Trabajo
Yolanda Díaz castiga a los inspectores de Trabajo: 300 euros menos al mes si quieren cambiar de provincia
Los sindicatos denuncian un "recorte encubierto" de salarios. "Si esto pasara en una empresa tendríamos que sancionarlo", denuncian.

Nuevo golpe a la Inspección de Trabajo por parte del ministerio de Yolanda Díaz. Los inspectores de Trabajo que quieran presentarse al concurso de traslados para cambiar de provincia tendrán que renunciar a una parte del sueldo equivalente a 300 euros mensuales. El pasado sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado la esperada convocatoria de desplazamiento para estos funcionarios-la última salió en 2018-, con la sorpresa de que casi el 40% de las plazas ofertadas se corresponden a un nivel 26, un escalafón menos que el que ostentan en la actualidad, con la pérdida de poder adquisitivo que eso conlleva pese a que realizan las mismas funciones.

Este órdago llega poco después de que Trabajo haya abierto una negociación con la mesa sindical de este colectivo para acordar una mejora de condiciones laborales. Una de las exigencias planteadas fue precisamente la supresión del nivel 26 dentro del organismo tras las denuncias de "discriminación" que tienen lugar en el acceso a la carrera. Y es que los inspectores de nuevo ingreso acceden automáticamente a un puesto de trabajo nivel 26 con peores condiciones que el resto de sus compañeros de profesión, pese a realizar las mismas labores. Una anomalía que obliga a  los nuevos funcionarios de carrera a recurrir a los tribunales, que terminan reconociendo el nivel 27 y condenan a la Administración a pagar los sueldos atrasados más intereses.

[La Inspección de Trabajo exige a Díaz acabar con la "discriminación" de los funcionarios entrantes]

El organismo de la Inspección, dirigido por el ex diputado de Podemos Héctor Illueca, se había comprometido a ponerle solución después de las reiteradas denuncias de los sindicatos. Éste es "compromiso cerrado", señalan desde CCOO, y se materializará en el acuerdo que se firme en mayo con la mejora de las condiciones. Este mismo miércoles ha tenido lugar la tercera reunión entre el ministerio y la plataforma sindical, que aúna a media docena de colectivos, que coinciden en lamentar la "decepción" por la última convocatoria del BOE [consultar aquí], que va en dirección opuesta a los compromisos alcanzados.

De las 96 plazas ofertadas, 36 se corresponden con un nivel 26, lo que supone un 37,5% del total. Una circunstancia que no tiene precedentes dentro del cuerpo. En la convocatoria de 2018 ninguna de las 45 plazas ofertadas tenía esa categoría; en 2017 tampoco había ninguna de ese tipo en las 74 que ofrecieron. Tampoco en 2013, mientras que en 2008 se ofrecieron 86 plazas en las que sólo dos tenían el nivel 26-. 

El concurso publicado para los inspectores de Trabajo anticipa una nueva oleada de recursos contencioso-administrativos ante los tribunales

La convocatoria pone en una incómoda situación a casi el centenar de funcionarios que pidan un desplazamiento. Aquellos que tengan la antigüedad suficiente para aspirar a otro puesto, tendrán que elegir entre trabajar al lugar deseado o mantener sus condiciones económicas.  Tras la promesa del ministerio de unificar todos los puestos, desde CCOO defienden que "los más coherente es que salgan todos los puestos y que la gente que ya esté dentro tenga la oportunidad de elegir su destino geográfico y que su plaza se transforme en nivel 27".  Sin embargo, la "incertidumbre" existente llevará previsiblemente a la interposición de una oleada de recursos contencioso-administrativo en los tribunales.

Desde el organismo del Gobierno justifican la convocatoria en que "la mayoría de plazas ofertadas son de nivel 27" y apuntan a que las plazas inferiores son para los nuevos inspectores: "Existe un número reducido de plazas, creadas por el ministerio competente, Política Territorial y Función Pública, para nuevo ingreso". Aseguran en el ministerio que "Función Pública ha creado estas plazas de nivel 26 y ha permitido que se saquen a concurso, lo que da más posibilidades de movilidad a los funcionarios. La otra opción es que en el concurso hubiese 36 plazas menos".

Desde el CSIF aceptan la justificación del Gobierno. "Antes había plazas que no se le ofrecían a los veteranos, y que a veces se llevaban los nuevos", alegan. En el caso de Illueca, director del organismo, tuvo que trasladarse a Girona aunque él era de la Comunidad Valenciana. Después de aceptar una plaza en Cataluña, uno de los territorios menos cotizados dentro del cuerpo, vio cómo un inspector de nuevo acceso elegía plaza en Valencia con un nivel 26, una plaza que no se había ofertado previamente dentro del concurso interno. A su llegada al organismo, el director general ha querido poner remedio a esta situación. 

Algunas voces denuncian el "ahorro de costes encubierto" que supone el concurso, pues obliga a los inspectores a renunciar a su sueldo para escoger algunas de las plazas más cotizadas

Sin embargo, algunas voces -que prefieren no desvelar su identidad- apuntan a la existencia de un posible "ahorro de costes encubierto" a través de este concurso, por el que hacen que "inspectores de Trabajo renuncien a parte de su sueldo voluntariamente". Así, llama la atención sobre los puestos ofertados. Normalmente los inspectores de nuevo acceso tienen a su disposición las plazas que "nadie quiere", situadas en Cataluña o País Vasco, que se corresponden a nivel 26, peor remuneradas. Sin embargo, existen otras tremendamente cotizadas, como es el caso de Sevilla, Cádiz o Zaragoza, que suelen ser 'pedidas' por funcionarios que deben acumular hasta 10 años en el cuerpo para tener acceso a ellas. 

La particularidad de este concurso de traslados es que se oferta un nivel inferior en las provincias más reclamadas, obligando a los inspectores veteranos a aceptar peor remuneración si quieren trasladarse allí. Así, de las seis plazas ofertadas en Sevilla, cuatro son de nivel 26; dos son de este tipo de las tres que se ofertan en Zaragoza; y lo mismo ocurre en Cádiz. Mientras, sólo se oferta un nivel 27 em los lugares habitualmente menos atractivos para los traslados, como son Barcelona y País Vasco, que tradicionalmente van destinados a los inspectores de nuevo ingreso, por lo que se corresponderían con un nivel menos. 

En caso de que queden libres plazas de nivel 27, éstas pasarán a convertirse en nivel 26 para los funcionarios de nuevo ingreso, pues [de momento] es el escalafón establecido para este colectivo. ¿El resultado? Habrá muchos más funcionarios percibiendo menos salario del que le corresponde, según denuncian algunas fuentes. 

Una "discriminación" sancionable

 La desigualdad dentro del cuerpo entre funcionarios con las mismas labores ha sentado especialmente mal en la mesa sindical que negocia con Trabajo. Este mismo miércoles se daba a conocer una sanción de más de 15.000 a una empresa que ofrecía salarios más bajos a las mujeres. Aunque en este caso no existe razón de sexo, desde los sindicatos sí apuntan a que es un tipo de "discriminación" a profesionales que realizan igual labor. 

[El Gobierno paga 2,6M a Accenture para reforzar la Inspección mientras 86 subinspectores cobran sin trabajar]

"Si esto pasara en una empresa privada, nosotros como Inspección tendríamos que actuar, porque si es el mismo trabajo existe el derecho a la misma remuneración. Y nosotros, que somos quienes sancionaríamos esa conducta, nos lo hacen desde arriba", denuncia Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que denuncia que es "un paso más en precarización de los inspectores de trabajo".

La Inspección de Trabajo ha adquirido un papel primordial durante la pandemia, tanto en la prevención del fraude en la asignación de las ayudas como en el control del 'protocolo Covid', por que le se realizaron 3.226 actuaciones que derivaron en algunos casos en importantes sanciones. Sin embargo, no es la única polémica relativa a este organismo, después de que saliera a la luz la situación de más de 200 funcionarios que llevaban meses percibiendo un sueldo público sin poder trabajar por no tener asignada plaza. El concurso ahora publicado, que se resolverá en tres meses, es el paso previo para que después pueda publicarse la convocatoria para inspectores de nuevo acceso y que puedan incorporarse hacia otoño. 

Vacuna para los 'vigilantes' del cumplimiento del protocolo Covid

Otra de las reivindicaciones que ha puesto sobre la mesa la plataforma sindical es el de la vacunación. Después de que el Gobierno declarara personal preferente a Policías y Guardias Civiles, los inspectores de Trabajo consideran que también son un sector especialmente expuesto al contagio. En junio, el Gobierno habilitó a los Inspectores de Trabajo a controlar el 'protocolo Covid', llegando a acudir a lugares de trabajo donde existen brotes para comprobar que se seguían las recomendaciones sanitarias. "¿Habilitas a un cuerpo para vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención del Covid y sin embargo no les vacunas?", se preguntan desde el SITSS.

La reivindicación llega pocos meses antes de que comience la campaña en el campo, donde la Inspección tiene un papel primordial, acudiendo a las viviendas de los temporeros para vigilar que se cumplan las condiciones higienicosanitarias. Unos lugares a los que acuden con agentes de Guardia Civil o Policía para que les faciliten protección. A diferencia de los primeros, los que entran en los alojamientos y centros de trabajo no están vacunados.

La petición al ministerio de Trabajo llega después de que varias comunidades como La Rioja y Cataluña sí hayan incluido a los inspectores y subinspectores en la lista de personal que puede vacunarse. La petición es ahora que se incluya a este personal en el protocolo nacional de vacunación.

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