Yolanda Díaz multa con 279.000 euros a 100 empresas por incumplir el 'protocolo Covid'
La Inspección de Trabajo ha realizado 3.226 actuaciones para comprobar si las compañías cumplen con las medidas sanitarias. Ya ha requerido a cerca de 2.000 para que subsanen deficiencias

Tras el fin del confinamiento domiciliario del pasado año, el Gobierno quiso velar por que las empresas cumpliesen con las medidas impuestas para evitar los contagios en los centros laborales. Para ello habilitó en el mes de julio a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para vigilar que las compañías adoptaban las medidas de prevención dictadas. 

Desde aquella habilitación temporal y hasta el pasado mes de febrero, la Inspección ha realizado 3.226 actuaciones, según datos del organismo autónomo dependiente del ministerio de Yolanda Díaz a los que ha tenido acceso LPO. De esas intervenciones, 1.946 han derivado en requerimientos y advertencias a las empresas para que subsanen deficiencias detectadas en sus centros. 

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Asimismo, la institución que dirige Héctor Illueca ha detectado 100 infracciones que han conllevado la imposición de sanciones a las empresas inspeccionadas por valor de 279.748 euros. Algo que se suma a las actuaciones que ya venía realizando la Inspección en los sectores en los que el contagio de la covid es considerado como riesgo profesional, principalmente en el sanitario. 

El Gobierno estableció que el incumplimiento de las medidas frente a la pandemia en los espacios de trabajo serían consideradas infracciones graves que podrían conllevar sanciones que oscilan entre los 2.000 y los 41.000 euros. Según el artículo 40 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en el grado mínimo se impone una multa de entre 2.046 y 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros.  

El incumplimiento de las medidas frente a la covid-19 son consideradas infracciones graves y pueden conllevar sanciones que oscilan entre los 2.000 y los 41.000 euros

Al margen de la normativa laboral y de prevención de riesgos, los empresarios tuvieron que adoptar a partir de aquella vuelta a la 'normalidad' una serie de acciones adicionales para prevenir la transmisión del coronavirus entre sus trabajadores. Entre los aspectos sometidos a revisión está la puesta en marcha de medidas para conseguir una ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros de trabajo.  

Además, se vigila si se han adaptado las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos físicos y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes para garantizar que se mantiene una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los empleados. La norma fija que cuando ello no sea posible, ha de proporcionarse a los trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

La Inspección también comprueba si las empresas han puesto a disposición de sus empleados agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes para la limpieza de manos; o si se han adoptado medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto de trabajadores como clientes o usuarios durante las franjas horarias de posible mayor afluencia. 

Aunque estas labores estaban antes en manos de los técnicos de Sanidad, el Gobierno introdujo la habilitación para la Inspección de Trabajo a través de una modificación del Real Decreto-ley 21/2020 aprobado en junio. La misma también se extendió a los funcionarios de las comunidades autónomas que desempeñan labores en el mismo ámbito. Ahora, la habilitación podría alargarse aún en el tiempo mientras dure la crisis sanitaria a través de denominada 'ley de la nueva normalidad' que se tramita en el Senado. 

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