Coronavirus
El Gobierno admite el descontrol sanitario en las entradas a España por vía terrestre
El Ejecutivo asume el gasto de las PCR de viajeros que no se han hecho test y descarta hacer controles sanitarios en las llegadas por carretera o ferrocarril

El Gobierno renuncia a ampliar los controles sanitarios para los ciudadanos que lleguen a nuestro país por vía terrestre. El Ejecutivo de Pedro Sánchez reconoce su limitación en la frontera y admite que sólo se exige una PCR negativa a los viajeros que entran por vía aérea o marítima. 

El 23 de noviembre entró en vigor la obligatoriedad de tener un PCR negativo hecho en las 72 horas previas para que se permita su desembarco en suelo español. Un requisito que no tienen que cumplir quienes entren en nuestras fronteras por carretera o tren, para el que el Gobierno descarta nuevos controles. "No está previsto aplicar controles sanitarios en las fronteras terrestres", ha reconocido el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso, que se remite para justificarlo en la Resolución de 11 de noviembre de 2020 de la Dirección General de Salud Pública.

En una batería de documentos relativos a este asunto, se confirma que el Estado se hace cargo del coste económico de realizar las pruebas diagnósticas a aquellas personas sospechosas de Covid, tengan o no el test realizado de origen. " El coste de las Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) que se realicen en el punto de entrada cuando sea por una sospecha de COVID-19 detectada en los controles sanitarios será asumido por el Estado", señala el Gobierno en el documento oficial. 

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"No obstante, cuando se deba a que no se dispone de una PDIA según se contempla en la norma, supondrá un incumplimiento de la misma y le será de aplicación lo contemplado en el Titulo VI de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, referido a infracciones y sanciones", advierte, en referencia a la norma que regula multas de hasta 600.000 en función de la gravedad de los hechos.

En los casos en las autoridades realicen a los pasajeros una PCR -el único test-, el Ejecutivo asegura que "se ha establecido un tiempo máximo de entre 45 minutos y una hora de espera por viajero entre la prueba y el resultado".

La  identificación policial a migrantes, antes del test sanitario

Preguntado también sobre la entrada de inmigrantes irregulares, el Gobierno explica el proceso de control sanitario, por el que las personas pasan primero a manos de la Cruz Roja y se procede a la identificación por parte de la Policía antes de realizarles el test. 

"Es importante destacar que, cuando se producen las llegadas a costas, si bien la primera atención de carácter humanitario se produce por parte de la Cruz Roja, que es la entidad financiada a tal efecto por la SEM, las personas inmigrantes no pasan directamente al programa de atención humanitaria, sino que permanecen bajo custodia policial para su identificación y, debido a la situación actual de crisis sanitaria, el Gobierno de la Comunidad Autónoma a cuyo territorio llegan las personas migrantes, se encarga de la realización de las correspondientes pruebas PCR para la detección y prevención de posibles casos de COVID, por lo que el control sanitario está garantizado". 

El protocolo para los inmigrantes irregulares es el de rescate, identificación policial, PCR, cuarentena y test de antígeno

Una vez se obtienen los resultados, las personas con resultado negativo en la prueba de COVID pasan al programa de atención humanitaria, "un programa voluntario, donde se les asigna, en su caso, una plaza de acogida en el recurso adecuado a sus necesidades y que se encuentre disponible". En caso de que el resultado del test PCR fuera positivo o, siendo negativo, fuera contacto estrecho de un positivo, será la Comunidad Autónoma, la encargada de asignar una estancia, facilitando "un recurso de su titularidad para el aislamiento y cuarentena, quedando bajo su competencia".  

En otra de las respuestas parlamentarias, el Ejecutivo apunta directamente al "protocolo de actuación ante posibles casos importados de COVID-19, en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular". Un procedimiento por el que "además de haberles realizado las Comunidades Autónomas PCR a la llegada, han cumplido con una cuarentena, siendo dados de alta por la autoridad sanitaria canaria". Además, en caso de ser trasladados en avión a otra parte de la Península -situación por la que han pasado 2.035 inmigrantes de junio al 11 de diciembre-, se requiere un requisito adicional: antes de subirse al avión, se les requiere un test de antígenos.

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