Gobierno
La Abogacía del Estado retrasa su informe sobre los indultos y da margen a Sánchez para negociar tras el 14F
El informe de la Abogacía, dependiente del Ministerio de Justicia, será una baza de negociación del PSC para negociar un Govern en Cataluña

 El Gobierno tendrá el indulto como una baza en la negociación del Govern catalán, y para ello se valdrá de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia. El Tribunal Supremo solicitó el pasado 26 de enero un informe a la Abogacía para conocer su postura hacia las solicitudes de indulto a los 12 condenados por el procés, de los que nueve tienen penas de entre 9 y 12 años de prisión por delitos de sedición y malversación. 

Si bien este tipo de informes facultativos no disponen de un plazo legal para entregarse, la práctica consiste en acortar los plazos de entrega, que van de unos días o dos semanas, a lo sumo. Un periodo que, en el caso de los indultos, se ampliado notablemente ya que el informe estará como pronto el próximo lunes 15 de febrero, cuando se cumplen 20 días desde que solicitó.

El informe sobre los indultos de los servicios jurídicos del Estado será una declaración de intenciones y marcará el camino a seguir por el Gobierno

En diciembre de 2019 se dio una situación similar, en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El 19 de diciembre, el juez del tribunal Supremo Manuel Marchena pidió a la Abogacía del Estado -así como al resto de acusaciones, Fiscalía y Vox- sus respectivos informes para conocer su opinión sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaró que la inmunidad de los europarlamentarios se adquiere desde el mismo momento en que resultan electo, por lo que Oriol Junqueras debía salir de prisión y tomar posesión de su acta en el Europarlamento. 

Mientras la Fiscalía se opuso a la excarcelación de Junqueras y pidió al Supremo su inmediata inhabilitación, los servicios jurídicos del Gobierno se avinieron a la nueva política de alianzas de Sánchez y se mostraron a favor de que el líder independentista saliera de prisión para recoger su acta y ejercer como europarlamentario. Por entonces, la Abogacía tardó 6 días hábiles en entregar dicho informe, que se entregó el 30 de diciembre, víspera de Nochevieja.

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En esta ocasión, ya ha transcurrido más del doble de este plazo sin que la Abogacía haya atendido el requerimiento. Si el Supremo requirió el dictamen el 26 de enero, éste no llegará hasta el 15 de febrero como pronto. El informe llegará en el escenario post electoral en Cataluña, donde tendrá que negociarse un Govern y donde PSC podría tejer una alianza con los independentistas de ERC. 

En este punto, la postura de los servicios jurídicos del Gobierno marcará claramente la decisión que adoptará más adelante el Consejo de Ministros que, como ha insistido la vicepresidenta, tendrá la última palabra a la hora de decidir sobre el indulto. Después de que la Fiscalía se opusiera a frontalmente estos indultos -una postura que no fue avalada por la Fiscal General del Estado, la ex ministra Dolores Delgado-, el Gobierno salió en tromba a defender que "el indulto es un derecho". 

Indulto total o parcial

La defensa en bloque de los ministros a esta medida de gracia para los condenados del procés tendría su primera traducción en la postura de la Abogacía del Estado. Una postura que no es vinculante para el informe que tendrá que elaborar el Tribunal Supremo -que no tiene plazo- pero que será toda una declaración de intenciones del Gobierno y marcará el camino a seguir por Pedro Sánchez. Una de las hipótesis que se manejaban consistía en el indulto por sedición -el delito que tiene tintes más políticos- pero no por malversación. 

Sin embargo, en los últimos días la Abogacía del Estado ha dejado entrever que está dispuesta a concesiones también en lo relativo a la malversación en caso de que los condenados hayan resarcido económicamente al Estado por las cantidades malversadas. Así lo desvelaba esta semana El País, que detallaba que la Abogacía centrará su dictamen en el delito de malversación, y que valorará positivamente el hecho de que los condenados hayan compensado el delito. Un elemento que el Gobierno tendrá en cuenta para determinar si el indulto es total o parcial. 

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La remisión del informe en el escenario post electoral en Cataluña será un balón de oxígeno para el PSC en la negociación y podrá servirle como causa de acercamiento con los republicanos y comuns. Un gesto del Gobierno hacia los presos que podría dividir al bloque independentista y evitar también una nueva alianza entre Junts y ERC, que muestran estrategias antagónicas en su relación con el Ejecutivo de Sánchez. Mientras los de Puigdemont reniegan de cualquier relación, los de Junqueras se avienen a alianzas con los socialistas, a quienes podrán apoyar en Moncloa a cambio de obtener su sustento en la Generalitat.

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