El plan de ayudas a las empresas que iba a aprobar este martes el Consejo de Ministros por valor de 11.000 millones de euros ha abierto una nueva grieta en el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Las posiciones que defiende la vicepresidencia económica de Nadia Calviño difieren del criterio que mantiene la vicepresidencia de Pablo Iglesias para mantener a flote el tejido productivo español.

Así se han encargado los morados de hacerlo saber a lo largo de este lunes, alineándose con la visión de los empresarios de potenciar las ayudas directas en detrimento de la quita de deuda que tiene en mente Economía para las compañías. Desde Unidas Podemos sostienen que la prioridad del plan de ayudas anunciado por Pedro Sánchez debería ser el fondo destinado a ayudas directas donde, por contra, Calviño apuesta por la cirugía fina para evitar reflotar empresas destinadas irremediablemente a la quiebra. 

Consideran los de Iglesias que dos de las tres patas del plan  que podría ser aprobado el viernes (el fondo para quitas que no gustan nada a la banca y el destinado recapitalizar empresas a través de créditos gestionados por la empresa pública Cofides), deberían ser "instrumentos secundarios". En cambio, en un documento de observaciones remitido este domingo a Economía y al que ha tenido acceso LPO, proponen destinar "al menos" 8.000 de los 11.000 millones del programa a ayudas a fondo perdido. 

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Fuentes de la patronal CEOE consultadas por este diario coinciden también en que "lo que se necesitan son ayudas directas porque las empresas están ya muy endeudadas. Es lo mismo que han hecho en otros países con Francia o Alemania; no hay que inventar nada", se lamentan. Al igual que los empresarios, desde la vicepresidencia de Iglesias se muestran partidarios de "desarrollar instrumentos similares a los que han desarrollado los países de nuestro entorno (más centrados en ayudas directas y medidas de recapitalización)". 

Los empresarios creen que soluciones que se pusieron en marcha al principio de la pandemia como los créditos ICO y los ERTE "estaban muy bien", pero que son medidas "diseñadas para situaciones muy coyunturales". Por eso, tras más de un año de crisis sanitaria, "se necesitan otro tipo de ayudas para evitar que las empresas empiecen a caer de forma importante", añaden. 

Desde la vicepresidencia que controla Iglesias consideran que "el problema fundamental que ahora tienen las empresas es de falta de ingresos más que de deuda". Por eso -sostienen-"la restructuración de los pasivos empresariales no va a evitar la circunstancia fundamental que está determinando la insolvencia de miles de empresas: la contención de la demanda y, con ello, la caída de la facturación y de los ingresos".

El hecho de haber pedido un ICO no significa que las empresas no estén en crisis, y ahora también hay que ayudarlas

Y al igual que los empresarios, los morados defienden que las ayudas no deberían ir dirigidas únicamente a aquellos que en su día decidieron acogerse a los créditos ICO como parece pretender Economía. "No parece justificable un tratamiento diferenciado a las empresas en función de si en su momento utilizaron o no deuda del ICO (frente a las que, por ejemplo, utilizaron recursos propios para afrontar la pandemia)", apunta el documento. 

Desde la patronal también creen que centrar las ayudas en las empresas que se beneficiaron de las líneas del Instituto de Crédito Oficial puede provocar una situación injusta: "Hay que compatibilizar las que los solicitaron con aquellas otras empresas que han tratado de superar esta crisis a pulmón, con sus propios recursos". "El hecho de haber pedido un ICO no significa que las empresas no estén en crisis, y ahora también hay que ayudarlas", añaden.

Sin embargo, entre el empresariado "reina ahora mismo la incertidumbre" sobre los criterios que finalmente fijará el Ejecutivo para poder beneficiarse de las líneas de ayuda y sobre quién se encargará de asignarlas. "Esa va a ser la clave", zanjan. En cualquier caso, las fuentes de la patronal consultadas hacen especial hincapié en que el éxito de las mismas estará en "que la gestión sea simple y muy sencilla". 

La complejidad burocrática para acceder a ayudas de las autonomías para la hostelería o el comercio se ha convertido en una barrera infranqueable para algunas empresas

"Tal y como están, las empresas no pueden ponerse a dedicar muchas horas a realizar gestiones y burocracia", señalan. En ocasiones, la complejidad de los trámites para acceder a ayudas puestas en marcha por las administraciones autonómicas para la hostelería o el comercio se ha convertido en "una barrera infranqueable para algunas empresas", reflexionan. 

¿Las autonomías o la administración central?

Precisamente, desde Unidas Podemos se muestran contrarios al criterio de Calviño y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, de dejar las ayudas directas en manos de las autonomías. Defienden, en cambio, que queden "enteramente reguladas en una norma estatal" y sean "homogéneas en todo el territorio". Además, tampoco creen que haya que hacer diferencias por sectores, sino que deberían "ser accesibles para todas las empresas" que puedan demostrar "una caída drástica (30%-40%) de su facturación en 2020 con relación a 2019". Esto les abriría la puerta a "cubrir hasta un determinado porcentaje de sus costes fijos (70-80%)". 

Eso sí, Unidas Podemos introduce en su propuesta cláusulas que podrían causar menor agrado entre el empresariado, pues pretenden que las ayudas queden "condicionadas a ciertos objetivos de políticas públicas", como el de mantenimiento de los puestos de trabajo (que se mantenga un 70%-80% del empleo en 2021 y 2022) o el compromiso de las mismas de abandonar en tres años el régimen de tributación por módulos. Las ayudas tendrían que volver a las arcas públicas -dicen- si no se cumplen estos puntos, si la firma es multada por la Inspección de Trabajo o la Agencia Tributaria, o si ella o sus responsables son condenados por delito económico o societario por hechos sucedidos después del 28 de febrero de 2020.