Moreno y Marín se resisten a eliminar la administración paralela del PSOE-A para evitar una oleada de despidos
La Junta contrató informes a auditoras externas para decidir qué entes públicos suprimir. Ahora ha licitado un nuevo estudio que dilatará más el proceso

PP y Ciudadanos entraron al gobierno regional de la Junta de Andalucía con la promesa de desmontar la denominada 'administración paralela' construida por el PSOE durante sus más de tres décadas de gobierno. Pero dos años después de su entrada al Palacio de San Telmo, el grueso de la tarea sigue pendiente de informes de auditoría encargados a consultoras privadas para reorganizar los entes instrumentales donde trabajan unos 27.000 empleados públicos. 

Desde Vox presionan para que tanto el presidente Juanma Moreno como el vicepresidente Juan Marín den pasos adelante en una tarea que aún tiene visos de demorarse. Ambos dirigentes firmaban esta semana una adenda a su pacto de gobierno en el que se comprometían no sólo a rechazar el trasvase de cargos entre sus dos partidos, sino llevar la legislatura hasta su término natural a finales de 2022. 

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Hasta ahora, los únicos pasos que han dado en la reforma de la denominada 'administración paralela' se circunscriben al ámbito del impulso económico y el emprendimiento, con la intención anunciada de fusionar las cuatro agencias de apoyo empresarial, que pasarán a formar Andalucía Trade. Al margen de eso, se ha puesto de manifiesto también la intención de juntar las fundaciones Barenboim-Said, Legado Andalusí y Tres Culturas.

Pero el grueso de la reforma queda a la espera de los informes de auditoría sobre 54 entes instrumentales que deberían haberse recibido ya en 2020. Según fuentes de la consejería de Presidencia que dirige Elías Bendondo consultadas por LPO, dichos estudios estarán "pronto". Marín anunció hace semanas que ya se han entregado los informes provisionales a los entes afectados para que hagan sus alegaciones, y que los definitivos estarían listos en el primer trimestre del año. El mes de marzo está a punto de concluir. 

"Ninguna información"

 "De momento no tenemos información, ni ningún resultado", asegura Esperanza Morales, secretaria de Administración Autonómica y Sector Público Andaluz de UGT-A. "Todo está en el mismo punto, no ha cambiado nada", añade. Los sindicatos afean que el Ejecutivo regional decidiese externalizar las auditorías que ya habían realizado órganos internos de fiscalización y control de la Junta.  

"El asunto está en 'stand-by', a la espera de que políticamente decidan qué hacer", reconoce, por su parte,  Pablo López del Amo, coordinador del sector de administración autonómica de CCOO Andalucía. "Hay 27.000 personas con derechos adquiridos, que hacen hospitales enteros, gestionan servicios de empleo, vivienda protegida o la red de albergues juveniles. Y el que más o el que menos, tiene ya quince o veinte años de contratos a sus espaldas", recuerda. 

Saben que no pueden despedir a 27.000 personas, indemnizarlas y dejar de cubrir el servicio público que hacen

En este sentido, considera que el gobierno regional se ha dado de bruces con una realidad incompatible con su discurso de campaña. "Saben que no pueden despedir a 27.000 personas, indemnizarlas y dejar de cubrir el servicio público que hacen", zanja. 

En todo caso, una vez que el gobierno regional tenga dichos informes, la Junta tiene licitado ya otro concurso por 3,3 millones para encargar una nueva asesoría privada que les oriente sobre cómo tomar y ejecutar las decisiones respecto a los entes instrumentales, en base a los informes de auditoría antes citados. 

"Nos parece muy mal que el dinero público se utilice para no tener resultados", incide Morales, al tiempo que pone en valor el trabajo de los empleados de esos entes. "Fusionarán algunos entes instrumentales y poco más, porque no pueden prescindir del servicio público que prestan los trabajadores", concluye. 

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