Maduro salió de nuevo reelegido y cuyos resultados no fueron reconocidos por la Unión Europea. 

España era el único país de la UE que tenía un agregado militar residiendo en el país caribeño, lo que le otorgaba un papel de interlocutor entre Europa y la República Bolivariana. El cierre de la agregaduría de Caracas, que se hizo efectivo el 31 de diciembre, se justificó desde el Ministerio de Defensa en motivos presupuestarios, aunque el movimiento no es baladí, teniendo en cuenta el peso que tiene en el país el estamento militar y su fuerte influencia en las relaciones económicas e internacionales. 

[La cumbre secreta Sánchez-Zapatero en Moncloa, el enigma que el Gobierno se niega a desvelar]

En su lugar, sería el agregado miliar de La Habana el que se hiciera cargo de los asuntos venezolanos, una situación que sin embargo resta a España poder de interlocución frente al ejecutivo chavista. Pero Venezuela no parece atender los deseos del Gobierno español, y tres meses después del cierre oficial de la agregaduría, no ha concedido el 'plácet' para que España tenga voz en asuntos militares. 

En una respuesta parlamentaria a la pregunta formulada por la ex diputada de Cs Marta Martín Llaguno -que abandonó la pasada semana su acta de diputada-, donde se inquiría sobre la situación de la agregaduría militar de España, el Gobierno admite que todavía no han recibido el visto bueno de Venezuela.

"Se informa que se han realizado los trámites correspondientes con la Embajada de España en Caracas y con el Gobierno de Venezuela, pero todavía no se ha recibido el plácet para que el Agregado de Defensa en La Habana quede acreditado en Venezuela", señala en este documento, donde tratan de restar importancia al suceso: "Es práctica habitual que en estos supuestos de transitoriedad se continúen desarrollando las relaciones entre los países a través de las Misiones Diplomáticas". 

[La Unión Europea no reconoce el triunfo del chavismo en las elecciones parlamentarias]

El protocolo diplomático marca la necesidad de que los representantes que tengan un destino internacional deban obtener previamente el beneplácito -'plácet'- del país al que se dirigen. En caso de ser negativa y rechazar el plácet, el país deberá comunicarlo formalmente al país acreditante. Aunque las negativas son poco comunes, la cortesía internacional marca que se indiquen los motivos probados y justificados por los que se rechaza la propuesta, aunque sobre el papel no existe obligación alguna de aportar estos detalles. 

El cierre de la agregaduría militar en Caracas llegó después de varias turbulencias vividas en las relaciones internacionales, y se anunció meses después de que España también cesara al embajador en Venezuela y pusiera en su lugar a Juan Fernández Trigo como Encargado de Negocios, un puesto para el que no se pidió el visto bueno de Venezuela. La 'rebaja' del rango se alineaba también con la postura europea en señal de no reconocimiento del Gobierno de Maduro, al no considerar legítimas las elecciones de 2018. Al choque diplomático también contribuyó la presencia de Leopoldo López en la embajada española y su posterior traslado a España. 

En octubre del pasado año, cuando se anunció el recambio de los diplomáticos en Venezuela, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, explicó en el Congreso que "el reconocimiento que se da a las actuales autoridades no da las condiciones para la presentación formal de una petición de plácet". Dos meses después, y unas elecciones venezolanas de por medio, España sí espera ahora el visto bueno de Maduro para que un repsentante español se haga cargo de los asuntos militares.