Estados Unidos
Los republicanos redoblan ataques contra Biden por su política migratoria
El Procurador General de Florida demandó a su gobierno por las órdenes que limitan la detención y deportación de inmigrantes ilegales, en medio de flujo récord en la frontera con México.

La Procuradoría General de Florida ha presentado una demanda contra las directivas de la administración de Biden que limitan la detención y deportación de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, según documentos judiciales.

La demanda federal, que fue presentada por la fiscal general de Florida Ashley Moody, una republicana, se centra en los memorandos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos el 20 de enero y el 18 de febrero.

En el memorando del 20 de enero, el DHS dijo que la agencia estaba lanzando una revisión de varias políticas y estaba estableciendo una "pausa de 100 días en ciertas remociones para permitir enfocar los recursos del departamento donde más se necesitan". En el mismo documento, el entonces secretario interino del DHS, David Pekoske, dijo que a la luz de la pandemia de Covid-19, el departamento "no puede responder a todas las violaciones de inmigración o expulsar a todas las personas ilegalmente en los Estados Unidos".

Y agregó el memo: "Más bien, el DHS debe implementar la aplicación de la ley de inmigración civil basándose en prioridades sensibles y circunstancias cambiantes". 

La demanda federal, que fue presentada por la fiscal general de Florida Ashley Moody, una republicana, se centra en los memorandos emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos el 20 de enero y el 18 de febrero.

Después de que un juez federal en Texas bloqueó esa medida, ICE emitió un segundo memorando en febrero que establecía "prioridades provisionales" para las acciones de ejecución de la agencia, incluido un enfoque en los inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional, hayan sido condenados por delitos graves agravados o actividad relacionada con pandillas, o detenidos en la frontera desde el 1 de noviembre de 2020.

Ashley Mood, Fiscal General de Florida. 

La nueva demanda alega que "las acciones de la Administración Biden permitirán que los delincuentes extranjeros sean liberados y se muevan libremente en el estado de Florida, y el delito resultante le costará al estado millones de dólares en aplicación de la ley, encarcelamiento y asistencia a las víctimas del delito".

Además, la demanda argumenta que las directivas del DHS y la agencia ICE violan la ley federal. "A las pocas horas de haber prestado juramento, el presidente Joseph R. Biden, Jr., y miembros de su administración violaron sus juramentos en el cargo, desobedecieron los estatutos del Congreso, no protegieron a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes por igual y crearon lo que rápidamente se convertirá en una pesadilla de seguridad pública ", agregó la demanda.

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En una entrevista con Fox & Friends el martes por la noche, Moody dijo que la administración está "haciendo caso omiso de sus responsabilidades bajo la ley federal". "Se requiere deportar a los criminales extranjeros que están aquí ilegalmente, y solo dice que no lo vamos a hacer más", expresó.

La denuncia también describe varios casos en los que los funcionarios de ICE se negaron a tomar la custodia de los inmigrantes después de haber sido contactados por funcionarios de prisiones locales antes de su liberación.

El mes pasado, otro estado, Arizona, presentó una demanda similar. Montana también firmó esa denuncia el martes. Anteriormente, los funcionarios de la administración han dicho que la guía actualizada no evita que nadie sea arrestado o deportado, sino que busca dirigir los recursos a objetivos específicos. Sin embargo, los agentes que busquen arrestar a personas que no sean amenazas a la seguridad nacional, que hayan cruzado la frontera antes del 1 de noviembre o hayan cometido delitos graves con agravantes necesitarán aprobación, lo que se espera que lleve a una disminución de los arrestos.

"Al concentrar nuestros recursos limitados en casos que presentan amenazas a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, nuestra agencia ejecutará de manera más hábil y eficaz sus misiones de aplicación de la ley", dijo el director interino de ICE, Tae Johnson, en febrero.



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