La CEOE acusa al Gobierno de generar incertidumbre jurídica por improvisar con los decretos
La patronal de los empresarios asegura que en 2020 se dictaron un 22,4% más normas que el año anterior y critica que en varios reales decretos se han producido modificaciones

Los empresarios están molestos con la complejidad burocrática que el Gobierno ha creado durante 2020 y se quejan de una "pérdida de calidad técnica" en las normas dictadas durante el pasado ejercicio. En el primer año de la pandemia, el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos elaboró 739 de carácter estatal, un 22,4% más que el año anterior. De ellas, sólo 53 tenían rango de ley y un 72% de estas últimas correspondían a reales decretos (39). 

La patronal que dirige Antonio Garamendi resalta en un informe sobre producción normativa que 2020 ha sido el ejercicio en el que el Gobierno más ha echado mano de esta figura que la Constitución reserva para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. De hecho, el número de reales decretos es por quinto año consecutivo superior al número de leyes ordinarias publicadas en el BOE, algo que había ocurrido en contadas ocasiones a lo largo de la democracia. 

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Al margen de que el incremento esté justificado por la crisis sanitaria, los empresarios creen que la "urgencia e improvisación" con la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha legislado durante la pandemia ha producido "gran incertidumbre jurídica" y ha perjudicado "gravemente la calidad regulatoria del país". "En sucesivos reales decreto ley se han producido numerosas modificaciones sobre los aprobados anteriormente, ya sea corrigiendo errores, introduciendo precisiones o modificando el sentido del articulado anterior", resaltan. 

Por eso, reclaman que el Ejecutivo trabaje para mejorar la situación y le piden "especialmente reducir la producción y el número de normas para que las que se publiquen configuren una legislación simple, moderna y estable". Destacan además que España ocupa el puesto 114 de 141 países a la hora de valorar el nivel de carga que supone para las empresas tener que cumplir con toda la regulación existente, según el Informe de Competitividad Mundial del World Economic Forum de 2019. 

Lastre a la competitividad

"Se debe velar por no añadir cargas innecesarias a las empresas, que para cumplir con la legislación que les es aplicable deben destinar ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo", inciden desde la patronal. Máxime con el complejo entramado normativo que caracteriza al sistema español de gobernanza multinivel, donde se mezclan normas europeas, estatales, autonómicas, locales y acuerdos internacionales. "La producción normativa, por tanto, no puede ser injustificada, desproporcionada o discriminatoria", añaden.

En el BOE se editaron 191.776 páginas, lo que sumado a las de los boletines oficiales autonómicos (753.322), supone casi un millón de folios

Entre otros datos, señalan que las normas con rango de ley aprobadas por las comunidades autónomas ascendieron a 332 en 2020 (un 7% más que en el año 2019). Y recogen que en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se editaron 191.776 páginas, lo que sumado a las de los boletines oficiales autonómicos (753.322), supone casi un millón de folios. A nivel europeo, el número de actos jurídicos adoptados en 2020 ascendió a 2.030, distribuidos en 931 reglamentos, 20 directivas y 1.079 decisiones, lo que se traduce en un ligero incremento del 1,8% con respecto al año anterior. 

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