Ministerio de Trabajo
La Inspecci贸n de Trabajo exige a D铆az acabar con la "discriminaci贸n" de los funcionarios entrantes
Los inspectores piden este jueves en una reuni贸n en el Ministerio que se les reconozca el nivel 27 a su entrada en la carrera para evitar cientos de procesos judiciales contra la Administraci贸n

El Ministerio de Trabajo de Yolanda D铆az abre este jueves una mesa de negociaci贸n con la Inspecci贸n de Trabajo y Seguridad Social, cuya plantilla ha tenido junto al SEPE un importante papel durante la pandemia, con la prevenci贸n de fraudes laborales y el control de los ERTE y de las medidas sanitarias frente al Covid-19.

 Despu茅s de la reuni贸n que mantuvo la ministra el 13 de enero con los representantes de los trabajadores y el anuncio de un Plan Estrat茅gico para la Inspecci贸n, ahora se inicia una ronda de negociaciones para concretar los detalles, con un primer encuentro en la sede del ministerio que encabezar谩 el n煤mero dos de D铆az, el Secretario de Estado de Trabajo Joaqu铆n Perez Rey. En la reuni贸n, que ser谩 la primera de muchas, los sindicatos planean reclamar mejoras de condiciones y poner sobre la mesa un conflicto que se ha cronificado en la Administraci贸n durante las 煤ltimas d茅cadas: la "discriminaci贸n" de los inspectores reci茅n llegados, que perciben entre 300 y 400 euros menos al mes pese a realizar las mismas labores. Una situaci贸n que desemboca en la judicializaci贸n casi autom谩tica de cada uno de los casos.  

La Inspecci贸n est谩 compuesta por 1.956 funcionarios, de los que 1.000 son inspectores y 956 subinspectores. Los inspectores que han tomado posesi贸n de su plaza en los 煤ltimos a帽os han tenido que enfrentarse a un proceso judicial por una deficiencia del sistema. A su llegada, a los inspectores se les reconoce un nivel 26 de la Administraci贸n frente al nivel 27 del resto de inspectores. Una diferencia que tiene una traducci贸n importante en la n贸mina: al a帽o, un inspector nuevo percibir谩 en torno a 5.000 euros menos que sus compa帽eros. 

[D铆az promete a los inspectores de Trabajo que se enfrentar谩 a Montero para mejorar sus condiciones]

Esta deficiencia ha persistido durante d茅cadas, y los sindicatos de la Inspecci贸n conf铆an ahora en que la voluntad de di谩logo de Yolanda D铆az se traduzca en una modificaci贸n de este punto. Hasta el momento, todo inspector que llegaba a la Inspecci贸n ten铆a que iniciar un proceso judicial, con la contrataci贸n de un abogado y un procurador, para exigir el reconocimiento del nivel 27. 

El resultado es conocido por todos dentro del cuerpo: el proceso judicial siempre termina con el reconocimiento del nivel superior y, a帽os despu茅s de iniciarse, la Administraci贸n es condenada a pagar las cantidades atrasadas junto al consiguiente porcentaje de intereses, adem谩s de tener que destinar recursos jur铆dicos a decenas de casos sobre los que la Justicia ya se ha pronunciado sobradamente. 

Despu茅s de que la Justicia resuelva a favor de los afectados, el Estado debe pagar las cantidades atrasadas m谩s los intereses, adem谩s de tener que asumir las costas de defensa en el proceso judicial

Algunos miembros de la Inspecci贸n critican esta din谩mica, m谩s a煤n cuando sus hom贸logos destinados a provincias de Catalu帽a y Pa铆s Vasco, donde las competencias est谩n transferidas, s铆 entran directamente con el nivel 27, ahorr谩ndose el proceso judicial y los costes que conllevan para el empleado. 

Los sindicatos, que abordar谩n este asunto con P茅rez Rey, adelantan que luchar谩n por ver cumplida su reivindicaci贸n. Despu茅s de que el martes el Ministerio de Trabajo firmara una declaraci贸n conjunta con el Ministerio de Igualdad contra la desigualdad retributiva, los sindicatos plantean "acabar con esta discriminaci贸n". "A trabajos de igual valor, igual remuneraci贸n"; se帽alan desde SITSS, donde destacan que lo parad贸jico de la situaci贸n: "Exigimos a las empresas que tengan planes de igualdad, y no la tenemos nosotros. No es una discriminaci贸n por sexo, pero s铆 por antig眉edad", denuncian.

"Tenemos que ir con nuestro propio coche"

Esta exigencia se plantear谩 en el marco de la negociaci贸n de la nueva Relaci贸n de Puestos de Trabajo (RPT),  un esquema que fija las retribuciones para cada nivel del organismo estatal, y en el que esperan introducir mejoras, no s贸lo salariales sino de condiciones de trabajo. 

Los funcionarios de la Inspecci贸n lamentan la falta de carrera profesional dentro del organismo y las menguadas n贸minas, en comparaci贸n con los funcionarios de la Inspecci贸n de la AEAT, donde cuentan con mejores retribuciones y mayor proyecci贸n. Adem谩s, lamentan el enorme porcentaje variable de su sueldo, donde el complemento de productividad supone de media 22,3% del salario, frente a otros cuerpos que se sit煤an con 10 puntos menos. La exigencia de productividad para completar la n贸mina ha llevado a que los funcionarios trabajen tardes y fines de semanas a fin de cumplir objetivos. 

La campa帽a para detectar visitas en el 谩mbito agrario ha multiplicado los desplazamientos de los funcionarios a lugares muchas veces remotos, a los que deben acudir por sus propios medios

Pero la econom铆a tampoco es el 煤nico campo de batalla. Las condiciones de trabajo ser谩n otro importante punto de negociaci贸n, en una reuni贸n que cuenta este jueves con un ampl铆simo orden del d铆a. Los funcionarios reclaman m谩s medios a la hora de desempe帽ar su trabajo. "En la oposici贸n no te exigen tener carn茅 de conducir ni coche, pero la realidad es que las visitas a empresas las hacemos en nuestros coches. Si no tienes coche, tienes que pagarte un taxi o ir en transporte p煤blico, si llega al sitio al que vas", destaca un funcionario. Las dietas de inspectores y subinspectores en concepto de gasolina y la dotaci贸n de medios materiales son las reivindicaciones sobre las que los sindicatos se muestran m谩s optimistas. "Parece que est谩n dispuestos", se帽alan fuentes sindicales. 

El elemento del transporte se ha agravado en los 煤ltimos meses, teniendo en cuenta la campa帽a que lanz贸 en mayo el Ministerio de Trabajo para realizar inspecciones masivas en entornos agr铆colas, para detectar infracciones. Una operaci贸n que recay贸 sobre la Inspecci贸n y que se sald贸 con infracciones detectadas en siete de cada diez explotaciones visitadas, y con sanciones por valor de 7,2 millones de euros. As铆, se llevaron a cabo 1.647 actuaciones inspectoras, de las que 1.178 se saldaron con sanciones, para comprobar sobre el terreno la legalidad de las relaciones laborales, centr谩ndose en la contrataci贸n irregular de inmigrantes y la garant铆a de salubridad y seguridad en sus condiciones laborales y de vida. Estas labores comprobatorias, que obligan a inspectores y subinspectores a desplazarse a lugares con frecuencia remotos, renueva la urgencia de esta petici贸n, que se abordar谩 en la negociaci贸n que comienza. 

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