Iglesias se despedirá del Gobierno con una nueva reunión sobre Vivienda para usarla en campaña
Las negociaciones se retomarán el lunes, un día antes de que el vicepresidente deje el cargo. La parte socialista del Gobierno teme que Podemos retrase el acuerdo hasta después de las elecciones en Madrid

Pablo Iglesias no conseguirá dejar cerrada la Ley de Vivienda antes de abandonar el Gobierno. Las posiciones entre socialistas y morados siguen distanciadas, con la regulación de precio de los alquileres como principal caballo de batalla. Y no será hasta el lunes cuando se produzca un nuevo encuentro de los equipos negociadores para acercar posturas. Sólo un día después, el líder de Podemos deberá dejar su puesto como vicepresidente segundo para poder presentarse a las elecciones madrileñas del 4 de mayo.

Aunque era un punto que había pasado desapercibido para todos, el artículo 3.2 de la ley electoral de la Comunidad de Madrid recoge como requisito para aspirar la presidencia regional que los candidatos no ocupen un cargo en el Ejecutivo central. Tras horas de incertidumbre, el propio Iglesias reconoció este martes en los pasillos del Senado que el Consejo de Ministros de la próxima semana será su última reunión dentro del Ejecutivo. El plazo para registrar las candidaturas finaliza el 31 de marzo e impedirá cumplir su propósito de mantenerse en el puesto hasta el arranque de la campaña.

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Cuando Iglesias deje el Ejecutivo, la Ley de Vivienda que PSOE y Unidas Podemos pactaron impulsar en el primer trimestre de 2021 no estará lista para iniciar los trámites preceptivos antes de su aprobación y remisión al Congreso. "Si no hay un milagro, la ley se ralentizará y ya está", asumen fuentes socialistas consultadas por LPO. "Todavía no se han producido avances para decir que estamos en el acuerdo", añaden. "Las posiciones están muy alejadas", coinciden en señalar desde el sector morado.

 Cada uno defiende una fórmula distinta para frenar las subidas del precio del alquiler en algunas ciudades. Y ahí está el gran conflicto. Las fuentes socialistas consultadas deslizan además que Iglesias habría retrasado intencionadamente y con fines electorales el avance de la negociación entre el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra. Esta última está llamada a sustituir al propio Iglesias al frente del Ministerio de Derechos Sociales. 

Para Iglesias, el conflicto con los socialistas puede ser un arma de cara a la cita con las urnas. El pasado fin de semana, los morados animaron a participar en la manifestación contra la Ley de Vivienda que se celebró el sábado en Madrid. "Es una pena que una ley que está ya hecha pueda retrasarse casi dos meses porque Podemos quiera usar la falta de acuerdo como argumento electoral", reprochan desde el PSOE.

El borrador trasladado por el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos no incorpora la limitación a los precios del alquiler, como recogía el acuerdo de coalición. Sin embargo, sí contemplaba bonificaciones de hasta el 90% para los propietarios que decidan bajar la mensualidad del arrendamiento. Desde el PSOE desmienten que esas bonificaciones "solo beneficien a los grandes tenedores", como sostienen los morados. "La deducción es sobre el IRPF, y de ella se benefician todos. Sobre todo, los pequeños propietarios particulares", puntualizan. 

Los morados amenazaron con no apoyar la norma si Ábalos no acepta introducir sus propuestas, pero el PSOE descarta impulsarla si no hay acuerdo

Por otro lado, respecto a la regulación de los precios del alquiler que exigen los de Iglesias, en el PSOE se muestran abiertos a "estudiarlo" en zonas "especialmente sensibles". En cualquier caso, apuntan que "el mercado ha cambiado con la pandemia", pero dicen estar "abiertos a reconocer esa posibilidad en zonas concretas, pero sin fijaciones explícitas". 

Los de Iglesias amenazaron con no apoyar la norma si Ábalos no acepta introducir sus propuestas. Sin embargo, desde el sector socialista descartan impulsar la ley si no cuenta con el visto bueno de sus socios. Por otro lado, afean que el debate se centre en la cuestión de los alquileres y defienden que la nueva norma contempla un catálogo de medidas "mucho más amplio", que incluye ampliar el parque público de vivienda.

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