Podemos
La Audiencia de Madrid cree que Podemos se saltó la Ley de Partidos para evadir el control de sus cuentas
La justicia reabre la investigación por la supuesta caja B del partido minoritario del Gobierno y desliza que los de Iglesias habrían incumplido la Ley de Financiación de Partidos

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado reabrir la investigación relativa a la caja B de Podemos, por el pago de 50.000 realizado a una asociación presuntamente controlada por la formación. Una fórmula societaria que supondría el incumplimiento de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos con el objetivo, sostiene el tribunal, de "operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas". Así, el socio minoritario del Gobierno trataría de evitar la fiscalización obligatoria que se hace de los gastos de las formaciones políticas, al estar éstas subvencionadas en gran parte a cargo de los Presupuestos Generales del Estado,

En su auto, fechado el pasado 16 de febrero y al que ha tenido acceso LPO, la Audiencia ordena reabrir el caso al juez titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que había archivado esta pieza, enmarcada dentro de una investigación más amplia sobre la financiación del partido que lidera Pablo Iglesias. El archivo se produjo al considerar que no había indicios de delito, más allá del cuestionamiento ético del partido por incumplir sus propios reglamentos internos. 

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El origen de la causa es una denuncia de un ex abogado del partido, José Manuel Calvente, donde aseguraba entre otras cosas que "nuestras sospechas aparecieron al detectar una petición de 50.000 euros por parte de una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular sin que conste la fecha, la razón social o los datos de la persona física que formula la petición del dinero". 

 Esta cantidad de dinero provendría de la llamada Caja de solidaridad del partido, cuyos fondos provenían de las donaciones obligatorias de los cargos públicos de la formación debido a la limitación salarial que impuso el partido a los suyos durante sus primeros años. Los fondos de esta caja, gestionada por el diputado y miembro de la cúpula Rafa Mayoral, habrían ido a parar a asociaciones vinculadas a la formación. "Lo cierto es que una vez practicadas las gestiones acordadas (...) han venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito", recoge el auto.

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Ahora, la Audiencia de Madrid ha estimado el recurso interpuesto por las acusaciones populares Vox y la Asociación de Juristas pro Lege y ordena al instructor que siga adelante con esta investigación, al considerar que la cúpula de Podemos pudo actuar "en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos". El tribunal pide ahora seguir investigando para aclarar varios puntos. 

Miembros de la cúpula de Iglesias, 'infiltrados' en la asociación

Así, pide conocer "la/s persona/s que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores". El auto recoge que la Asociación 404 Comunicación Popular solicitó 50.000 euros a la caja de solidaridad de Podemos y que ésta le transfirió 30.000 euros, mediante tres transferencias entre el 5 de septiembre de 2019 y el 15 de junio de 2020.

El escrito también desgrana las labores diligencia de investigación llevadas a cabo por la Brigada de Policía Judicial, que descubrió a las personas físicas que estaban detrás de esa asociación. Así #404 Comunicación Popular estaba integrado por múltiples personas integrantes del partido Podemos, "algunos de ellos con cargos relevantes dentro del partido". Hasta siete dirigentes morados aparecían entre los nombres relacionados con la formación.

Hasta siete dirigentes de Podemos estaban dentro de la asociación a la que se destinaron 50.000 euros por parte de la formación

Así, citaba como ejemplo a "José Martínez Coy -que fue en la lista de Pablo Iglesias para Vistalegre-, Diana Peinado Serrano -miembro de la lista del partido en la Comunidad de Madrid-, Francisco Javier Bermúdez Díaz -que ocupa una dirección general en Canarias, dentro de la coalición de Gobierno-, Christian Luis Navarro Marrero -miembro de la comisión ejecutiva de Podemos como Responsable de Acción Institucional-, Alejandro Zapico Robledo -ex concejal del partido en Gijón-, e Irene Elina Lingua -trabajadora del partido en el Congreso"-. Por otra parte, la Sala destaca que Podemos "no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros".

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Una vez desvelada esta información, la Audiencia Provincial detalla que "es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa Asociación y Podemos". Una relación extraoficial entre ambas entidades "que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Partidos Políticos 6/2002 y de la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos 8/2007", que regulan las fundaciones de partidos y someten su actividad a control. Así, la Ley de Financiación de Partidos señala que "se considera que una entidad está vinculada o es dependiente de un partido político cuando este ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de aquella". Una máxima que, según el auto de la Audiencia, podría cumplirse en el caso de Podemos. 

El tribunal considera que el socio minoritario de Gobierno eludió estas limitaciones con un objetivo: "Operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos". Así, justifica la reapertura del caso en que "resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, la/s persona/s que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores".

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