Justicia
España paga 2,7M de multa al mes por la dejadez del Gobierno al transponer una Directiva europea
El Tribunal de Justicia de la UE impuso una sanción de 15 millones y el pago de 89.000 euros diarios hasta que cumpla ante la "gravedad considerable" de los hechos | España tenía que haber transpuesto la orden en mayo de 2018

España tendrá que pagar 2.759.000 euros de multa a la Comisión Europea por cada mes que siga sin transponer la Directiva 2016/680, en materia de protección de datos. El pasado 25 de febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) condenó a España a pagar 15 millones de euros por no llevar a la legislación española estas modificaciones. La "gravedad del incumplimiento" -hace casi tres años que expiró el plazo- lleva a que la condena vaya acompañada también del pago de 89.000 euros diarios hasta que se haga efectiva la transposición. Desde la sentencia, en sólo11 días, España ya acumula una sanción de 979.000 euros, casi un millón. El Gobierno ha estimado que el plazo será de un año para introducir la nueva legislación. De confirmarse este extremo, supondría el desembolso de 32,4 millones de euros por parte del Estado a la Comisión Europea. 

La polémica Directiva 2016/680, aprobada en abril de 2016, va encaminada a proteger los datos personales de las personas físicas frente a las autoridades, que manejan este tipo de información para la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de delitos penales. Una norma que obliga a la Administración a conservar estos datos durante un tiempo máximo y que regula la circulación de estos datos entre países para preservar los derechos y libertades fundamentales de las personas implicadas. El cariz de esta norma hace que su trasposición sea especialmente compleja, al afectar a varios ministerios, algo que dificultará agilizar los plazos de tramitación. 

Un trámite iniciado por Rajoy

A principios de 2018, el anterior Gobierno de Mariano Rajoy ya puso en marcha la transposición de la norma, y elevó una consulta pública como paso previo. Sin embargo, la moción de censura de Pedro Sánchez impidió sacar adelante la iniciativa y España incumplió el primero de los plazos dado. 

La Directiva tenía que haberse trasladado a la legislación española el 6 de mayo de 2018 como plazo máximo. Una vez incumplido el plazo inicial, la Comisión Europea envió un requerimiento el 20 de julio de 2018 al Gobierno recién formado por Pedro Sánchez, que acababa de llegar a la Presidencia. El Ejecutivo respondió el 26 de septiembre de 2018 reconociendo que no se había adoptado ninguna medida de transposición. El 25 de enero de 2019, hace ya más de dos años, la Comisión mandó un nuevo aviso a Sánchez y remitió un dictamen motivado donde le daba un nuevo plazo de dos meses para darle cumplimiento a la directiva.

La Comisión Europea dio un nuevo plazo a España, alargando hasta marzo de 2019, pero Pedro Sánchez justifica el incumplimiento en la convocatoria de elecciones

Se da la circunstancia de que un mes después del aviso de la institución europea, el 25 de febrero de 2019, Sánchez convocó elecciones y el Gobierno pasó a estar en funciones, un argumento en el que el Ejecutivo ha basado su defensa, sin que haya sido atendido por la Justicia Europea, que considera que un estado miembro "no puede alegar (...) circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar un incumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión".

[España, Italia y Grecia, los últimos de la clase en aplicación del derecho europeo]

Una vez cumplido este segundo plazo de gracia, el 27 de marzo de 2019 -poco antes de las primeras elecciones generales-, el Gobierno respondió a la Comisión asegurando que el procedimiento ya estaba en curso, pero que no sería efectivo hasta marzo de 2020, un año después. Así, aseguró que el plazo administrativo debía concluir a finales del mes de julio de 2019, y que su aprobación definitiva sería a finales de marzo de 2020. El Ejecutivo de Sánchez justificó el retaso en la transposición en "el contexto político particular", por el que el PSOE gobernaba en minoría, y en "la necesidad de transponer la Directiva mediante una ley orgánica".

Pasados varios meses y sin que el Gobierno diera novedad alguna sobre las novedades de la Directiva 2016/680, la Comisión Europea interpuso en septiembre de 2019 el recurso que ha dado lugar a la doble sanción impuesta a España, por el que no sólo se condena a 15 millones de sanción, sino al pago extra de 89.000 euros diarios "si el incumplimiento declarado persiste en la fecha en que se dicte la sentencia". Una condena inédita en el Derecho Europeo, pues se trata de la primera sentencia [consultar aquí] en la que el TJUE impone los dos tipos de sanciones al mismo tiempo, debido a que el "incumplimiento reviste una gravedad considerable".

Publicar un comentario
Para enviar su comentario debe confirmar que ha leido y aceptado el reglamento de terminos y condiciones de LPO
Comentarios
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.