La derogación de la reforma laboral del PP será un proceso progresivo, pero la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está decida a darle un nuevo impulso después de que la pandemia obligara a dejar aparcadas las negociaciones en el diálogo social hace casi un año. Ahora, tras dar prácticamente por cerrada la regulación de los denominados 'riders', la convocatoria a patronal y sindicatos para retomar el desmontaje de la ley aprobada en 2012 por el PP es "inminente", señalan fuentes de Trabajo. 

La intención pasa por abordar en una primera fase algunos de los aspectos que -tanto sindicatos como Gobierno- consideran "más lesivos" para los derechos de los trabajadores. Los cambios que se plantearán en una primera etapa van en línea con el documento que se envió a Bruselas dentro del plan de reformas que el Ejecutivo ha remitido para la recepción de los fondos de reconstrucción. 

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Entre otras cosas, la prioridad pasa por modernizar aspectos de la negociación colectiva. Por un lado, se quiere recuperar la ultraactividad de los convenios, pues antes de la reforma laboral de Mariano Rajoy no perdían vigencia hasta que se pactara uno nuevo. También se pretende que vuelva la primacía de los convenios sectoriales frente a los de empresa. 

Sin embargo, es la propia mesa del diálogo social la que ahora debe acordar un calendario de trabajo y fijar las prioridades a abordar. En cualquier caso, dicen fuentes de Trabajo, el proceso no se puede dilatar mucho más: "Con el diálogo social no ponemos fecha, pero dentro de intentar encontrar el consenso, el Ministerio tiene unos límites. Y este año ya habrá algunos cambios", avanzan. 

Dentro de intentar encontrar el consenso, el Ministerio tiene unos límites. Y este año ya habrá algunos cambios

 Además, se quiere abordar una nueva regulación de la subcontratación "para evitar abusos sin impedir flexibilidad", dicen en Trabajo. Es decir, limitar las externalizaciones de servicios de las empresas cuando sean un mero mecanismo para reducir costes laborales.  

Pero el proceso no será un camino de rosas. A diferencia de lo que ocurrió con los ERTE, las posiciones en la mesa del diálogo social están en las antípodas. Los sindicatos creen que el desmontaje de la reforma laboral que PSOE y Unidas Podemos pactaron en el acuerdo de coalición no puede esperar un segundo más y que debería ser completa. Hace un mes plantearon movilizaciones si no se reactivaba la negociación, pero ante la inminente convocatoria por parte de Trabajo, han dejado aparcado el calendario de protestas.

Por su parte, desde la patronal creen que -al igual que con el Salario Mínimo- no es el momento adecuado para introducir cambios de este tipo en el mercado laboral. Antonio Garamendi llegó a sostener que de seguir adelante con la derogación, sería "una hecatombe". 

En todo caso, la ministra Díaz ha dicho que la prioridad es negociar todos los cambios con los agentes sociales, pero ha dejado claro que la patronal no tendrá derecho de veto en la mesa y que se legislará si no hay acuerdo. Este extremo choca con otras posturas del gobierno de coalición, como la de la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño o del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Otras reformas

Trabajo arrancó 2020 con la intención de acometer un desmantelamiento progresivo de la norma, pero la llegada de la crisis sanitaria frenó en seco los planes. El departamento de Díaz sólo consiguió derogar dos puntos; el despido por bajas médicas justificadas y el despido objetivo por absentismo. 

Ahora, el reloj se vuelve a poner en marcha con la lupa de Bruselas encima. Al margen de eso, Trabajo planea más cambios en el mercado laboral, como una reducción de los modelos de contrato o la reforma de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE), para convertirlos en un mecanismo de protección permanente. También busca modernizar las políticas activas de empleo.