El pasado 26 de enero, el Gobierno aprobó la prórroga de los ERTE hasta finales de mayo y en el texto aprovechó también para incluir otros cambios normativos a los que no dio publicidad y que pueden afectar a millones de trabajadores. El Ejecutivo ha incluido un cambio normativo en la Ley de Seguridad Social que hace que las liquidaciones no sólo sean revisadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sino también por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que amplía sus competencias recaudatorias. 

Es decir, el contribuyente no sólo tendrá que rendir cuentas ante la Inspección -dependiente del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz- sino que ahora deberá responder también ante la TGSS -del Ministerio de Seguridad Social de José Luis Escrivá-. Ambos organismos podrán requerir información adicional sin perjuicio de que el afectado tenga que responder por el mismo asunto en dos vías paralelas de la administración, en uno de los efectos colaterales de la división en dos carteras del antiguo Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

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El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, salió en rueda de prensa el pasado 26 de enero para detallar la medida estrella del Gobierno, el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, por la que se ampliaban las ayudas concedidas durante la pandemia. Sin embargo, la letra pequeña del texto ha causado enorme sorpresa en el colectivo de la Inspección de Trabajo, que ven fuertemente amenazadas sus competencias y que denuncian las injerencias sufridas. 

Tal como adelantó LPO, la nueva norma regula las nuevas "sanciones automáticas" mediante el uso de Big Data. Un nuevo sistema que sublevó a los inspectores de Trabajo y que sustituye parte de la labor funcionarial por un algoritmo, con la amenaza de convertir la labor inspectora en un trabajo de firma de actas. 

Sin embargo, desde el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (SITSS) denuncian una segunda sorpresa en este real decreto. En la disposición final quinta de este texto, el Gobierno incluyó sin previo aviso una modificación de la Ley de Seguridad Social y cambió el artículo 40 para permitir a la Tesorería General de la Seguridad Social pedir directamente al contribuyente datos sobre su liquidación, control de la cotización y de recaudación. 

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Unas labores en las que la Inspección de Trabajo tenía hasta ahora competencias exclusivas, según el artículo 33 y 34 de esa misma ley. La nueva modificación abre la puerta a que el contribuyente se vea obligado a rendir cuentas ante dos organismos distintos: la Inspección, dependiente del Ministerio de Trabajo, y la TGSS, dependiente del Ministerio de Seguridad Social. 

El objetivo es que el Tesoro de la Seguridad Social pueda revisar directamente el control de aspectos como las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social o la falta de alta de trabajadores en la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social era hasta ahora la única que podía "formular requerimientos a los sujetos obligados al pago de cuotas adeudadas", tal como establecía el art 34.1 de esta ley. Una competencia que, tras la nueva modificación, deja de ser exclusiva. 

Los sindicatos denuncian injerencias

El Gobierno no informó de esta modificación a los sindicatos de Inspección, que se enteraron de los cambios a través del BOE y que ahora reclaman reuniones a los ministros Escrivá y Yolanda Díaz para aclarar el asunto y que garanticen que no va a "invadir competencias" de los inspectores ni a provocar duplicidades entre ambos organismos. En sendas cartas enviadas por el SITSS y a las que ha tenido acceso LPO, el sindicato principal de Inspectores advierte de las "duplicidades" existentes y del "debilitamiento" de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

El SITSS también denuncia la injerencia de la Tesorería General de la Seguridad Social en su labor, y menciona específicamente "el contrato suscrito con la consultora Accenture" para realizar labores de inspección, demás de las "numerosas incidencias" producidas en inspecciones provinciales donde se veían en la "necesidad de archivar actuaciones inspectoras" después de que la TGSS pidiera a las empresas emprender regulaciones que, de haberse descubierto por la vía de la Inspección, habrían derivado en sanciones.   

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Desde el SITSS achacan esta circunstancia, en parte, a la división del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en dos carteras. Aunque la Inspección depende orgánicamente de Yolanda Díaz, funcionalmente también lo hace del departamento de Escrivá, al revisar también el fraude a la Seguridad Social. Exigen "mecanismos de coordinación y comunicación, sobre todo en materia de Inspección, que es competencia de los dos", reclaman desde el sindicato. demás, piden "simplicidad administrativa", para evitar que "el administrado tenga que dar información a dos entidades, tanto a Tesorería como a Inspección".