El decreto de Isabel Díaz Ayuso para celebrar elecciones el 4 de mayo ya está en manos de la Justicia. La Mesa de la Asamblea de Madrid ha acatado este jueves su disolución, pero ha recurrido ante el TSJM el texto firmado por la presidenta regional pidiendo, además, medidas cautelarísimas. A la espera de un pronunciamiento del Tribunal, el Gobierno ya ha activado el voto por correo para unos comicios que, de momento, están en el aire.

Según ha podido saber LPO, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, dependiente del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos, y que preside Juanma Serrano, ex director de gabinete de Pedro Sánchez, ha aprobado este jueves el calendario para la tramitación de esta modalidad de voto, que cualquier madrileño puede solicitar desde este mismo 11 de marzo.

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Según este plan aprobado por Correos, cualquier ciudadano censado en Madrid puede acercarse a una oficina del servicio postal para solicitar el certificado para el voto por correo hasta el próximo 24 de abril. Además, se ha establecido que la remisión de la documentación electoral por parte de la Oficina del Censo Electoral comience el próximo 14 de abril y finalice el día 27. El plazo para remitir el voto por correo por parte de los electores finalizará el 30 de abril, cuatro días antes de las elecciones.

En el calendario elaborado por la Sociedad Estatal se confirma que la campaña electoral se prolongará durante las dos semanas que van del domingo 18 de abril al domingo 2 de mayo. Correos especifica que será únicamente durante esos 14 días cuando se pueda realizar la entrega de envíos de la propaganda electoral de los diferentes partidos políticos.

De esta forma, el servicio postal pone en marcha la tramitación del voto por correo a la espera de la decisión de los tribunales respecto a la celebración o no de las elecciones del 4 de mayo. Una situación de incertidumbre jurídica que ya se vivió en Cataluña, cuando el TSJC anuló finalmente el decreto firmado por Pere Aragonés que posponía los comicios del 14-F a mayo. 

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Ahora, las miradas están puestas en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque fuentes de los diferentes partidos consultados no descartan que el asunto llegue a instancias judiciales más altas: "Esto puede acabar en el Tribunal Constitucional".