José María Gimeno
"Si el Gobierno no llena los vacíos del decreto de los fondos europeos, tendremos graves problemas"
El presidente del Observatorio de Contratación Pública advierte que se ha generado un "cuello de botella" en Moncloa por la gestión de los fondos y que existe "inseguridad jurídica" para las empresas"

El Gobierno autorizó esta semana hacer público el polémico dictamen del Consejo de Estado en el que alertaba de algunas deficiencias en el decreto elaborado para regular la gestión de los fondos europeos que España va a recibir en los próximos años para la reconstrucción tras la pandemia. Los partidos de la oposición cargaron contra el Ejecutivo por haber mantenido oculto el informe, que avisaba sobre carencias, especialmente, en materia de control y fiscalización. 

El director del Observatorio de Contratación Pública, José María Gimeno Feliu, considera que algunos de los puntos sobre los que alertaba el organismo presidido por María Teresa Fernández de la Vega han sido subsanados en el texto final que aprobó el Congreso. Pero Gimeno Feliu, también catedrático de derecho administrativo en la Universidad de Zaragoza, cree que aún es necesario un desarrollo normativo que elimine lagunas sobre la ejecución de los proyectos financiados con los fondos Next Generation.

¿Es tan preocupante la falta de controles como dice el dictamen?

El Consejo de Estado hizo su informe sobre el primer borrador del decreto ley y lo informó favorablemente sin una crítica de fondo. Creo que se han corregido los puntos sobre los que llamaba la atención e introducido elementos de fiscalización. En la ejecución, eso sí, habrá que extremar los cuidados y la vigilancia. Y de eso no dice nada el Real Decreto, que tiene más vacíos que incorrecciones. Si el Gobierno no los llena pronto, tendremos problemas muy graves. 

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El informe decía que no compartía la supresión generalizada de los informes preceptivos...

Es verdad que se flexibiliza el momento del control, pero no se elimina. Yo creo que al final los controles se producen. Me preocupa más, cómo se vigila y cómo se supervisa la gestión de los proyectos.

¿Cree que puede haber complicaciones en la fase de ejecución? Desde Moncloa alertaban de que Europa puede cerrar el grifo a todos si los fondos se quedan sin gastar en alguna comunidad autónoma.

Es verdad que en la gestión de fondos europeos tenemos un déficit de correcta gestión. Pero los Next Generation no son unos fondos europeos típicos, sino que buscan una actividad contractual que dé resultados. Y ahí va a haber contratos, que España suele cumplir. El problema vendrá si hay modificaciones. Por eso creo que hay que armar bien los pliegos garantizando hitos de control de los tiempos y la calidad, además de tener entidades que vayan vigilando el cumplimiento para poder adoptar medidas inmediatas y no tener que esperar al final para preguntarnos qué no se ha hecho bien. 

¿Y a quién le corresponde esa vigilancia?

Eso es lo que hay que ver. Yo creo que los órganos de control externo pueden tener una función importante para que hagan auditorías. Alguien tiene que encargarse, incluso una entidad certificadora externa que tenga capacidad de ir haciendo el 'check-list' de que se va cumpliendo con las etapas y la calidad, de forma paralela a la ejecución.

¿Y la Intervención General?

Ya tiene bastante carga de trabajo. Si pudiese seguir en tiempo real todos los contratos porque la dotamos de medios, pues también. Pero tiene que haber algo distinto de lo ordinario, porque el control interno de la fiscalización no vale para los Next-Generation. 

Siempre hay tentación de abrir guerras políticas como hemos visto con el reparto de los React-EU. En las Comunidades dicen desconocer los criterios que se usarán para asignar los proyectos. ¿Cree que se ha diseñado un buen sistema?

El sistema ha quedado un tanto jacobino desde el punto de vista de la centralización. Hemos querido suprimir cuellos de botella y hemos generado un cuello de botella en Moncloa. Otros países han buscado crear comisariados independientes por áreas. Es decir, lo han despolitizado y tecnificado para que gente independiente fije los criterios y seleccione los proyectos. 

Me preocuparía que nos pase como con el famoso Plan E, donde hubo más política que planificación de lo que realmente necesitamos

No digo que no deba haber un criterio político -porque hacia dónde queremos transformar el país es una opción política- pero creo que falta una capa técnica que valide y garantice que los criterios son correctos y que no nos equivocamos. Me preocuparía que nos pase como con el famoso Plan E, donde hubo más política que planificación de lo que realmente necesitamos.

¿Con este sistema no se garantiza que se vayan a seleccionar los mejores proyectos?

Creo que los criterios deben ser transparentes y acreditar oportunidad técnica, económica y social y no tanto ideológica. De momento hay un margen de discrecionalidad demasiado amplio y debería haber más cogobernanza con Comunidades y entidades locales. Los planes de transformación de España afectan a todas las administraciones públicas, a todas las empresas y a todos los ciudadanos. Y creo que el Gobierno central debe liderar; pero eso no significa controlar todo el proceso.

¿Podemos ver una cascada de demandas judiciales o una guerra de vencedores y vencidos por la selección y adjudicación de proyectos?

Ese riesgo lo tenemos. Por eso es muy importante que las reglas del juego estén claras y que se sepa qué pretendemos y cómo se van a seleccionar. A ser posible, que sean lo más integradores y que sumen músculo de la empresa y la Administración. Pero hay que darle una vuelta a la gestión, porque los modelos tradicionales no nos van a valer. 

Hay que darle una vuelta a la gestión, porque los modelos tradicionales no nos van a valer

Eso sí, tampoco hay que olvidar que aunque los proyectos los seleccione el Gobierno, los tiene que validar la Unión Europea. Y ahí no veo tanto problema de litigiosidad, porque tendrán que estar alineados con los criterios que fijan las instituciones comunitarias. Eso es, ya de por sí, una garantía.

¿Cree que la falta de criterios o la complejidad del propio sistema puede ser desincentivador para la iniciativa privada?

Pues creo que todavía falta una normativa de desarrollo. Si no, hay muchas variables que generan inseguridad jurídica en la interpretación y eso no es bueno. Las empresas quieren seguridad y hay que hacer buena didáctica para que tengan claro los objetivos que tenemos como país y qué proyectos se consideran de verdad tractores. De momento, todo eso lo veo muy etéreo, con falta concreción para que sepan cómo deben postularse. Hasta ahora van muy despistadas. 

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