Ministerio de Trabajo
La Inspección de Trabajo exige a Díaz acabar con la "discriminación" de los funcionarios entrantes
Los inspectores piden este jueves en una reunión en el Ministerio que se les reconozca el nivel 27 a su entrada en la carrera para evitar cientos de procesos judiciales contra la Administración

El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz abre este jueves una mesa de negociación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya plantilla ha tenido junto al SEPE un importante papel durante la pandemia, con la prevención de fraudes laborales y el control de los ERTE y de las medidas sanitarias frente al Covid-19.

 Después de la reunión que mantuvo la ministra el 13 de enero con los representantes de los trabajadores y el anuncio de un Plan Estratégico para la Inspección, ahora se inicia una ronda de negociaciones para concretar los detalles, con un primer encuentro en la sede del ministerio que encabezará el número dos de Díaz, el Secretario de Estado de Trabajo Joaquín Perez Rey. En la reunión, que será la primera de muchas, los sindicatos planean reclamar mejoras de condiciones y poner sobre la mesa un conflicto que se ha cronificado en la Administración durante las últimas décadas: la "discriminación" de los inspectores recién llegados, que perciben entre 300 y 400 euros menos al mes pese a realizar las mismas labores. Una situación que desemboca en la judicialización casi automática de cada uno de los casos.  

La Inspección está compuesta por 1.956 funcionarios, de los que 1.000 son inspectores y 956 subinspectores. Los inspectores que han tomado posesión de su plaza en los últimos años han tenido que enfrentarse a un proceso judicial por una deficiencia del sistema. A su llegada, a los inspectores se les reconoce un nivel 26 de la Administración frente al nivel 27 del resto de inspectores. Una diferencia que tiene una traducción importante en la nómina: al año, un inspector nuevo percibirá en torno a 5.000 euros menos que sus compañeros. 

[Díaz promete a los inspectores de Trabajo que se enfrentará a Montero para mejorar sus condiciones]

Esta deficiencia ha persistido durante décadas, y los sindicatos de la Inspección confían ahora en que la voluntad de diálogo de Yolanda Díaz se traduzca en una modificación de este punto. Hasta el momento, todo inspector que llegaba a la Inspección tenía que iniciar un proceso judicial, con la contratación de un abogado y un procurador, para exigir el reconocimiento del nivel 27. 

El resultado es conocido por todos dentro del cuerpo: el proceso judicial siempre termina con el reconocimiento del nivel superior y, años después de iniciarse, la Administración es condenada a pagar las cantidades atrasadas junto al consiguiente porcentaje de intereses, además de tener que destinar recursos jurídicos a decenas de casos sobre los que la Justicia ya se ha pronunciado sobradamente. 

Después de que la Justicia resuelva a favor de los afectados, el Estado debe pagar las cantidades atrasadas más los intereses, además de tener que asumir las costas de defensa en el proceso judicial

Algunos miembros de la Inspección critican esta dinámica, más aún cuando sus homólogos destinados a provincias de Cataluña y País Vasco, donde las competencias están transferidas, sí entran directamente con el nivel 27, ahorrándose el proceso judicial y los costes que conllevan para el empleado. 

Los sindicatos, que abordarán este asunto con Pérez Rey, adelantan que lucharán por ver cumplida su reivindicación. Después de que el martes el Ministerio de Trabajo firmara una declaración conjunta con el Ministerio de Igualdad contra la desigualdad retributiva, los sindicatos plantean "acabar con esta discriminación". "A trabajos de igual valor, igual remuneración"; señalan desde SITSS, donde destacan que lo paradójico de la situación: "Exigimos a las empresas que tengan planes de igualdad, y no la tenemos nosotros. No es una discriminación por sexo, pero sí por antigüedad", denuncian.

"Tenemos que ir con nuestro propio coche"

Esta exigencia se planteará en el marco de la negociación de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT),  un esquema que fija las retribuciones para cada nivel del organismo estatal, y en el que esperan introducir mejoras, no sólo salariales sino de condiciones de trabajo. 

Los funcionarios de la Inspección lamentan la falta de carrera profesional dentro del organismo y las menguadas nóminas, en comparación con los funcionarios de la Inspección de la AEAT, donde cuentan con mejores retribuciones y mayor proyección. Además, lamentan el enorme porcentaje variable de su sueldo, donde el complemento de productividad supone de media 22,3% del salario, frente a otros cuerpos que se sitúan con 10 puntos menos. La exigencia de productividad para completar la nómina ha llevado a que los funcionarios trabajen tardes y fines de semanas a fin de cumplir objetivos. 

La campaña para detectar visitas en el ámbito agrario ha multiplicado los desplazamientos de los funcionarios a lugares muchas veces remotos, a los que deben acudir por sus propios medios

Pero la economía tampoco es el único campo de batalla. Las condiciones de trabajo serán otro importante punto de negociación, en una reunión que cuenta este jueves con un amplísimo orden del día. Los funcionarios reclaman más medios a la hora de desempeñar su trabajo. "En la oposición no te exigen tener carné de conducir ni coche, pero la realidad es que las visitas a empresas las hacemos en nuestros coches. Si no tienes coche, tienes que pagarte un taxi o ir en transporte público, si llega al sitio al que vas", destaca un funcionario. Las dietas de inspectores y subinspectores en concepto de gasolina y la dotación de medios materiales son las reivindicaciones sobre las que los sindicatos se muestran más optimistas. "Parece que están dispuestos", señalan fuentes sindicales. 

El elemento del transporte se ha agravado en los últimos meses, teniendo en cuenta la campaña que lanzó en mayo el Ministerio de Trabajo para realizar inspecciones masivas en entornos agrícolas, para detectar infracciones. Una operación que recayó sobre la Inspección y que se saldó con infracciones detectadas en siete de cada diez explotaciones visitadas, y con sanciones por valor de 7,2 millones de euros. Así, se llevaron a cabo 1.647 actuaciones inspectoras, de las que 1.178 se saldaron con sanciones, para comprobar sobre el terreno la legalidad de las relaciones laborales, centrándose en la contratación irregular de inmigrantes y la garantía de salubridad y seguridad en sus condiciones laborales y de vida. Estas labores comprobatorias, que obligan a inspectores y subinspectores a desplazarse a lugares con frecuencia remotos, renueva la urgencia de esta petición, que se abordará en la negociación que comienza. 

Publicar un comentario
Para enviar su comentario debe confirmar que ha leido y aceptado el reglamento de terminos y condiciones de LPO
Comentarios
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento de terminos y condiciones será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.