El 8M no tendrá este año su tradicional manifestación. La Delegación del Gobierno en la capital ha trasladado a las organizaciones convocantes la prohibición de celebrar movilizaciones feministas personas debido a la situación sanitaria, y el organismo liderado por José Manuel Franco se encuentra en diálogo con las asociaciones para buscar alternativas al evento multitudinario. 

Algunas asociaciones feministas, según ha podido saber LPO, ya solicitaron el permiso para convocar manifestaciones en la capital pero la negativa por parte de la Delegación les ha llevado a planear concentraciones estáticas y más reducidas, así como movilizaciones online. Desde la institución dirigida por Franco detallan que en las últimas semanas se está denegando el permiso de convocatoria a todas las manifestaciones cuya previsión supere los 500 asistentes, debido a la alta incidencia del coronavirus. Justifican la decisión en un informe solicitado a la Dirección General de Salud Pública, dependiente de la Consejería de Salud de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, que desaconseja este tipo de actos. 

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En esta ocasión, también se amparan en el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha avalado a la Delegación tras el recurso presentado por los convocantes de una manifestación en defensa de la Sanidad Pública que estaba prevista para el pasado 6 de febrero y que fue prohibida. Un dictamen que, señalan fuentes del organismo, crea "jurisprudencia" y da seguridad jurídica a la hora de rechazar las convocatorias del 8 de marzo. 

Sin embargo, desde el organismo de José Manuel Franco advierten de que mantienen abiertas vías de comunicación y que en los próximos días seguirán "negociando" con las organizaciones convocantes para buscar alternativas a la celebración del día de la mujer. Las reacciones de las asociaciones implicadas han sido diversas, desde la desconvocatoria por parte de algunas plataforma al notable enfado de otras. 

En cualquier caso, y aunque no se permitan las manifestaciones con ocupación de la vía pública, las asociaciones sí confían en poder convocar concentraciones, aunque desde la Delegación insisten en limitar al máximo el número de asistentes a estos actos y respetando siempre las medidas sanitarias vigentes, así como las distancias de seguridad. La Policía será la encargada de vigilar el cumplimiento de estas normas, ante la amenaza de sanción en que pudieran incurrir los asistentes en caso de incumplimiento. 

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La negativa de la Delegación del Gobierno en Madrid llega un año después de la polémica manifestación del 8M del año pasado, que se celebró un día antes de que la Comunidad tomara las primeras medidas restrictivas por la incidencia de coronavirus. El 'sí' de José Manuel Franco a aquella convocatoria le llevó a enfrentarse a un proceso judicial en el que fue llamado como imputado por la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que finalmente archivó la causa.