Podemos
Iglesias liquida la cláusula anti-fusión de Podemos y allana una alianza con IU
El partido morado ha publicado sus nuevas normas internas, donde endurece las sanciones para dirigentes que critiquen a la organización y reduce las mayorías para cambiar la personalidad jurídica de la formación

 Los últimos movimientos de Pablo Iglesias allanan una eventual fusión con Izquierda Unida y el Partido Comunista Español (PCE). Podemos ha sacado a la luz en los últimos días sus nuevos estatutos, en los que ha eliminado la cláusula anti-fusión por la que se necesitaba una mayoría reforzada para aprobar un cambio en la personalidad jurídica del partido. 

Un cambio que se publicó el mismo día en que la formación también modificó su reglamento interno para permitir que Yolanda Díaz pudiera ser candidata pese a no estar inscrita en Podemos. La ministra de Trabajo y futura vicepresidenta sí es militante del PCE, partido mayoritario en la coalición de Izquierda Unida que en los últimos meses ha abogado por "superar" IU. Algunas voces en Podemos se muestran convencidas de que  "lo de Yolanda anticipa una fusión con Izquierda Unida", con la intención de poner en valor "una alianza con IU", una vez deteriorado el capital político morado. 

[Podemos modifica sus normas internas para que Yolanda Díaz pueda ser candidata sin estar inscrita]

Entre los perfiles que han ganado peso en Unidas Podemos, además del de Díaz, hay dos nombres destacados, en la vertiente parlamentaria e institucional: el de Enrique Santiago, secretario general del PCE y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, y el de Amanda Meyer, de IU y directora de gabinete de Irene Montero en el Ministerio de Igualdad. Personas de confianza en el núcleo duro de Podemos que personifican el acercamiento entre ambas formaciones. Una proximidad que ahora podrá traducirse también en la unificación orgánica de las dos fuerzas. Ya en las próximas elecciones andaluzas está sobre la mesa la cesión de la candidatura a Izquierda Unida Andalucía, liderada por Toni Valero. 

El acercamiento de IU responde a la ausencia de estructura de Podemos, que creció al albur de distintas convocatorias electorales, que vinieron seguidas de una guerra fraticida y el blindaje de su cúpula, cada vez más cerrada a la militancia. La entrada en el Gobierno por parte de sus dos principales dirigentes supuso un golpe a nivel orgánico; el trasvase de cuadros del partido a los ministerios dejó en evidencia la falta de técnicos, y los morados abandonaron el encuentro con los afiliados para centrarse en actos institucionales, según denunciaron las propias bases. 

La entrada de Iglesias y Montero en el Gobierno supuso el abandono de la bases por parte de la dirección, según denunció su militancia

Izquierda Unida, en cambio, goza de un importante músculo territorial gracias a sus 25 años de historia, que bebe también del PCE, presente desde hace cien años. Con implantación en todas las provincias, IU cuenta con una importante presencia en ayuntamientos y una estructura reconocible, algo de lo que carecen los de Iglesias, que no han sabido asentar la organización en los territorios, donde han perdido gran parte del poder, y que sigue centrando todo el poder en el núcleo duro del partido. 

Elimina la cláusula 'anti fusión'

El pasado jueves 11 de marzo, día en que Pablo Iglesias decidió ser el candidato a la Comunidad de Madrid, Podemos publicó en su web -sin publicidad alguna- unos nuevos estatutos. Este texto es, teóricamente, una transposición de los documentos salidos de la III Asamblea Ciudadana Estatal celebrada telemáticamente en mayo del pasado año, en la que Iglesias vetó los debates. En este nuevo documento se ha aprovechado para introducir una modificación de peso que allana el camino a cambiar el nombre y la personalidad jurídica de Podemos, eliminando la mayoría reforzada para este supuesto. 

En el artículo 14 del anterior reglamento, publicado en 2017 y salido de Vistalegre 2 [consultar aquí en PDF], se establecía que "en caso de que los acuerdos de la Asamblea Ciudadana impliquen variar la forma jurídica de Podemos, su desaparición o cualquier proceso de cambio de naturaleza orgánica con otras fuerzas políticas, será necesario adoptar las decisiones por mayorías cualificadas de dos tercios (2/3) de las personas afiliadas en Podemos y de idéntica proporción de los círculos activos, Espacios Municipales Unificados y coordinadoras que tuvieran derechos de participación según los reglamentos aprobados". Este apartado se elimina de los nuevos estatutos [consultar el texto aquí].

A la izquierda, los Estatutos de Podemos publicados en 2017; a la derecha, los Estatutos publicados este marzo.

Este requisito cobró especial importancia a principios 2017, en plena guerra entre Iñigo Errejón e Iglesias antes de Vistalegre 2, cuando se puso sobre la mesa la posible fusión con Izquierda Unida. El entonces número dos incluyó en sus documentos una cláusula que blindaba la autonomía de Podemos respecto al partido de Alberto Garzón. Ante el debate suscitado y la poca simpatía que generaba entre las bases esa unión orgánica, Pablo Iglesias se avino a incluir esa misma cláusula, aunque públicamente abogaba por la construcción de "espacios" conjuntos.

Los nuevos estatutos, que fulminan ahora esa mayoría reforzada, también permiten a la Ejecutiva de Pablo Iglesias hacer cambios discrecionales en los futuros Estatutos sin tener que consultarlo previamente con la militancia. Así, en el artículo 14 del texto se elimina la competencia de la Asamblea Ciudadana de votar para "aprobar, de manera directa o delegada, los Estatutos y autorizar sus modificaciones". Un apartado que sí figuraba en el documento de 2017 y que se ha visto suprimido.

IU apuesta por "profundizar la unidad"

Por parte de IU-PCE también se muestran favorables a estrechar la relación con Podemos. La Conferencia Política del PCE ya aprobó el pasado octubre un documento donde defendía la necesidad de "superar" IU para lograr un proceso de convergencia y que la coalición de Unidas Podemos se limitara únicamente a una "alianza electoral". El partido pedía concretar ese nuevo sujeto político con un "mínimo de cohesión territorial que permita trascender el proyecto de unidad electoral que es Unidas Podemos".

Esta tesis ha sido asumida también por Izquierda Unida, que ha aprobado en su Asamblea General este marzo un documento político donde aboga por superar la organización y sitúa como objetivo estratégico el de "Fortalecer el espacio conjunto de convergencia" y "democratizar" este espacio para asentar su "base popular y territorial", señalando "la necesidad de ampliar el espacio actual de Unidas Podemos y profundizar la unidad para que esta no solo sea electoral". 

[La falta de liderazgo en Podemos Andalucía abre paso a una candidatura de IU para las elecciones]

En el documento aprobado, bautizado Avanzando hacia la República, se detalla que "es necesario que se antepongan los intereses del pueblo a las dinámicas identitarias de las organizaciones políticas". En este sentido, IU señala a Unidas Podemos como "la única base sólida que tenemos".

En los nuevos estatutos de IU también se abre la puerta a permitir la pertenencia en otras organizaciones políticas, allanando una eventual unión. Así, en el apartado de "pluralidad política", destaca que se reconoce "el derecho de sus miembros a pertenecer a otras organizaciones sociales, culturales o políticas, siempre que estas organizaciones políticas estén integradas en IU o sus federaciones, que sus objetivos globales y principios de funcionamiento no entren en contradicción, ni en competencia electoral con IU, y sin que este hecho pueda suponer privilegio alguno ni reconocimiento de situación especial en el seno de la organización, ni condicione la personalidad jurídica de Izquierda Unida, ni la de sus federaciones.

Sanciones 'mordaza', blindaje judicial y menos poder a las bases

En julio 2017, Podemos generó una gran polémica al publicar sus nuevos estatutos, que introducían un nuevo sistema de sanciones que contemplaba la inhabilitación de los cargos públicos que filtraran información o emitieran opiniones que pudieran dañar "la imagen del partido". 

Un detallado régimen sancionador que iba en contra del partido 'de la transparencia', en cuyo nacimiento -apenas dos años antes- Iglesias pidió retransmitir cada una de sus reuniones con otros dirigentes. El documento que desencadenó el cese de la entonces presidenta de la Comisión de Garantías elegida pocos meses antes, Olga Jiménez, después de que se opusiera al documento. Una corriente del partido también llevó a Podemos a los tribunales por estos estatutos. 

Algunos de los cambios más llamativos se refieren al procedimiento sancionador, por el que se endurecen las sanciones para los dirigentes que emitan críticas al partido. Así, si antes Podemos podía considerar una sanción grave el hecho de hacer "declaraciones públicas" que pudieran perjudicar el partido, ahora determina como "muy grave" el hecho de "perjudicar a la organización por medio de declaraciones públicas sin respetar los cauces internos del partido" o de "perjudicar a la organización por medio de actuaciones individuales o colectivas que tengan como objetivo dañar electoralmente al partido".

Podemos pasa a considerar infracción muy grave el recurso a "los medios judiciales sin agotar previamente las vías internas", aunque de facto la Ejecutiva del partido es quien controla estas vías internas

La formación también se blinda ante posibles denuncias y considera "muy graves" la utilización de "los medios judiciales sin agotar previamente las vías internas de resolución de conflictos", aunque la ejecutiva de Podemos es quien controla de facto el transcurso de estas vías internas, ya que es el encargado de incoar los expedientes abiertos por la Comisión de Garantías, y los puede bloquear sine die.

Algunas de las novedades introducidas en el apartado "infracciones muy graves" de los nuevos Estatutos de Podemos.

En las modificaciones, Podemos también resta poder a sus bases, aumentando las mayorías necesarias para que tengan poder de decisión. Así, si antes se requería la mayoría simple del Consejo Ciudadano Estatal, el 10% de los inscritos en Podemos o el 20% de los círculos activos -las organizaciones vecinales de la formación- para poder forzar una votación vinculante sobre decisiones estratégicas (como una alianza electoral o una coalición), ahora se dificulta, y se requiere la mayoría absoluta del CCE o el 25% de los afiliados, eliminando la opción de que los círculos puedan forzar estas votaciones.

Los nuevos Estatutos de Podemos eliminan asimismo una cláusula que permite a los afiliados "impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la ley o a los presentes Estatutos". Este apartado figuraba en el Artículo 7.4 de los anteriores estatutos de 2017, salidos de Vistalegre 2, y ahora desaparece en el nuevo documento. Esta supresión llega después de que una corriente del partido le doblara el brazo a Podemos en los tribunales después de la condena a la formación por irregularidades en unas primarias del partido. Una primera sentencia que supuso un precedente para una cascada de denuncias por incumplir los requisitos en los procesos internos.

Los estatutos eliminan el apartado que permite a los afiliados "impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la ley o a los presentes estatutos", después de que los tribunales anularan unas primarias a principios de este año

Los nuevos cambios organizativos también introducen el control de la ejecutiva de Podemos de la Comisión de Garantías, el 'tribunal interno' del partido. Así, los nuevos estatutos señalan que "el Consejo de Coordinación decidirá además, discrecionalmente, y atendiendo a la gravedad de la sanción y a las circunstancias que concurran, el tipo de procedimiento que deba seguirse para su tramitación y el órgano encargado de su tramitación y resolución". Es decir, la ejecutiva de Iglesias será quien elija el curso de cada uno de los procedimientos iniciados. En el caso de que se opte por la vía del arbitraje en lugar del procedimiento ordinario, será el secretario de Organización quien designe discrecionalmente al árbitro que deberá resolver el conflicto, eliminando así cualquier atisbo de independencia.

Las nuevas normas también van encaminadas a sanear las cuentas, y se introduce la obligatoriedad de la cuota para los afiliados, estableciendo que "los militantes de Podemos deberán abonar la cuota que reglamentariamente se establezca". Además de obligar a los militantes a pagar una cuota, Podemos trata de revertir la pérdida de capital sobrevenida por la caída de las subvenciones tras perder presencia parlamentaria.  Así, en sus nuevos estatutos endurecen las sanciones para los cargos públicos que no donen. Si la cantidad no donada es menor a 3.000 euros se considerará infracción grave, y si es superior se entenderá como "muy grave", algo que podría llevar a la expulsión o a sanciones económicas no especificadas.

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